El Poder Judicial frena el plan de suplencias para la justicia militar y busca alternativas para evitar el colapso

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido darse más tiempo para buscar salidas a la situación que atraviesa la justicia militar, abocada al colapso por las numerosas vacantes que registra debido a la prohibición a hacer nombramientos discrecionales mientras el órgano de gobierno de los jueces siga en funciones ante el bloqueo del PP a su renovación —el actual mandato expiró en diciembre de 2018—. La comisión permanente del Consejo preveía debatir el pasado miércoles un sistema de suplencias para garantizar que los tribunales militares puedan seguir funcionando, pero la medida se acabó retirando del orden del día debido a la complejidad de su puesta en marcha, señalan fuentes del CGPJ. El plan, según estas fuentes, no se ha descartado, pero los vocales han preferido explorar otras vías, para lo que se estudiarán nuevas propuestas antes de tomar la decisión definitiva.

La situación de la justicia militar, responsable de aplicar el Código Penal Militar a 120.000 miembros de las Fuerzas Armadas y 70.000 de la Guardia Civil, requiere soluciones a corto plazo para impedir el bloqueo de los principales tribunales, según señalan fuentes del CGPJ. En las 42 plazas que engloba esta jurisdicción hay 23 puestos ocupados y 19 sin cubrir. Es decir, el 45,23% de las plazas está vacante. El Tribunal Militar Central (TMC), que juzga a los militares con rango igual o superior a comandante o capitán de corbeta, dejará de funcionar en enero si no se toman medidas, mientras que los dos juzgados togados militares centrales, encargados de la instrucción de los procedimientos que juzga el TMC, se quedarán sin cobertura en el mes de marzo de 2024.

Estos datos se recogen en el informe que tenía sobre la mesa el miércoles la comisión permanente del Consejo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, y que advierte de la “inexorable paralización de la actividad jurisdiccional” de los principales órganos de la justicia militar en los próximos meses, cuando está previsto que pasen a la reserva nuevos miembros, lo que impedirá incluso aplicar algunas medidas de emergencia que se han puesto en marcha en los últimos meses para intentar paliar la situación. Junto a un informe con la crítica situación que viven estos órganos, los vocales iban a estudiar una propuesta del servicio de calificación que consistía en implantar un régimen de suplencias que implicaba hacer una convocatoria pública entre miembros del cuerpo jurídico militar que ocupen destinos no judiciales o estén en la reserva. Así, el CGPJ nombraría a los vocales togados suplentes, les concedería una comisión de servicios en sus destinos actuales y les daría facultades para ejercer en los órganos judiciales afectados.

Esta fórmula permitiría conformar la sala de justicia del Tribunal Militar Central y los tribunales militares territoriales y centrales. Paralelamente, apuntaba el texto, la articulación de la suplencia dejaría vacantes destinos no judiciales, lo que “paliaría en cierta medida el estancamiento de la carrera en el Cuerpo Jurídico Militar, permitiendo ascensos y la provisión de destinos, en un momento inicial de manera interina, pero que con posterioridad, cuando tras haber recuperado el Consejo sus plenas competencias, se consolide o se provea de manera definitiva la titularidad de las plazas judiciales objeto de suplencia, puede resultar también definitiva”.

La comisión permanente decidió finalmente retirar este punto del orden del día de su última reunión porque la medida resulta demasiado compleja y se quieren estudiar otras opciones. La intención es retomar el asunto en las próximas semanas para poner en marcha cuanto antes una fórmula que permita desbloquear el funcionamiento de esta jurisdicción, señalan las fuentes consultadas. Uno de los problemas que plantea este sistema es que la concesión de las comisiones de servicio y su asignación presupuestaria corresponde al Ministerio de Defensa, lo que requiere una tramitación más larga y su negociación con el Gobierno.

No es la primera vez que el CGPJ valora implantar un régimen de sustituciones con comisiones de servicio para sortear el veto legal a los nombramientos discrecionales. Ya en tiempos de la presidencia de Carlos Lesmes se llegó a valorar una solución similar para la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo, la más afectada por las vacantes, que pasaba por recuperar magistrados jubilados o asignar en comisión de servicio a jueces de tribunales superiores de justicia o de audiencias provinciales. Pero ambas se descartaron por su complejidad y porque no convencían ni a los técnicos ni a los responsables del tribunal. Lo mismo ocurrió con la posibilidad de que magistrados de la Sala de lo Militar del alto tribunal, que tienen menor carga de trabajo, completaran los tribunales de la Sala de lo Contencioso. Ninguna de estas ideas gustaba tampoco a los magistrados de la Sala tercera, que consideraban que implicaría “desnaturalizar” el Supremo.