Díaz concreta su plan para abaratar la cesta de la compra: pide a los supermercados una oferta de productos básicos a precios asequibles

Yolanda Díaz quiere rebajar el coste de la cesta de la compra. “Nuestro planteamiento es que las grandes distribuidoras lleguen a un acuerdo y, a través de los márgenes empresariales, aseguren una cesta de la compra asequible para nuestro país”, ha explicado la vicepresidenta este jueves tras reunirse con el director ejecutivo de Carrefour, Alexandre de Palmas. Esta empresa ya ha anunciado el lanzamiento de una oferta de 30 productos básicos por 30 euros. El departamento de Díaz y el de Consumo de Alberto Garzón, que también ha participado en la reunión, esperan que esa medida sirva de ejemplo para el resto de grandes cadenas de supermercados, con cuyas patronales se celebrará un nuevo encuentro el lunes, al que también asistirán asociaciones de consumidores. La propuesta consiste en que los hipermercados elaboren una cesta de productos básicos con precios congelados cuya composición varíe casa semana e incluya alimentos frescos (pescado, carne, fruta, huevos u hortalizas). La idea ha encontrado contestación dentro del propio Gobierno, con acusaciones de dictar políticas que exceden las competencias de la vicepresidenta.

Díaz y Garzón limitan su papel a propiciar el acuerdo para que las cadenas lancen ofertas comerciales asequibles, sin plantear una intervención o limitación de precios. “El objetivo es proteger el poder adquisitivo de las familias trabajadoras, que se está viendo amenazado. Las grandes distribuidoras pueden hacer un esfuerzo, permitiendo cestas de consumo y bienes básicos a precios asequibles. Esto depende de las ofertas comerciales de las distribuidoras, pero ya hemos conocido algunas que reflejan que es posible hacerlo”, ha indicado Garzón. La inflación alcanzó en agosto el 10,4% interanual.

Otros miembros del Gobierno, de la parte socialista, han criticado la iniciativa de Díaz. La más contundente ha sido la titular de Defensa, Margarita Robles: “Sé que la señora Díaz hace las propuestas, como las hacemos todos, con la mejor voluntad, pero detrás hay muchos aspectos técnicos, económicos que hay que conocer. No se puede decir ‘vamos a ver qué se me ocurre a mí ahora que puede quedar bien”, ha indicado en Antena 3, donde también ha asegurado que, desde su cartera, este era un anuncio que “no le corresponde hacer” a Díaz. “El bolsillo de los españoles compete a todo el Gobierno”, ha contestado la vicepresidenta.

Fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo señalan que ningún ministerio económico ha sido invitado a la reunión del lunes ni a la que la vicepresidenta ha mantenido este jueves. “No hay más participación que la de la propia proponente”, añaden las mismas fuentes. Así, la ministra Reyes Maroto ha señalado que el diálogo se debe dar “con todos los sectores, no solo el de la distribución”. En la misma línea, fuentes del ministerio de Economía señalan a EFE que el buen funcionamiento del mercado y de la competencia, así como un mantenimiento de los márgenes empresariales, son cuestiones clave para conseguir una bajada de la inflación. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, también ha criticado la idea: “Puede ir en perjuicio del pequeño comercio”.

“Dieta equilibrada”

El titular de Consumo ha insistido en la importancia de que estas cestas incluyan productos de primera calidad, saludables y frescos, “que aseguren una dieta equilibrada”. También ha incidido que incluyan alternativas para celíacos. Por su parte, Díaz ha recalcado que este llamamiento se dirige a las grandes empresas, pero no al pequeño comercio, “Animamos a acudir al comercio de proximidad, pero esto [la cesta asequible] se lo pedimos a las distribuidoras que tienen capacidad para ello a costa de sus márgenes empresariales”. Los dos miembros del Gobierno esperan que estas ofertas contra la inflación duren al menos hasta después de Navidades.

Asimismo, tanto Garzón como Díaz han comentado que estas ofertas asequibles no se pueden implantar a costa de las ganancias de los productores, que vienen catalogando como escasas. “Sin lugar a dudas”, ha contestado Díaz a la pregunta sobre si van a controlar que las ofertas no repercutan en agricultores y ganaderos. Fuentes de la Unión de Pequeños Agricultores (colectivo vinculado al sindicato UGT) reivindican “los precios justos para los alimentos, en origen y en destino”, para lo que creen que la mejor estrategia es aplicar la Ley de la Cadena Alimentaria, “que fomenta que el precio de los alimentos se conforme con transparencia”.

