Fabián Salvioli, relator de la ONU, sobre las ‘leyes antimemoria’: “España puede ser condenada en foros internacionales”

Desde mayo de 2018 y hasta el pasado 30 de abril, el argentino Fabián Salvioli, de 61 años, ha sido el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición. Antes, de 2009 a 2016, fue miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU (lo presidió entre 2015 y 2016). El informe sobre las derogaciones de las leyes regionales de memoria por parte de los gobiernos autonómicos de PP y Vox, realizado con otras dos relatoras, ha sido su última misión para Naciones Unidas. Después de 15 años, le apetece hacer otras cosas y explica que todo ese trabajo es gratis —los relatores no cobran por lo que hacen—. Como abogado, según recoge el portal de la ONU, ha litigado en casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Responde a las preguntas de EL PAÍS al teléfono desde Buenos Aires, donde imparte clases de Derecho Internacional en la Universidad de La Plata.

Pregunta. ¿Cuál es la génesis de este informe?

Respuesta. Forma parte de los procedimientos especiales de Naciones Unidas, las cartas de alegación dirigidas a los Gobiernos ante preocupaciones por políticas o proyectos normativos que resultan contrarios a las obligaciones internacionales que tiene el Estado en cuestión, en este caso, España. A nosotros nos llega información por distintas vías: a veces, son los propios gobiernos los que, en una buena práctica, piden asesoramiento técnico para evitar caer en responsabilidad internacional.

P. El PP asegura que han cometido “errores de bulto” porque se basan en lo que les dice el Gobierno central. Vox dice que son activistas.

P. Hemos acudido a los documentos oficiales, como el Boletín Oficial de Aragón, donde está claramente señalada la ley de derogación 1/2024, que el presidente de Aragón [Jorge Azcón] dice que no existe. ¿No existe lo que él mismo firmó? Hemos examinado y hecho un análisis de normativas, como hacemos habitualmente con todos los países. Si trabajásemos para el Gobierno de España, como dicen, yo no hubiese enviado notificaciones criticando la ley de memoria democrática, como hice en su momento, por no avanzar para que los responsables de los crímenes del franquismo sean juzgados. No trabajamos para ningún Gobierno. Somos personas independientes que ejercemos un mandato para Naciones Unidas y lo hacemos de una manera absolutamente imparcial.

P. Una vez que tienen el informe hecho, ¿a quién se lo envían?

R. Al Estado español, que son todos sus órganos, el ejecutivo, el legislativo y judicial, para que se den los pasos que permitan que este tipo de normativas que claramente van en contra de las obligaciones internacionales queden sin efecto.

P. Algunos gobiernos autonómicos, como el de Aragón, se han quejado porque no se han puesto ustedes en contacto con ellos.

R. La comunicación siempre se hace vía Estado nacional, pero si esos gobiernos quieren enviar información, será procesada debidamente. Lo importante es que sea información fidedigna, pero están negando la existencia de una ley que existe.

P. Ese informe lleva el sello de Naciones Unidas. ¿Por qué?

R. Porque es la voz oficial de tres mandatos de Naciones Unidas: la relatoría sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias; el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas y en mi caso, la relatoría especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición. Son tres mandatos creados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

P. ¿Qué aportan los relatores especiales a Naciones Unidas?

R. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas identifica temas de preocupación para la comunidad internacional y sobre eso crea esas figuras de expertos independientes para que examinen situaciones, desarrollen informes, realicen visitas a países, hagan presentaciones públicas... Eso son las relatorías especiales y los grupos de trabajo, con un mandato asentado en el derecho internacional de Derechos Humanos para que los Estados cumplan sus obligaciones en la materia.

P. Su predecesor, Pablo de Greiff, visitó España en 2014 y realizó un informe bastante crítico con la legislación de memoria.

R. Sí. Él fue en visita oficial y yo después hice un informe de seguimiento de esa visita a España. Se publicó en 2021.

P. ¿Influyen los informes de los relatores especiales en el examen periódico universal que Naciones Unidas realiza a los países en materia de derechos humanos?

