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Los abogados de los supuestos sicarios del clan de ‘Los Suecos’ buscan un acuerdo con las otras partes

La tercera sesión del juicio termina antes para que la defensa pueda acordar una reducción del número de pruebas y testigos y acelerar así el proceso contra la trama de la Costa del Sol

Clan Los Suecos
Juicio por el asesinato del narcotraficante conocido como 'Maradona', el 11 de abril en Marbella.Europa Press (Europa Press)

Las defensas de los supuestos sicarios que componen el conocido como clan de Los Suecos han comenzado a dialogar con el resto de partes implicadas para llegar a un acuerdo sobre sus defendidos antes de que comiencen las declaraciones, previstas para este viernes. Esta mañana, en la tercera sesión del juicio, el descanso se ha alargado de cinco minutos a una hora para que transcurran las conversaciones y después se ha suspendido la jornada para que la interlocución continúe a lo largo de la tarde. E incluso mañana se comenzará una hora más tarde para que puedan continuar con los flecos que queden pendientes desde primera hora. Cuatro de los acusados, a los que se considera autores de la muerte de dos personas en la Costa del Sol en 2018, se enfrentan a prisión permanente revisable, aunque sus abogados sostienen que el máximo es de 54 años al retirarse el delito de organización criminal. A los cuatro restantes se los considera cómplices y se piden para ellos 12 años de prisión.

El esperado juicio comenzó este lunes con parsimonia. Lo hizo con la compleja selección del jurado popular, que acabó compuesto por seis hombres y cinco mujeres en un proceso que se alargó durante seis horas. Durante martes y miércoles, las defensas realizaron unas extensas intervenciones que retrasaron el guion previsto. Tanto, que hasta este jueves no han acabado su turno los ocho letrados que defienden a los acusados, cuyas declaraciones tampoco han arrancado. Hoy, sin embargo, ha tomado velocidad de crucero. A un lado, precisamente, porque las defensas han empezado a vislumbrar un posible acuerdo del que aún no se han desvelado detalles. Es una posibilidad que ya evidenció el fiscal encargado del caso, Carlos Tejada, el lunes pasado, cuando aseguró que “siempre hay conversaciones, no solo en este caso, en todos, es una cuestión que está en la Ley”. “Se podría llegar a un acuerdo, pero siempre respetando a la víctima”, aseguró el representante de la fiscalía, que subrayó que en esos momentos —con el juicio aún sin arrancar— no se había llegado a ningún acuerdo.

Al otro lado, el juicio también será más rápido porque reducirá su duración gracias a que las partes han pactado reducir el número de pruebas testificales y periciales. El propio magistrado presidente ha subrayado el “enorme esfuerzo” que los letrados están realizando para reducir el número pruebas. Más allá de vídeos, análisis y otros elementos, se esperaba la participación de unas 80 personas entre testigos, peritos y policías, muchos de ellos miembros de la Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Costa del Sol. Así, ya han acordado la renuncia a tres agentes que han participado en la investigación y tanto defensas como acusaciones están planificando qué pruebas son realmente necesarias. Es un hecho que aliviará, además, la labor del jurado popular, que se enfrenta a una causa compleja con miles de folios y muchas cuestiones sobre las que deliberar. Si estaban previstas 30 sesiones de juicio hasta el próximo 22 de mayo, día que se había estimado para entregar al jurado el objetivo del veredicto, ahora las conversaciones iniciadas pueden reducir varias semanas el proceso y que este acabe en un plazo de entre diez y quince días, antes de final de mes.

De momento, tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitan prisión permanente revisable para las dos parejas de hermanos —Amir y Fahkry Mekky, y Karim y Ahmed Abdul Karim, a este último se lo considera autor material de los disparos— a los que se considera responsables de los asesinatos de David Ávila, Maradona y Soufian Mohamed, Zocato. El primero a la salida de la comunión de su hijo el 12 de mayo de 2018 en San Pedro Alcántara (Marbella) y el segundo en la puerta de su casa en Estepona el 20 de agosto del mismo año. Con rostro serio, los cuatro llevan desde el martes sentados en el banquillo de los acusados —dos de ellos con grilletes por estar en prisión, por lo que las defensas se quejaron— y con apenas una traductora de sueco, hecho por el que también protestaron los letrados. Se sientan junto a los cuatro restantes acusados, a quienes se considera cómplices a otras cuatro personas. Tres del primer asesinato por adquirir y trasladar desde Alemania la motocicleta con la que huyó el pistolero y una más en el segundo, supuestamente por colaborar en la planificación.

Las defensas de dos de ellos, las últimas en intervenir, han subrayado hoy la inocencia de ambos, como ha ocurrido con todos los acusados. A un lado, Mar Portillo, ha explicado que su representada, Y. Nilsson, está considerada como cómplice del primer asesinato porque su nombre y dirección aparecen en la factura de la motocicleta con la que se comete el crimen. “La Fiscalía parte una premisa errónea y falsa”, ha afirmado, al tiempo que ha destacado que ese documento lleva sus datos porque su hijo y un amigo —ambos también entre los acusados— decidieron ponerlos porque ellos tenían deudas con el fisco sueco y querían evitar cualquier problema a la hora de trasladar el vehículo desde Alemania hasta Marbella como parte de una mudanza que les había encargado un compatriota. La letrada, además, ha descrito a la mujer, de 68 años y natural de Malmö (Suecia) como “una persona querida y respetada en su comunidad” ya jubilada tras trabajar 25 años en un comedor escolar y que ahora “ejerce de abuela” de sus 12 nietos.

Por último, Juan Revello de Toro ha afirmado que su defendido, A. Gomaf, al que se considera colaborador del segundo asesinato, solo viajó a Marbella para trabajar como cocinero en el restaurante que su amigo Fahkry Mekky había puesto en marcha en la zona de Nueva Andalucía en 2018. Y que tras varios meses en la Costa del Sol tuvo que viajar a Noruega debido a un problema de salud de un familiar. Allí fue detenido y, aunque había en vigor una orden europea de detención y entrega, las autoridades del país nórdico la denegaron “porque no había indicios fundados para su extradición”.

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