El Gobierno se abre a reducir a la mitad la pena por sedición
ERC, cuyo voto es imprescindible, avisa de que no se conformará con una reforma menor
Es un asunto recurrente y muy delicado, como lo fueron en 2021 los indultos a los presos del procés. Pero el trasfondo político es similar. El Gobierno está dispuesto a reformar el delito de sedición en el Código Penal, y el presidente Pedro Sánchez lo ha dejado claro muchas veces, la última el viernes en Bruselas, para reducir las penas y así homologarlas a la media europea. En España, este delito tiene una pena máxima de 15 años para las “personas constituidas en autoridad”. En Europa, según los estudios que maneja el Ejecutivo, la media está alrededor de los seis años, y hay varios países importantes por debajo de ese tiempo. La legislación europea es mucho más suave tanto con la sedición como con la rebelión, que algunas legislaciones ni contemplan. De hecho, la justicia española se ha encontrado sistemáticamente con un muro en los distintos países ―Alemania, Bélgica, Italia― en los que se ha intentado perseguir al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont desde que huyó de Cataluña.
Con este argumento de “homologar” la legislación española y europea, el Ejecutivo lleva casi tres años, desde que Sánchez lo prometió en su investidura de enero de 2020, dispuesto a esta modificación, que completaría en su visión la política de dejar atrás el procés y abrir una nueva etapa. Y ahora llega el momento clave, porque finalmente hay ambiente político para acometer este cambio, y ERC, que durante mucho tiempo lo rechazó para exigir directamente la amnistía, insiste en público y en privado que quiere hacerlo. De hecho, cree que debería estar lista antes de final de año y pide que se negocie de forma “paralela” a los Presupuestos, mientras el Ejecutivo insiste en separar las dos cuestiones y en ningún caso aceptaría que se condicionara la aprobación de las cuentas a la reforma del Código Penal.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, fue muy clara esta semana sobre la reforma: “La sedición necesita una revisión. Es un delito que se encuentra dentro del título de los delitos de orden público con unas penas desproporcionadas respecto del resto de conductas tipificadas como delitos contra el orden público y también unas penas desproporcionadas respecto de conductas típicas que se asimilan al delito de sedición, que no se tipifican en sí como delitos de sedición, pero sí como otro tipo de conductas, desórdenes públicos, desobediencia, etcétera, en otros países de Europa. Por tanto, tenemos que homologarnos en términos democráticos, jurídicos y penales a otros países europeos con unas penas adecuadas a las conductas que se consideran sediciosas”.
El fondo está claro. Pero hay un problema político muy importante, que no existía con los indultos. Ese perdón, que Sánchez decidió en 2021 después de que los principales líderes del procés hubieran penado casi cuatro años de cárcel, era una decisión unilateral del Gobierno, que no tenía que negociar con nadie. De hecho, ERC formalmente nunca lo pidió. La reforma del Código Penal, por el contrario, es algo que se debe negociar porque necesita una mayoría absoluta del Congreso y, por tanto, el voto a favor de ERC. Por eso, Sánchez insiste tanto en que está dispuesto a hacerlo si hay una mayoría, y cree que en este momento no la hay. Lo que el Gobierno está dispuesto a hacer es una reforma para reducir a la mitad esas penas, en línea con el entorno europeo, pero en ningún caso a eliminar el delito o reducirlo por debajo de la media europea.
Si eso fuera así, ERC tendría que asumir, y aprobar con su voto, una reforma que ayudaría a personas fugadas como su secretaria general, Marta Rovira, pero no les garantizaría el no ingresar en la cárcel si deciden volver a España. Con una pena máxima de seis años, siempre que esa fuera su condena, Rovira no tiene garantizado no entrar en prisión, y tampoco Carles Puigdemont. Tal vez, aunque tampoco es seguro, podrían evitar la prisión preventiva a la espera de juicio porque una de las razones que justificó ese castigo preventivo fueron las enormes penas de hasta 30 años ―en ese momento estaban encausados por rebelión― que podían recibir los dirigentes del procés encarcelados, como Oriol Junqueras, finalmente condenado por sedición a 13 años.
En febrero de 2018, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dejó en libertad a Rovira bajo fianza tras tomarle declaración. Pero en marzo la secretaria general de ERC decidió huir a Suiza al saber que sería citada por el instructor para comunicarle su procesamiento por rebelión. Llarena nunca emitió una orden internacional de detención y entrega, pero si la secretaria general pone un pie en España sería detenida automáticamente. El juez consideraba que Rovira tuvo una “participación esencial” dentro de “la ideación de mecanismos de actuación, impulso parlamentario de una legislación de soporte y coordinación de sectores de la Administración”. Rovira sigue en Suiza y desde allí participa a diario en la vida orgánica de ERC como secretaria general. Otro de los problemas es que algunos dirigentes del procés también tienen procesos por malversación, y no está encima de la mesa ningún cambio de esta legislación.
Por eso la negociación es tan compleja y ERC aún no ha enviado al Gobierno un documento con su propuesta formal. De hecho, la negociación real no ha empezado, y solo ha habido conversaciones informales entre el Gobierno y los republicanos sobre este asunto tan complejo. Aunque Pere Aragonès dijo que ya hay “intercambio de papeles”, en el Ejecutivo insisten en que no hay textos todavía. En el Ejecutivo hay quienes creen que será muy difícil llegar a un acuerdo, y por eso Sánchez apuntaba el viernes que esa mayoría ahora no existe en el Congreso. Otros lo ven más factible y sobre todo necesario para rematar el proceso iniciado con los indultos.
Desde ERC apuntan que ellos ya no reclaman la eliminación del delito, como hacían antes, pero tampoco se conformarían con una “reformita”. Reducir a la mitad de las penas no lo es, pero aún queda por concretar qué estaría dispuesta a apoyar ERC. Porque lo que el Gobierno no va a hacer en ningún caso es llevar la reforma al Congreso para que luego la tumben o sea bloqueada porque ERC pide más, como está pasando ahora mismo con la ley de vivienda o la reforma de la ley mordaza, donde las reclamaciones de los republicanos de ir más lejos tienen paralizada la tramitación.
Sánchez insiste, y lo dejó muy claro el viernes, en que la voluntad política para la reforma existe, y admite que es un compromiso de investidura y personal suyo, por lo que quiere cumplirlo. Pero tiene ese límite muy claro: no puede vaciar de contenido los artículos 544 y 545 del Código Penal, que recogen la sedición, aunque sí una modernización de unos conceptos que vienen del Código Penal de 1822 y han quedado claramente obsoletos y desfasados con el resto de las legislaciones europeas, según sostiene el Ejecutivo.
El discurso de ERC ha cambiado y ya no habla solo de amnistía, sino que asume algo que tenga “los efectos de una amnistía”. Pero el Gobierno está pensando en una reducción de penas, no en una eliminación. Y los jueces muy probablemente serán duros con los fugados, así que no pueden esperar una condena baja. Se trata, pues, de un acuerdo especialmente complejo. Pero por primera vez desde las dos partes llegan mensajes muy claros de que están dispuestos a explorarlo. El asunto tendría que estar resuelto en poco tiempo para llevarlo al Congreso antes de final de año y permitir su tramitación antes de las próximas elecciones generales. Tal vez sería la última oportunidad de llevarlo adelante con la actual mayoría y rematar el proceso político iniciado con los indultos a los presos del procés.