R. Decididamente. Todos los exámenes que se hacen sobre el país tienen en cuenta los informes de la relatoría, al igual que los que producen los comités de Naciones Unidas. Este tipo de normativas que se han adoptado en algunos lugares de España revictimiza a las víctimas y eso supone una nueva violación de derechos, por lo que España podría ser sometida a denuncias y condenada en foros internacionales por este tipo de actitudes. La responsabilidad del Estado no solo surge por hechos del poder ejecutivo, también puede ser por el poder judicial o por el legislativo, al promulgar leyes contrarias a deberes asumidos por ese Estado. No hace falta esperar al examen periódico. Mañana mismo, pueden poner denuncias a España porque estas leyes son contrarias a las obligaciones internacionales.

P. En su informe alertan del peligro de que se impongan “tesis revisionistas y negacionistas”. ¿Creen que existe ese riesgo en España?

R. En algunos de los textos que hemos analizado, se omite toda mención a la dictadura franquista. Dejar de avanzar al marcar lugares de memoria, poner posibles obstáculos al arduo trabajo de localización de fosas y exhumación de restos son actitudes claramente negacionistas en cualquier lugar del mundo.

P. También aseguran que incluir a víctimas del terrorismo “desvirtúa” el objetivo. ¿Por qué?

R. Porque eso puede ser objeto de otra legislación. Nosotros no tenemos objeción alguna a que se establezcan normativas para reparar a víctimas del terrorismo. Yo mismo he aplaudido normas que reparan a víctimas de ETA en distintos lugares. Lo que no hay que hacer es mezclar las cosas. Hay una deuda histórica con los represaliados durante el franquismo que debe ser saldada. Lo que se está haciendo es intentar invisibilizar, nuevamente, a esas víctimas que han estado invisibilizadas durante décadas.

P. Según el PP y Vox, las leyes de memoria son un capricho partidista que busca reproducir el enfrentamiento entre españoles, incluso el “gerracivilismo”.

R. Naciones Unidas no valora si un gobierno es de derechas o de izquierdas. Yo he enviado comunicaciones a países de todo signo político. De lo que se trata es de hacer cumplir obligaciones internacionales. El signo político del Gobierno nos da igual. Respecto al enfrentamiento, es todo lo contrario. Es la aplicación de los principios de Verdad, Justicia y Reparación, estándares jurídicos clarísimamente establecidos ya, lo que garantiza una paz estable. Si un Estado no los aplica, sencillamente, incumple el derecho internacional. Y la reconciliación se da cuando el Estado toma las medidas que se tienen que dar. No creo que haya problemas entre españoles por estos temas.

P. Lleva muchos años investigando estas cuestiones y está familiarizado con el caso español. ¿Le ha sorprendido después de tanto tiempo de vigencia de las leyes de memoria —la primera es de 2007— este retroceso en algunas comunidades autónomas?

R. No me sorprende porque no han asumido que esto es una política de Estado y parece que en España siempre depende de la orientación política que tenga un gobierno, lo cual es una gran pena. Yo he indicado muchas veces que en España haría falta una comisión de la verdad para saldar una deuda histórica. La sociedad se polariza sobre estas temáticas si no queda muy claro que esas atroces violaciones de derechos humanos fueron masivas, sistemáticas y perpetuadas a lo largo del tiempo y que sus víctimas fueron dejadas de lado.

P. ¿Qué países ofrecen los mejores ejemplos en estas materias?

R. Hay países que han hecho cosas muy valiosas en un plano y no tanto en otro. Por ejemplo, en los Balcanes, en la antigua Yugoslavia, hubo rendición de cuentas, pero no hubo comisión de la verdad. En Chile o Uruguay hubo buenas comisiones de la verdad, pero no enjuiciamiento de los responsables. Argentina tiene una política muy acentuada en este sentido, unas políticas de memoria muy fuertes, pero todo eso está ahora en riesgo. Lo importante es dar los pasos necesarios porque no se puede construir un futuro negando el pasado. Es un gran error y el pasado siempre vuelve. Ocurre ahora con las víctimas del genocidio armenio, por ejemplo.