Cuestionada por la posibilidad de intervenir o limitar precios si las grandes distribuidoras no aplican estas medidas, Díaz ha dicho que “no habla de futuribles”. “Las empresas españolas son conscientes del enorme problema que tenemos y seguramente van a contribuir en este momento de excepcionalidad. Esta es la casa del diálogo social, vamos a esperar a que se celebren las reuniones. Empresas y sindicatos siempre han estado a la altura”, ha añadido Díaz. En la entrevista en eldiario.es que abrió el debate sobre este asunto, la vicepresidenta dijo lo siguiente: “Estoy trabajando para que exista un acuerdo con las distribuidoras y los consumidores en nuestro país. Un acuerdo que consista en determinar una cesta de productos básicos, en torno a 20 o 30 productos, en los que, como hemos hecho con el gas y otras materias, topemos los precios”.

Contactada por este diario, Carrefour ha preferido no comentar cómo ha ido la reunión. Este jueves, en declaraciones recogidas por Europa Press, así se expresó el director ejecutivo: “La situación actual requiere medidas ágiles y efectivas. En estos momentos, donde cada acto de compra es más valioso que nunca, Carrefour da respuesta a sus clientes: trabajamos para ofrecer soluciones de ahorro que protejan el poder adquisitivo de las familias en España”. La vicepresidenta ha catalogado la reunión como “muy productiva”. El ministerio confirma que a la reunión del lunes acudirán ASEDAS (entre cuyos asociados están Mercadona, Lidl, Spar o Condis), ACES o ANGED (en estas dos asociaciones están El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo o Eroski), entre otras. Fuentes de ASEDAS y de ACES indican que prefieren dar su opinión sobre esta propuesta el lunes, tras la reunión con Díaz.

Los otros participantes en la reunión del lunes son las organizaciones de consumidores, como Facua. Rubén Sánchez, portavoz de este colectivo, prefiere una “intervención de precios” a concertar ofertas: cree que “tiene riesgos” de “trampa” por parte de las superficies comerciales y considera que el Gobierno “debería hacer controles de precios ya”, comenta a Servimedia. Fuentes de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) consideran “necesario” aclarar si la propuesta es “fijar un precio máximo para un conjunto de alimentos, o la búsqueda de acuerdos de buenas prácticas encaminados a no subir los precios de ese grupo de alimentos”. “Para OCU ambas cuestiones resultan complejas desde el punto de vista de su encaje en el marco legal, tanto desde el punto de vista de la fijación de precios como de la competencia”, añaden desde OCU, organización que define como “indudable” la necesidad de ayudas para hacer frente a la subida generalizada de los precios. Proponen bonos alimentos para las familias con menos recursos o eliminar el IVA de la alimentación básica.

La secretaria general y portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha definido la propuesta de Díaz y Garzón como una “ocurrencia”.

El modelo francés

La ministra ha destacado que Carrefour ya ha llegado a un acuerdo parecido con el Ejecutivo en Francia, el país de origen del gigante de los supermercados. Allí, informa EFE, Carrefour decidió en agosto congelar los precios de 100 productos de uso diario durante 100 días, hasta el 30 de noviembre, con el fin de proteger el poder adquisitivo de las familias. La empresa ha impulsado otras iniciativas similares, como la venta de una selección de 30 productos esenciales por menos de 30 euros en julio (similar a la idea planteada en España) y una campaña de precios fijos aplicados a 200 productos nacionales, reduciendo sus márgenes de beneficio, para repercutir lo menos posible las subidas de precios a sus clientes.

Recientemente, se ha debatido en Francia la posibilidad de modificar las rebajas que están autorizados a aplicar los grupos de distribución en los alimentos. Para proteger la remuneración de los agricultores, en la actualidad se permiten rebajas de hasta un 34 % en operaciones promocionales en las tiendas, según una ley de enero de 2019. Dicha normativa pretendía responder al malestar del sector agrícola, que consideraba que los grupos de distribución abusaban con promociones de algunos de sus productos y creaban una presión a la baja en los precios durante las negociaciones, reduciendo así la remuneración de los productores. El Gobierno galo lanzó este verano la idea de que esas rebajas en los alimentos pudieran ser del 50 % para amortiguar el golpe para el consumidor de la escalada de precios, pero el principal sindicato agrícola se pronunció en contra.