Los bomberos gallegos se plantan: “Nuestro trabajo es temerario cada día”

En Galicia, cada bombero es una historia. El servicio de emergencias y salvamento carece de una normativa marco que lo regule y los 900 bomberos que apagan los incendios no forestales dependen de distintas administraciones. En las siete principales ciudades, son los ayuntamientos quienes lo prestan, y en los 24 parques comarcales que atienden el resto de municipios, son la Xunta y las diputaciones quienes integran los consorcios que los gestionan. El gremio vive un momento de tensión máxima y este lunes una protesta en Ourense de los bomberos comarcales acabó con un herido y destrozos en el edificio de la institución provincial. Estos trabajadores denuncian que su situación de precariedad, con un número de efectivos bajo mínimos, pone en riesgo cada actuación. Además, es profundo el descontento por las discriminaciones salariales. El 17 de noviembre han convocado una manifestación en Santiago en la que se espera que participen tanto bomberos comarcales como locales, para reclamar la unificación salarial y un plan de prevención autonómico que también afronte la emergencia climática. “Nuestro trabajo es temerario cada día”, afirma Miguel Uclés, portavoz de la plataforma de bomberos públicos de Galicia.

Los 490 bomberos comarcales de Galicia están muy lejos de cumplir las ratios en salarios y medios que tienen sus compañeros de las grandes ciudades. Reclaman una ampliación de todas las plantillas (la mayoría no cumplen los estándares europeos de cinco efectivos por turno) y exigen políticas de prevención. Unidos por estas demandas y tras fracasar la mesa de negociación sindical con la Xunta, arrancaron en junio pasado una huelga indefinida que ha dejado bajo mínimos los parques comarcales.

Desde entonces, estos profesionales se han plantado y ya no hacen horas extra, una jornada ampliada que permitía seguir dando servicio y enmascarar la falta de medios. La protesta ha provocado el cierre de parques en 350 ocasiones y ha puesto en vilo su funcionamiento en todo el territorio gallego. “Hay mucha frustración porque estamos trabajando más, pero en condiciones de seguridad mucho peores por un sueldo de 1.200 euros frente a los 1.800 de los bomberos locales”, afirma el cabo José Luis Pareja, jefe de la dotación de Ordes (A Coruña) y portavoz intersindical de los bomberos comarcales.

Los parques comarcales han transitado desde la pasada década de la gestión privada a la pública. Cuando Europa marcó un mínimo de servicios contraincendios, una exigencia que se transformó en obligatoria en 1985 con la ley de administraciones locales, las competencias se transfirieron a los ayuntamientos con mayor población, y en Galicia el resto quedaron en manos de diferentes empresas adjudicatarias supervisadas por consorcios integrados por la Xunta y las diputaciones. A esta amalgama de competencias hay que añadir que algunos municipios cuentan con la intervención de los GES (Grupo de Emergencias Supramunicipal), un sistema integrado de protección civil y bomberos no profesionales para primeros auxilios.

La Ley de Emergencias de 2007 dio una moratoria de tres años para que la Xunta homologara las condiciones en todos los parques, pero no se hizo. “El experimento de privatizar el servicio fracasó completamente y nosotros siempre defendimos que con el mismo presupuesto se podían dar más prestaciones en personal y medios porque las empresas privadas buscan su rentabilidad. Solo por cada una de nuestras nóminas se facturaba el 21% de IVA”, explica Parejo.

En 2011 se agruparon los trabajadores de los parques y nació la mesa intersindical de bomberos para promover un modelo público unitario para los cuatro consorcios, uno por cada provincia, con un nuevo convenio colectivo y la promesa de que pasarían a ser funcionarios. Con el tiempo las reclamaciones se han visto en parte avaladas por una sentencia del Tribunal Supremo del pasado año por la que todos los trabajadores pasarán a ser personal laboral fijo, sin superar ninguna prueba de selección, aunque esta aplicación no se ha producido, como tampoco se han revisado los servicios mínimos ni el calendario laboral. “Cada bombero gallego realiza 1.800 horas anuales en lugar de las 1.642 que se le exige al personal público, y el plus de peligrosidad de un administrativo es más alto que el nuestro, por eso es razonable que estemos quemados”, ironiza Pareja.

A la espera de que la mesa de negociación se reactive por parte de la Administración, la asamblea de bomberos comarcales de Galicia ha convocado concentraciones, una por cada diputación provincial y otra prevista en Santiago ante la Xunta. “Después de más de cuatro meses de huelga autonómica, 350 cierres de parques, servicios mínimos por debajo de la normativa establecida y poniendo en riesgo a los bomberos y ciudadanos, esta situación no es suficiente para que la clase política se siente con los trabajadores y les dé soluciones a unos problemas que ellos mismos generaron y que ahora o no quieren o no saben resolver”, han argumentado desde la asamblea intersindical.

La chispa del incendio mortal en Vigo

El incendio que acabó con cuatro muertos y nueve heridos en un edificio en Vigo el 11 de octubre ha dado la última radiografía de la situación al que se enfrentan los bomberos profesionales ante una actuación de máximo nivel de alerta. “Sabemos que vamos a la guerra por la elevada exposición tóxica y que podemos colapsar, entonces alguien tiene que hacer el relevo”, comenta Miguel Uclés, de 51 años y 35 años de experiencia que participó en la extinción. Además de la falta de efectivos, Uclés, que habla como portavoz de la plataforma de bomberos públicos, afirma que “este siniestro era una catástrofe anunciada”, aunque la investigación confirma que la causa fue fortuita.

En el momento de declararse el fuego, el cuerpo de bomberos de Vigo, la ciudad más grande de Galicia, incumplía los servicios mínimos y tenía tres funcionarios menos. “Desde 2021, hay advertencias de que el edificio representaba un absoluto riesgo, la última el 15 de septiembre”, denuncia Uclés. “Ante la falta de personal, se reclutan voluntarios, y para un vehículo de un millón de euros, exclusivo en España, solo disponemos de tres conductores”, ironiza. “Es una situación clamorosa que exige un plan de prevención y de emergencia climática urgentemente, pero no hay intención política de mejorar para preservar la vida”, lamenta este portavoz.

Otro ejemplo paradigmático de la precariedad laboral también ha quedado en la retina de los bomberos de Pontevedra. La Nochebuena de 2022, un autobús que hacía la línea regular Lugo-Vigo cayó al río Lérez, causando siete víctimas mortales y con solo dos supervivientes. La primera intervención la realizaron dos efectivos: un mando y un conductor procedentes del parque más cercano, el de Deza-Tabeirós.

En medio de un temporal de lluvia y viento, y en plena noche, el cabo descendió 40 metros con la ayuda del conductor hasta el autobús que había quedado encallado en el cauce del río, resistiendo al fuerte caudal que arrastraba. Logró rescatar con vida al conductor y una pasajera, los únicos ocupantes que permanecían dentro, porque el resto habían sido desplazados por la corriente, pero el agente entró en hipotermia. Después de varias horas trabajando contra reloj en un autocar prácticamente inundado, tuvo que suspender el operativo hasta que llegaron refuerzos.

“Esto es algo habitual, la actuación de binomios en cada intervención, sin medios para garantizar un rescate y sin posibilidad de que te rescaten a ti”, lamenta Marcos Acuña, delegado sindical de Pontevedra. “Hay guardias que trabajamos por debajo de los mínimos y hacemos funciones que no nos corresponden por rango, porque no puedes hacer de cabo si no lo eres, dirigir el equipo y tomar decisiones que pueden tener repercusiones de tipo penal y por las que solo tú vas a responder ante un juez”, subraya.