Yolanda Díaz agita el curso político

Yolanda Díaz ha sacudido la actualidad política en las últimas dos semanas. Los reproches de la vicepresidenta segunda a la patronal por bloquear la negociación sobre los salarios y la propuesta para que las grandes distribuidoras limiten el precio de algunos alimentos básicos han marcado la agenda en el arranque del curso con dos temas que afectan directamente al poder adquisitivo de las familias, pero también han soliviantado a la CEOE y al pequeño comercio, además de generar fricciones dentro del Gobierno en un momento en el que todas las encuestas señalan la debilidad del Ejecutivo frente al PP de Alberto Núñez Feijóo.

En un contexto de fuerte incertidumbre económica, con una inflación que está golpeando a los hogares (10,4% en agosto), la titular de Trabajo cree prioritario adoptar medidas que palíen los efectos del alza de precios. Sus desmarques, sin embargo, generan recelos en ciertos sectores al coincidir con un momento de proyección propia, el lanzamiento de Sumar, la plataforma que impulsa para tratar de recuperar a un electorado desmovilizado en la izquierda. A poco más de un año de la fecha prevista para las generales, con municipales y autonómicas antes, todo se lee ya en clave electoral.

Díaz, que no tiene partido pero sí apoyos dentro de los sindicatos, regresó del descanso de agosto con un respaldo a sus movilizaciones y acusó a la patronal de “no estar a la altura”. Tras un primer rifirrafe en el Gobierno por unas declaraciones que algunos ministros consideraron particularmente duras y que han desconcertado a los empresarios —acostumbrados a un tono más conciliador—, la propuesta para rebajar el precio de algunos productos de la cesta de la compra ha abierto otra guerra dentro y fuera de la coalición esta semana.

El entorno de la ministra sostiene que la polémica parte de un “malentendido”. El titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una entrevista el pasado domingo a Europa Press, descartó la posibilidad de implantar precios mínimos en bienes esenciales. La iniciativa de Díaz, planteada en una conversación con Eldiario.es publicada al día siguiente, pudo interpretarse como una respuesta al ministro. Aunque sin entrar en detalle, la vicepresidenta anunciaba: “Estoy trabajando para que exista un acuerdo con las distribuidoras y los consumidores en nuestro país. Un acuerdo que consista en determinar una cesta de productos básicos, en torno a 20 o 30 productos, en los que, como hemos hecho con el gas y otras materias, topemos los precios”. Más tarde, Díaz matizó que no se trataba en ningún caso de legislar (como sí se hizo en el caso de la energía o de las mascarillas), sino de alcanzar un acuerdo con las grandes cadenas de supermercados como Carrefour, Alcampo, Mercadona o Lidl. Un pacto que excluiría al pequeño comercio, que no tiene margen para reducir sus beneficios, pero que puede acabar siendo contraproducente para el sector, según han denunciado sus patronales, al funcionar la rebaja de precios como un reclamo para consumir en grandes superficies en vez de hacerlo en tiendas pequeñas.

La Confederación Española de Comercio (CEC) expresó el viernes su “absoluto rechazo y malestar” ante la iniciativa. Una protesta a la que se sumó la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Díaz minimizó las críticas y repitió que son las grandes empresas “las que tienen que aportar más”.

“Las patronales del pequeño comercio se suelen quejar por todo (cesta básica de productos a precio reducido, subida del SMI…), menos por lo que se tienen que quejar: liberalización de horarios comerciales. Curiosa manera de defender al pequeño comercio…”, respondió el sábado en redes el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo.

En el plano político, las reacciones han ocupado titulares durante toda la semana. La más dura resultó la de la titular de Defensa, Margarita Robles, quien acusó a la responsable de Trabajo de haber entrado “en algo que no le corresponde”. La ministra afirmó también en Antena 3 que “no le gusta” que “alguien quiera patrimonializar que está con los más vulnerables”, en alusión a una presunta intencionalidad de la vicepresidenta.

