El PSOE de Andalucía se pone a la defensiva y reconoce ahora la utilidad de las ayudas de los ERE

La llamada pieza política del caso de los ERE es como un bumerán para el PSOE de Andalucía. Cuando vuela lejos, obliga a estar pendiente de su trayectoria y cuando regresa, siempre acaba por impactar. El último golpe llega en forma del fallo del Tribunal Supremo que ha corroborado las condenas impuestas por la Audiencia Provincial de Sevilla, en noviembre de 2019, a la excúpula de la Junta, entre ella a dos expresidentes, un vicepresidente y cuatro exconsejeros, por diseñar un “sistema fraudulento” e “ilegal” que repartió “con un descontrol absoluto” un fondo de 680 millones a empresas en crisis, de acuerdo con los hechos probados.

El sentido del fallo —que no su contenido― se ha conocido cuando el PSOE andaluz aún está asimilando su mayor derrota electoral en unas elecciones autonómicas en las que no solo obtuvieron su peor resultado en la historia (30 escaños), sino que han supuesto una histórica mayoría absoluta de su adversario político, el PP, que, mientras estuvo en la oposición, utilizó la corrupción del caso de los ERE como su principal arma de desgaste político contra la hegemonía socialista. Esta mañana, su secretario general, Juan Espadas, pese a reconocer que era “un día doloroso y difícil para los socialistas andaluces”, se ha mostrado a la defensiva, recordando que la sentencia no había sido adoptada por unanimidad. ”Eso demuestra que existe una controversia jurídica del asunto y por la trascendencia del caso entendemos que el fallo debería haber sido unánime”, ha dicho. También ha defendido el fin social de esas ayudas fraudulentas, el mismo argumentario que horas después ha esgrimido la portavoz federal del PSOE, Pilar Alegría.

“Se ha juzgado un procedimiento administrativo para atender a empresas en crisis y sus trabajadores, un procedimiento cuyos controles se mejoraron en 2009 y que perseguía un fin social, salvar el tejido productivo y que evitó que más de 6.000 personas fueran al paro”, ha afirmado Espadas, para recordar a continuación que ese sistema se ha seguido manteniendo durante el último Gobierno de Juan Manuel Moreno. El secretario general de los socialistas andaluces también ha sostenido ahora que en Andalucía se actuó con el mismo marco normativo que en resto de comunidades y que “si se hubiera mirado con la misma lupa” esa gestión “se hubieran encontrado los mismos errores que aquí”.

La defensa de la finalidad de ese sistema de ayudas llega demasiado tarde, de acuerdo con los afines al expresidente Manuel Chaves, condenado a nueve meses de inhabilitación especial por un delito de prevaricación. El propio exdirigente socialista defendía en una entrevista a EL PAÍS que el PSOE no tenía “por qué acomplejarse ni avergonzarse” del caso de los ERE porque “el objetivo que nos habíamos marcado era proteger a los trabajadores despedidos”.

Esa defensa brilló por su ausencia durante los 13 años que duró la investigación del caso de los ERE —una macrocausa procesal de 140 piezas—, hasta el punto de que todos los procesados empezaron a ser incómodos, tanto para la dirección del PSOE federal como para la del andaluz. Entonces Susana Díaz presidía la Junta y lideraba la federación socialista andaluza. Fue José Antonio Griñán, también condenado a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación absoluta por malversación y prevaricación, quien la designó como su sucesora.

Díaz les exigió a ambos sus actas parlamentarias —la de diputado a Chaves y la de senador a Griñán― cuando fueron imputados por el Supremo por el caso de los ERE, para garantizarse así su investidura por Ciudadanos en 2015, que había puesto esa condición para apoyarla. “Pepe, Susana nos ha matado; es como si nos hubiese clavado un cuchillo”, le dijo Chaves a Griñán, según reveló el periodista Manuel Pérez Alcázar en su libro Delfines y tiburones. Un año después, convertidos en parias dentro de un partido en el que habían sido figuras históricas, también abandonaron la militancia para no perjudicar electoralmente al PSOE.

Con una década de idas y venidas por los ERE, el PSOE consideró que ese caso de corrupción estaba amortizado políticamente y que no le perjudicaría de cara a las elecciones andaluzas de 2018. Entonces perdieron 400.000 votos y un año más tarde, la sentencia de la Audiencia de Sevilla constataba una realidad que se había instalado en el imaginario colectivo de los andaluces, los años de impunidad y descontrol en una Junta dominada por el PSOE durante casi 37 años.

En noviembre de 2019, solo Chaves defendió que el sistema de ayudas era bueno en sí mismo, aunque algunos se aprovecharan de él. Pero en el PSOE andaluz, que empezaba a andar su travesía en el desierto de la oposición. Nadie quiso tomar la senda de la defensa de todos los logros sociales alcanzados gracias a los gobiernos socialistas, solo se destacó que, a diferencia de la trama Gürtel o de los papeles de Bárcenas, nadie en el PSOE se había enriquecido personalmente con las ayudas de los ERE ni el partido se había financiado irregularmente.

Aunque quisieran pasar página, la condena en el caso de los ERE, sí pasaba factura en el PSOE andaluz, hasta el punto de no poder capitalizar las investigaciones de los casos de corrupción en varios Ayuntamientos del PP de Almería y que apuntan, según las investigaciones de la Guardia Civil, a una supuesta caja b de la formación en esa provincia. En una de las piezas separadas llegó a imputarse a la consejera de Agricultura, Carmen Crespo —que luego fue desimputada por su condición de aforada―. “Nosotros que estamos personados en la acusación no denunciamos nada ante la constatación evidente de que ellos iban a salir con el y tú más”, señala un exdiputado socialista a este diario.

La confirmación de la condena por el Supremo pone más peso al lastre que cuelga del PSOE andaluz justo cuando su líder había reclamado a los suyos una revisión a fondo de las costuras de la formación para reconectar con la sociedad y recuperar el terreno perdido en las elecciones municipales. Espadas ha tratado de minimizar el golpe esta mañana. “En el PP querrán utilizar esto permanentemente, también nosotros hablaremos de sus tres condenas por financiación ilegal”, ha enfatizado. Fuentes cercanas al partido popular sostienen que el PSOE andaluz va a tener muy difícil sobreponerse a esta última condena, incluso aunque ellos no la utilicen para desgastarlos políticamente, algo que sostienen que no van a hacer, y recuerdan a que basta solo el hecho de recordar que Espadas fue consejero con Chaves y Griñán para que la herida no suture.

Espadas comenzó la campaña con el firme propósito de no renegar del pasado socialista, en la línea con lo que demandaba el propio Chaves en la entrevista que concedió a este diario, y que le aconsejaron otros históricos dirigentes de la formación coetáneos del expresidente. Esta mañana ha defendido la honorabilidad de ambos expresidentes de la Junta. “Buena parte del progreso de Andalucía se ha debido a su trabajo”, ha indicado. Una reivindicación que llega demasiado tarde.