El juez cierra el ‘caso Neurona’ contra Podemos después de más de tres años de pesquisas

El magistrado Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, ha archivado finalmente el caso Neurona después de más de tres años de pesquisas. El juez ha dado carpetazo a la última parte de la causa que seguía viva y por la que mantuvo imputado a Podemos como persona jurídica durante la mayor parte de su paso por el Gobierno. Esta pieza tenía que ver con la contratación por parte del partido de la consultora mexicana Neurona por trabajos de asesoría para las elecciones generales de abril de 2019. Escalonilla adopta esta medida tras recibir el informe pericial final que concluyó que la formación izquierdista se ajustó a los precios de mercado al hacerse con los servicios de la compañía latinoamericana. “No cabe apreciar la presunta comisión de un delito de apropiación indebida de fondos electorales”, afirma el magistrado en una resolución fechada este lunes, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Con esta decisión, el juez levanta las sospechas sobre Podemos, que defendió desde un principio su inocencia y llegó a calificar este procedimiento como un ejemplo de lawfare [guerra jurídica] para “perseguir a la fuerza política”. Escalonilla puso en marcha el caso Neurona en el verano de 2020 tras recibir una denuncia de un antiguo abogado de Podemos, José Manuel Calvente, enfrentado con la cúpula del partido. Tras su declaración, el magistrado llegó a abrir hasta 10 líneas de investigación, que ha ido archivando progresivamente. Entre otras, descartó que se pagaran sobresueldos a la gerente y al tesorero de Podemos; que se inflaran los costes de la obra de la sede; o que se desviara dinero de la caja de solidaridad de la formación, un fondo al que los cargos donan parte del sueldo para fines sociales y que la derecha calificó como caja b. También se archivó el caso Niñera, una derivada que se centró en la supuesta utilización de trabajadores de Podemos para el cuidado de la hija de la exministra de Igualdad, Irene Montero, y del exvicepresidente del Gobierno y exlíder del partido, Pablo Iglesias.

Actualmente, solo quedaba abierta la pieza que versa sobre la relación de Podemos con Neurona para las elecciones generales de abril de 2019. La formación contrató a la empresa por 363.000 euros para labores de consultoría. En un primer momento, el juez sospechaba que la fuerza política pagó por unos servicios que nunca prestó. Pero, tras acreditar la existencia de esos trabajos, el magistrado dio un giro a sus pesquisas para indagar si se infló ese importe abonado. Por ello, encargó un informe pericial al técnico Aleix Sanmartín, doctor en Comunicación Política por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que concluyó, sin embargo, que el partido se había ajustado a los precios de mercado. E incluso, según remachaba el técnico en el dictamen, que el coste se movió en algunos aspectos en rangos “inferiores” al precio previsto para servicios similares.

“Más allá de los gustos personales o la opinión de cada particular en relación a los trabajos analizados en la presente prueba pericial, tenemos que concluir que los trabajos y servicios analizados cumplen con los cánones y estándares profesionales en el ámbito de la comunicación política internacional y el diseño de campañas”, destacaba el documento firmado por el perito, cuya remisión al juzgado ha acelerado el fin de la causa. Como avanzó EL PAÍS, tras notificarse este informe a las partes, Juan Manuel del Olmo, jefe de la campaña electoral de 2019 y uno de los imputados, ya pidió al magistrado que archivase la investigación. Un paso que el magistrado ha dado finalmente este lunes.

En su resolución, el magistrado asume gran parte de las conclusiones del experto en comunicación, que valoró en 358.000 euros los trabajos que le remitieron y que ejecutó Neurona (aunque, según alegó Podemos, no son todos los que hizo la consultora). Escalonilla solo pone pegas a 50.000 euros contados en concepto de “Equipo de sombra de seguimiento de campaña electoral”; pero, aun así, afirma que los 308.500 euros resultantes “se corresponde[n] con el precio fijado en el contrato, al margen del IVA, valorándose incluso en 8.500 euros más”.

“Cabe concluir, en base a lo anterior, que no consta indiciariamente acreditado que el numerario de la cuenta electoral desde la que se abonó el importe de dicho contrato fuera distraído para fines distintos a los contemplados en la LOREG [Ley Orgánica del Régimen Electoral General], razón por la cual no cabe apreciar la presunta comisión de un delito de apropiación indebida de fondos electorales, ni tampoco del delito electoral”, remacha el magistrado, que archiva así el procedimiento. Y desimputa igualmente a Juan Manuel del Olmo; Daniel Martínez de Frutos, quien fuera tesorero de Podemos; Carlos García Ramos, que ejerció como administrador mancomunados de la coalición Unidas Podemos; y Elías Castejón, administrador de Neurona en España.

El juez ya había dado por cerrado el plazo de instrucción el 27 de julio de 2022. El pasado septiembre, además, desimputó a Juan Carlos Monedero, fundador del partido, y sacó a Podemos de la causa como persona jurídica, aunque mantenía investigados a estos antiguos altos cargos de la fuerza política a la espera de decidir tras recibir el informe pericial de Aleix Sanmartín.

Tras conocerse el archivo, Juan Manuel del Olmo ha tuiteado: “Acaban tres años de montaje y persecución judicial. Intentaron doblarnos para doblar a Pablo [Iglesias], y con él a Podemos. Pero esta vez tampoco lo habéis conseguido”. Pablo Fernández, actual portavoz del partido, también se ha pronunciado: “Después de años de lawfare contra Podemos, ¿quién repara todo el daño que nos ha causado esa colaboración mediática-judicial?”.