El fiscal general insta a los fiscales a no pronunciarse sobre la amnistía hasta que se apruebe la ley

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dirigido una carta a todos los miembros del Ministerio Público indicándoles que eviten “cualquier posicionamiento” sobre la amnistía hasta que la ley esté aprobada de forma “definitiva”. La misiva apela a la necesidad de que la Fiscalía actúe siempre con arreglo al “principio de imparcialidad”. La indicación de García Ortiz se produce después de que distintos colectivos y asociaciones profesionales del ámbito de la justicia se hayan pronunciado en los últimos días en contra de la amnistía o del contenido del acuerdo político entre el PSOE y Junts, en el que hay una alusión al término lawfare o guerra judicial. Los cuatro fiscales que dirigieron la acusación en el juicio contra varios líderes del procés independentista catalán en 2019 habían reclamado el pasado martes al fiscal general una “respuesta inmediata” en defensa de su labor y un reconocimiento a su “imparcialidad” frente a ese “ataque a la institución”. Pero García Ortiz considera que la Fiscalía no debe entrar en ese debate.

La carta del fiscal general razona que el Ministerio Fiscal es un “órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial”, entre cuyas misiones está “la defensa de la legalidad” y que debe “respetar el principio de separación de poderes consustancial al Estado de Derecho y evitar cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado”. También subraya que el propio estatuto del Ministerio Fiscal le obliga a “velar por el respeto de las instituciones constitucionales y los derechos fundamentales y libertades públicas”.

Sentados estos principios, la misiva insta a todos los fiscales a tener en cuenta que “cualquier posicionamiento del Ministerio Público respecto de una futura amnistía de los hechos acaecidos en Cataluña en relación con el proceso independentista exige conocer la definitiva norma que la regule una vez forme parte de nuestro ordenamiento tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado”. El fiscal general también deja claro que el posicionamiento que adopte la Fiscalía será “en todo caso técnico-jurídico” y se realizará “a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que se demanda nuestra intervención”.

“El fiscal general del Estado ha de mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad del Ministerio Fiscal, en virtud del cual actúa con plena objetividad e independencia”, añade la carta. Fuentes de la Fiscalía explican que ese mensaje es una exhortación a la prudencia, para que todos los miembros de la carrera se apliquen el mandato que el fiscal general destaca como una obligación para sí mismo. Álvaro García Ortiz concluye su misiva con una mención de su autoridad, al recordar que “ostenta la jefatura superior y la representación del Ministerio Fiscal en todo el territorio español”.

Los cuatro fiscales que dirigieron la acusación en el juicio del procés —Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno— habían remitido una carta al fiscal general el 14 de noviembre en el que sostenían que las alusiones al lawfare en el acuerdo político entre el PSOE y Junts implican arrojar “sospechas” de parcialidad sobre su labor en esa causa y suponen un “ataque a la institución” de la Fiscalía, según adelantó El Mundo y ha confirmado EL PAÍS. Ese acuerdo, señalaban los fiscales, “anula el principio de separación de poderes y cercena de raíz la independencia judicial”. Por ello, reclamaban que García Ortiz saliera en defensa de su labor, y remarcaban que no pedían un pronunciamiento sobre la ley de amnistía, aún no aprobada, sino sobre las alusiones al lawfare o guerra judicial recogidas de forma imprecisa en el acuerdo PSOE-Junts. El fiscal general, sin embargo, ha desoído esa petición y se ha centrado en remarcar la obligación de todos los fiscales de mantener el “principio de imparcialidad”.

Fuentes de la Fiscalía subrayan la conveniencia de que García Ortiz envíe ese recordatorio, habida cuenta de algún episodio ocurrido durante la precampaña de las elecciones municipales y autonómicas del pasado mayo, cuando varias decenas de fiscales acudieron a una cena con el líder del PP en la que Alberto Núñez Feijóo explicó sus proyectos para derogar importantes leyes de la pasada legislatura. En dicho encuentro con una cincuentena de fiscales —convocados por la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales—, el líder popular agradeció el trabajo de los funcionarios “que, estando en puestos clave y recibiendo todo tipo de presiones, restablecieron el orden constitucional que algunos políticos quebraron”.