En busca de los vínculos de Torra con los CDR y el ‘CNI catalán’

El 13 de diciembre de 2018, mientras los Comités de Defensa de la República (CDR) llamaban a la “batalla” para boicotear el Consejo de Ministros que iba a celebrarse en Barcelona una semana después, una nueva investigación se abría en la Audiencia Nacional bajo el epígrafe de “terrorismo”. El Juzgado Central de Instrucción 6, encabezado por el magistrado Manuel García-Castellón, que seguía los pasos de estos grupos nacidos al albor del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña y que ya habían protagonizado incidentes violentos —cortes de carreteras o el intento de entrar a la fuerza en el Parlament—, recibió un informe de la Guardia Civil. Ese documento alertaba de la existencia de un desconocido órgano llamado “CNI catalán” y “vinculado” directamente con la Administración autonómica. Comenzaban así unas nuevas pesquisas, que han permanecido secretas durante cuatro años y que incluyeron la búsqueda de conexiones entre estos grupos “subversivos” y las máximas autoridades políticas del independentismo, como el entonces president, Quim Torra, y su antecesor, Carles Puigdemont.

El contenido de esta investigación, cuyos detalles han salido a la luz en las últimas semanas, ha reavivado las acusaciones contra ambos expresidentes catalanes por amparar supuestamente —desde la institución de la Generalitat— a dichos grupos, a los que el instituto armado define como “violentos”. El sumario habla de connivencia y de contactos directos, aunque no se conoce por el momento una imputación formal contra Torra y Puigdemont. Su entorno enmarca esa investigación en una supuesta campaña de “criminalización” del independentismo. Gonzalo Boye, abogado de ambos exmandatarios, afirmó en un artículo que “nada de lo descrito [en este sumario] tiene la más mínima apariencia delictiva” y achacó a la Guardia Civil una “constante tergiversación de los hechos y de las palabras”.

El germen de la causa. Este sumario, que incluye decenas de pinchazos telefónicos o la instalación de un software espía en los móviles de sospechosos, todo avalado por el juez, se levanta sobre la tesis inicial de que la Administración de Torra —que llegó al cargo en mayo de 2018 tras una larga carrera de activismo independentista y una trayectoria de escritos antiespañoles— avalaba al autoproclamado CNI catalán, puesto bajo la lupa por “planificar acciones subversivas y violentas” para llevar al Estado al colapso, según el instituto armado. Este órgano iba supuestamente a proporcionar la “infraestructura logística necesaria” para ocupar y “defender” el Parlament, una acción que acometería el Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula radical ya procesada por terrorismo en otra causa y a la que se acusa de intentar fabricar explosivos.

Los investigadores de la Guardia Civil explicaban al juez que el CNI catalán se encontraba integrado por empresarios, miembros de los CDR, mossos o policías locales afines al secesionismo. Pero, también, que contaba con contactos en las más altas esferas.

Así lo deja claro el primer informe enviado sobre este asunto a la Audiencia, que ya apunta al entonces máximo responsable de la Generalitat. La Guardia Civil asegura en dicho documento que, fruto de intervenciones telefónicas a investigados, “se ha podido conocer” que Torra se reunió “en secreto” el 9 de agosto de 2018, solo tres meses después de asumir el cargo de president, con tres miembros de los CDR, entre ellos Roger Cumeras, al que los agentes identifican también como integrante del CNI catalán. En esa cita, según el instituto armado, el dirigente político les “dio instrucciones y directrices concretas”: por ejemplo, que se hiciera algo “potente” de cara al primer aniversario del referéndum del 1-O, que se iba a producir pocas semanas después; y les instó, según la versión de los investigadores, a montar un “cirio” que les permitiera controlar el territorio de la comunidad en caso de una nueva declaración de independencia.

En aquel momento se vivía una enorme tensión en Cataluña. Las fuerzas de seguridad arrastraban el fracaso de la celebración de la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017, que no pudieron impedir y que se saldó con cargas policiales a ciudadanos apostados en los colegios para evitar que la policía entrara a requisar las urnas. Además, con varios dirigentes políticos del procés encarcelados y otros fugados de España, Torra avivaba el conflicto desde la Generalitat: “Apretáis, y hacéis bien en apretar”, dijo el president a un grupo de CDR en el primer aniversario del 1 de octubre.

Cuatro líneas de acción. Con este telón de fondo, centrados ya en supuestos delitos de sedición y rebelión, los efectivos de la Guardia Civil extendieron rápidamente sus pesquisas más allá del CNI catalán. En sus informes, describen la existencia de un amplio grupo de sospechosos que actúan bajo la “proactiva, interesada y aquiescente” colaboración de “instancias administrativas y gubernamentales catalanas”, con el objetivo de “planificar y dinamizar proyectos de gran envergadura” para “influir” en “la consecución de la autodeterminación”. Según el sumario, es una especie de alianza donde se relacionan con miembros de otras plataformas y organizaciones —como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) o colectivos del sector público, empresarial y estudiantil—; y que cuentan también con el impulso de los políticos del procés huidos a Bélgica.

Todos ellos querían entonces, según la Guardia Civil, poner en marcha “diversas estrategias indubitadamente subversivas, algunas con evidentes rasgos insurrecionales”. Y se marcaron presuntamente cuatro líneas de acción: impulsar “una política de bloqueo institucional, con la intención de provocar una situación de inestabilidad que afecte al Estado”; la creación de unas estructuras que permitan crear una “república catalana digital”; el establecimiento de delegaciones del Consell per la República en los distintos municipios y comarcas; y la implementación de los Escuts per la república, un grupo de personas cualificadas en materia de seguridad —como mossos y guardias urbanos— que tuvieran “capacidad real de desplegarse con rapidez y eficacia” para “controlar el territorio” en caso de necesidad.

En esa tesis incidió también el juez García-Castellón, que consideró “fehacientemente acreditada la aquiescencia, colaboración, asesoramiento y constante instrumentalización e intromisión de las más altas esferas políticas e institucionales catalanas proclives y alentadoras del independentismo”, “con el objetivo de controlar y modular el movimiento global del proceso emprendido para la consecución de la independencia de Cataluña y el establecimiento de una república”.

Los indicios. La Guardia Civil desarrolla su tesis sobre los contactos que los investigados mantuvieron con Torra, Puigdemont y sus entornos. Entre otros indicios, por ejemplo, los agentes destacan la reunión de uno de los sospechosos, Ramir de Porrata (señalado como ideólogo de la estrategia de “permanente confrontación con el Estado”), con Elsa Artadi, consejera de Presidencia de Torra. El sumario también apunta que Jaume Cabaní, un ingeniero que coadministró una sociedad (CatGlobal) creada en Bélgica para recaudar fondos con los que sufragar los gastos del expresidente y de los exconsejeros huidos, pagó los billetes a dos informáticos que se desplazaron a Bruselas para asesorar en el diseño de la plataforma digital Consell per la república catalana. Y también se reflejan conversaciones a través de móvil con integrantes del núcleo duró de Waterloo (Bélgica), como el exconsejero fugado Toni Comín.