El bloqueo en la renovación del Poder Judicial aboca también a la jurisdicción castrense a la parálisis

El bloqueo político en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está provocando una progresiva parálisis en el funcionamiento de distintos ámbitos de la justicia. El más afectado es el Tribunal Supremo, donde varias de sus salas están ya al borde del colapso ante la imposibilidad de cubrir vacantes de jueces que fallecen, se jubilan o cambian de destino. Pero la amenaza de parálisis ha llegado ahora también a la jurisdicción militar, responsable de aplicar el Código Penal Militar a 120.000 miembros de las Fuerzas Armadas y 70.000 de la Guardia Civil; así como a todos los civiles incursos en delitos castrenses, como los que afectan a la Hacienda militar.

El Tribunal Militar Central (TMC), máximo órgano de esta jurisdicción tras la Sala de lo Militar del Supremo, está “al borde del colapso”, advierte el coronel auditor retirado Santiago Casajús en su blog La toga castrense. Dicho tribunal solo cuenta en la actualidad con un general togado —debería tener cinco, al menos tres de ellos en activo— y va a pasar a la reserva en diciembre, con lo que no podría seguir ejerciendo, según confirman fuentes de la jurisdicción militar.

En octubre del año pasado ya pasó a la reserva el hasta entonces presidente del TMC, el general consejero togado (equivalente a general de división) Carlos Melón. El presidente de dicho tribunal es nombrado por el CGPJ entre los generales auditores (equivalente a general de brigada) y generales consejeros togados, pero, al estar el CGPJ en funciones, no ha podido hacer este nombramiento, porque se lo prohíbe una ley de 2021. Eso ha provocado que en el TMC solo quede un vocal en servicio activo, un general auditor que asumió de manera interina su presidencia. Y que ahora está también a punto de pasar a la reserva.

El órgano de gobierno del TMC no tiene ahora mismo capacidad para ejercer las funciones disciplinarias, gubernativas y de inspección de los juzgados militares, por lo que el propio CGPJ se vio obligado a asumirlas; salvo la potestad disciplinaria, en la que se reservó la última palabra pero siempre a propuesta del presidente interino del TMC.

Este fue solo el primer paso de un proceso acelerado de deterioro que no ha hecho más que agudizarse, pues los dos generales togados que estaban en la reserva pasaban este año a retiro, lo que les obligaba a dejar el tribunal, sin que el CGPJ pueda nombrar a sus sustitutos. Desde el pasado día 8, el presidente interino del tribunal, el general Francisco Luis Pascual Sarría, se ha convertido en el único vocal auditor de TMC.

Ante esta insólita situación, el presidente del tribunal se ha visto obligado a tomar una medida sin precedentes. Primero, se ha atribuido las ponencias de todos los procedimientos, ya sean sentencias o recursos, como no puede ser de otra forma, pues la ley obliga a que las ponencias se turnen entre los vocales togados en activo y él es el único. Para completar la sala, ha establecido un turno entre los coroneles que presiden los cinco tribunales militares territoriales. La medida puede traer consecuencias indeseadas, pues el general Pascual puede quedar contaminado por su intervención en la resolución de recursos y ser recusado a la hora de dictar sentencia.

La degradación del TMC se extiende al resto de la jurisdicción militar, ya que el CGPJ no puede nombrar presidentes y vocales togados de los tribunales militares territoriales ni titulares de los juzgados militares. Sin embargo, la situación más grave es la de este tribunal, pues su presidente interino pasará a la reserva en diciembre, salvo que sea ascendido a general consejero togado. En el primer caso, no podría ejercer la presidencia ni siquiera interinamente por no estar en activo. En el segundo, según algunos expertos, debería competir con otros generales togados por el puesto de presidente del tribunal con carácter definitivo, pero eso no es posible si para entonces no se ha renovado el CGPJ.