“El bolsillo de los ciudadanos atañe a todo el Gobierno”, contestó Díaz el viernes. En todo caso, recuerda el departamento, la responsabilidad social de las empresas depende de Trabajo y Economía Social, su ministerio. En la reunión de este lunes con las patronales de las distribuidoras, como en la que mantuvo el jueves pasado con Carrefour, estará también el titular de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, con quien Planas ha tenido fuertes discrepancias en público, como la del pasado enero a cuenta de las declaraciones sobre las macrogranjas.

Su entorno asegura que Díaz ha vivido con “tranquilidad” la polémica de estos días. Según su equipo, la vicepresidenta, quien ha hablado con el titular de Agricultura durante la semana, ya había trasladado su propuesta al presidente antes de hacerla pública, aunque otros ministros del PSOE aluden a una falta de comunicación. “Ha habido informaciones contradictorias estos días y tenemos que tomar nota para que no se genere ni falsa expectativa ni confusión”, dijo María Jesús Montero en la Cadena SER. Fue Pedro Sánchez, además, quien durante su discurso en el debate sobre el estado de la nación el pasado julio marcó un giro a la izquierda en las políticas del Gobierno, colocando en el centro la necesidad de aliviar la situación económica de las familias, objetivo que dice perseguir Díaz con su propuesta. “Los ciudadanos tienen enormes dificultades para hacer la compra (…). El resto de consideraciones a mí me importan muy poco y a la ciudadanía, menos. Lo que quiere es que su Gobierno responda con soluciones”, zanjó ella el viernes en Bilbao.

Pero los dardos no llegan solo del PSOE. Podemos, que no estaba al tanto de la propuesta, también vaciló en su respuesta a la iniciativa. Si el lunes en rueda de prensa su portavoz Pablo Fernández acogió con escepticismo el planteamiento e instó al Ejecutivo a actuar aunque no hubiera un pacto con las distribuidoras, dos días después la líder de la formación y ministra, Ione Belarra, mucho más conciliadora, cerró filas con la vicepresidenta: “No voy a permitir que se genere una falsa polémica”. Fuentes del partido insisten en que esta es la postura oficial, el respaldo, a pesar de que el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, expresase dudas después en Twitter: “Leo lo de Carrefour y no puedo evitar pensar en qué va a pasar con la frutería o la carnicería del barrio”, escribió.

“Es urgente que tomemos medidas que nos permitan que la cesta de la compra sea accesible para todos (...) Vamos a apoyar todas las propuestas”, afirmó por su parte el sábado la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien, a diferencia de Díaz, tampoco descartó “topar los precios e incluso [establecer] medidas obligatorias para las grandes empresas”.

La relación entre Díaz y la cúpula de Podemos lleva casi un año en crisis. Las incógnitas sobre el papel de la formación en el proyecto político de la vicepresidenta, que quiere dar más protagonismo a la sociedad civil, ha menoscabado el vínculo con el partido.

Aunque el apoyo a la líder de UP en el Ejecutivo es mayoritario, hay quien observa dentro del grupo un cambio de estrategia motivado por la necesidad de construir un perfil y una candidatura independientes. Si antes la dirigente gallega solía trabajar en silencio para lograr acuerdos, en esta ocasión ha optado por abrir primero el debate en los medios.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ya aludió a los supuestos intereses de Díaz a finales de agosto. “No vamos a entrar en polémica y no vamos a hacerle la campaña electoral a la vicepresidenta del Gobierno”, advirtió entonces en Intereconomía. En un curso marcado por elecciones municipales y autonómicas, todos los actores están ya en campaña. Con un PP en ascenso, según marcan los sondeos, la construcción de una alternativa que vuelva a reactivar al electorado que atraía UP se ha vuelto imprescindible para que el PSOE retenga el poder en La Moncloa. Pero la oposición a izquierda y derecha, dentro y fuera del Ejecutivo, amenaza con volverse en contra de la vicepresidenta.