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Sumar debate un impuesto permanente a las grandes fortunas

La plataforma entra en una nueva fase y abre a la ciudadanía su programa político, en el que se discute reducir el poder de los partidos en algunas instituciones o el cierre de los CIE

Paula Chouza
Los portavoces Carlos Corrochano y Paula Moreno durante la rueda de prensa de Sumar este jueves a la que ha asistido el ministro de Universidades, Joan Subirats, en primera fila.
Los portavoces Carlos Corrochano y Paula Moreno durante la rueda de prensa de Sumar este jueves a la que ha asistido el ministro de Universidades, Joan Subirats, en primera fila.LaPresse (LaPresse)

Sumar, la plataforma que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz para disputar las próximas elecciones generales, inaugura una nueva fase. En paralelo a la batalla y negociación partidista, desde este jueves y hasta el próximo 2 de junio, la ciudadanía podrá debatir las conclusiones publicadas en internet y aportar nuevas propuestas a los 35 documentos elaborados por los grupos de trabajo del proyecto. Aunque el material es extenso, entre las iniciativas planteadas por los expertos implicados en el debate estos meses se encuentran medidas fiscales como la transformación del impuesto de patrimonio en un tributo a las grandes fortunas con carácter permanente, la creación de una herencia universal para redistribuir la riqueza, la reducción del poder de los partidos en determinadas instituciones (la elección del presidente del CIS o de Correos), o la eliminación de los centros de internamiento de extranjeros.

Paula Moreno, economista y una de las dos portavoces de Sumar encargadas de presentar esta etapa del proceso, ha hecho hincapié en que los documentos abiertos a discusión “no conforman el programa político de Sumar”. Al menos el definitivo, pero servirán como base de trabajo. Habrá propuestas que finalmente sean retiradas y otras nuevas que puedan añadirse, aunque siempre con una “evaluación política de las medidas” para evitar disonancias con la línea ideológica del proyecto. Tras someter a escrutinio público cada una de las ideas, el equipo de Sumar resumirá en un único documento el “proyecto de país“, que deberá votar y discutir después con los partidos políticos dispuestos a integrarse en una futura coalición. La idea es que este pueda estar listo al final del verano.

“Entramos en una nueva etapa como proyecto político y como movimiento ciudadano. Una etapa de participación democrática en la que el protagonismo tiene que ser de las propuestas”, ha anunciado el asesor de política internacional de Díaz y coportavoz de la plataforma, Carlos Corrochano, en un acto en Madrid sin la presencia de la vicepresidenta, pero con el ministro de Universidades, Joan Subirats—una de las figuras implicadas en la redacción final—, entre el público. “De aquí a las elecciones generales tenemos que centrarnos en lo importante: Cómo solucionar los problemas de la gente. Cómo abordar la sequía mientras los beneficios de las empresas energéticas se disparan. Cómo podemos convertirnos en un país a la vanguardia de políticas públicas climáticas y dejar de estar a la vanguardia en recibir sus peores efectos. Cómo continuar avanzando en el parque público de vivienda, con una media del 2,5%, muy lejos del 9,3% de la de Europa. Cómo generar oportunidades de trabajo decente para gente joven, reducir la jornada laboral, democratizar los lugares de trabajo o actualizar nuestro sistema de protección social”, ha avanzado en la rueda de prensa esbozando algunas de las prioridades de Sumar.

“En las próximas elecciones nos jugamos si abrimos una década progresista en la que abordar desafíos acuciantes como la emergencia ecológica o las desigualdades o si retrocedemos y volvemos a aquella Europa de la austeridad que sometía a los países del sur y a su ciudadanía”, ha resumido.

Propuestas

En los 35 documentos elaborados por los grupos de trabajo hay medidas de todo tipo. Desde el derecho al voto a los 16 años (una demanda histórica de Podemos), al establecimiento de una herencia universal —en línea con las propuestas de Tony Atkinson o Thomas Piketty— para una distribución “más igualitaria de la riqueza social” que impactaría en las oportunidades de la población más joven. “Según algunos cálculos, una herencia universal de unos 20.000 euros a percibir cuando se llega a la mayoría de edad podría financiarse con un impuesto sobre patrimonio/sucesiones inferior al 10% y que dejase exenta la vivienda habitual y la riqueza hasta un millón de euros”, establece el documento sobre Bienestar y Derechos Sociales.

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Las conclusiones del grupo sobre Calidad Democrática abogan por “reducir el poder partidista” en determinadas instituciones y consideran, por ejemplo, “difícil de justificar que la dirección de Correos, Paradores Nacionales, la Biblioteca Nacional o el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dependa de la alternancia de los partidos en el poder”. “Este papel invasivo de los partidos en la vida pública es una de las causas fundamentales del recelo que despiertan en la mayoría de la ciudadanía”, critican los expertos. Sumar propone implantar un nuevo sistema de designación de estos cargos basado en comisiones de nombramientos “plurales e imparciales”, también para aquellos organismos en los que se requieren mayorías parlamentarias cualificadas, como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

En materia económica, Sumar cree necesario establecer un suelo de tributación a escala estatal para el impuesto sobre patrimonio y sobre sucesiones y donaciones, y pide transformar el primero en un tributo sobre las grandes fortunas, pero con carácter permanente. Además, en el IRPF demanda incrementar el número de tramos de la renta general con el objetivo de mejorar la progresividad del impuesto, desagregando el actual tramo entre 60.000 y 299.999 euros en varios para aplicar tipos “diferentes y crecientes”.

Sobre migración, los expertos se muestran partidarios de cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), revisar y reformar la Ley de Extranjería o desmilitarizar una cuestión que, subrayan, “es social y debe tratarse con absoluto respeto a los Derechos Humanos”. También piden simplificar el sistema de homologación de títulos y experiencia profesional, promover el sistema de cualificación profesional para mejorar la empleabilidad y brindar un sistema sanitario universal, entre otras.

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Sobre la firma

Paula Chouza
Periodista de Política en EL PAÍS. Participó en el lanzamiento de EL PAÍS América en México. Trabajó en el Ayuntamiento de A Coruña y fue becaria del Congreso de los Diputados, CRTVG o Cadena SER. Es licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela, Máster en Marketing Político y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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