El Supremo confirma las penas de Griñán y Chaves por el fraude de los ERE

El Tribunal Supremo ha confirmado el relato más demoledor para el PSOE sobre el caso de los ERE. La Sala de lo Penal ha ratificado las condenas impuestas a los expresidentes andaluces Manuel Chaves (por un delito de prevaricación) y José Antonio Griñán (prevaricación y malversación) por permitir, durante cerca de una década, un sistema fraudulento para distribuir ayudas sociolaborales, según avanzó este martes el alto tribunal. La decisión aboca a Griñán a entrar en prisión para cumplir una condena de seis años de cárcel. En el caso de Chaves, la pena implica su inhabilitación durante nueve años, aunque el histórico líder del socialismo andaluz lleva alejado de la política desde 2015, cuando dimitió tras ser imputado.

El tribunal se ha dividido al tomar una decisión que inflige un nuevo golpe al socialismo andaluz, que gobernó durante 36 años ininterrumpidos, hasta que Juan Manuel Moreno (PP) le arrebató el poder en 2018. La resolución ha salido adelante por la mínima. Tres de los cinco jueces la han apoyado: Juan Ramón Berdugo, Eduardo de Porres y Carmen Lamela, considerados de tendencia conservadora —los dos primeros son miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)—. Por su parte, las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, enmarcadas en el sector progresista (pertenecen a Juezas y Jueces para la Democracia), nunca vieron la malversación y han anunciado que emitirán un voto particular discrepante al considerar que se debería haber aceptado parte del recurso presentado por Griñán y, tras anular la sentencia de primera instancia, haberlo absuelto de ese delito. Un fallo en esa línea le habría evitado entrar en la cárcel.

Tras conocerse el sentido de la sentencia, el abogado de Griñán, José María Calero, ha afirmado en la Cadena SER: “No lo esperaba en absoluto. Para quienes hemos trabajado en este recurso, ha sido una enorme decepción. Nos queda el recorrido que nos ofrece el Tribunal Constitucional”. El expresidente andaluz es condenado por un delito de malversación cometido durante su etapa como consejero de Economía y Hacienda, cuando la Junta repartió sin control 680 millones de euros a empresas en crisis para garantizar la “paz social”. Su defensa alega que la Audiencia de Sevilla no concretó “ni una sola irregularidad” cometida por él.

La confirmación de la sentencia por parte del Supremo implica la censura de toda una era. Chaves y Griñán no solo ocuparon la presidencia de la Junta durante 23 años (1990-2013), sino que lo fueron todo en el PSOE y en las instituciones. Ambos fueron diputados, ministros y presidentes del partido socialista. El primero también ostentó la vicepresidencia del Gobierno. “Yo me siento orgulloso de los expresidentes Chaves y Griñán, son personas honestas, no se han llevado un duro”, los reivindicó el mes pasado Juan Espadas, exalcalde de Sevilla y candidato a la presidencia autonómica, durante la campaña electoral.

Pero el fallo no se circunscribe solo a ellos. Otros ocho ex altos cargos de la Administración regional deberán entrar en prisión. Entre ellos, cuatro exconsejeros: Antonio Fernández, de Empleo (penado con 7 años y 11 meses de cárcel); José Antonio Viera, también de Empleo (7 años y 1 día); Carmen Martínez Aguayo, de Economía (6 años y 2 días); y Francisco Vallejo, de Innovación (7 años y 1 día). Y también Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo (7 años y 1 día); Jesús María Rodríguez, exviceconsejero de Innovación (6 años y 2 días); Juan Márquez, ex director general de Trabajo (al que se reduce el castigo a 3 años de encierro); y Miguel Ángel Serrano, ex director general de IFA/IDEA (6 años y 6 meses). La Audiencia de Sevilla condenó igualmente a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, a 7 años y 11 meses de cárcel, pero falleció en 2020.

La lista de condenados, pero solo a inhabilitación, la completan Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia; Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y exministra de Fomento; José Salgueiro, exviceconsejero de Hacienda; Antonio Vicente Lozano, ex director general de Presupuestos; y Jacinto Cañete, ex director general de IDEA. El Supremo ha decidido absolver a tres ex secretarios generales técnicos de Empleo (Javier Aguado, Juan Francisco Sánchez García y Lourdes Medina), castigados a inhabilitación por la Audiencia de Sevilla. Más allá de anunciar el sentido del fallo, el alto tribunal aún no ha hecho público el texto de la resolución y, según ha explicado en un comunicado, se difundirá una vez se redacte el voto discrepante.

Una vez dictada la sentencia se abre el proceso para la entrada en la cárcel de los condenados en firme. El sistema prevé que el Supremo envíe a la Audiencia de Sevilla el fallo para que lo ejecute. Este órgano debe citar a las partes y, habitualmente, les concede un plazo de 10 días para presentarse en la prisión que elijan. Sin embargo, en el caso de que tramiten un recurso ante el Constitucional, la jurisprudencia contempla la posibilidad de dejar en suspenso la pena para aquellos que hayan sido castigados con menos de cinco años de cárcel. Una medida excepcional que no siempre se aplica y que depende de la circunstancias particulares de cada caso.

Un “sistema fraudulento”

La Audiencia de Sevilla dio por probado que, entre los años 2000 y 2009, la entonces cúpula del PSOE andaluz urdió un “sistema fraudulento” dotado con 680 millones de euros que, sin control, repartió fondos a empresas en crisis para garantizar la “paz social”. Desde 2001, las ayudas las pagó directamente la agencia Idea mediante un convenio firmado por los dos máximos responsables de la Consejería de Empleo (el consejero José Antonio Viera y el exviceconsejero Antonio Fernández) que dejaba en manos del director general de Trabajo, Javier Guerrero (el principal imputado, fallecido en 2020), la facultad de ordenar el pago de las ayudas, pese a que “carecía de competencia legal para la concesión de subvenciones”. Con este sistema, la Junta andaluza se ahorraba cumplir con los requisitos legales para tramitar los expedientes de subvenciones y eludía la fiscalización de la Intervención, lo que favoreció “un descontrol absoluto”.

La Fiscalía pidió al Supremo que ratificase el dictamen de la Audiencia de Sevilla, que emitió en 2019 un fallo de cerca de 2.000 páginas que marcó la historia del socialismo andaluz. Tras 36 años ininterrumpidos en el Gobierno autonómico, el PSOE había perdido unos meses antes la presidencia y la resolución le infligió un duro golpe, del que aún no se ha recuperado —en los comicios de este junio firmó su peor resultado—.

Los abogados de los acusados esperaban que dos factores jugasen a su favor en el alto tribunal. En primer lugar, que el propio Supremo ya instruyó en 2015 el caso porque los dos expresidentes y otros implicados eran aforados. Entonces, antes de que la causa volviera a los juzgados de Sevilla, el magistrado Alberto Jorge Barreiro consideró que Chaves y Griñán prevaricaron; pero descartó que el segundo supiera como consejero de Economía que, con este sistema, se estuviera desviando dinero para el enriquecimiento de terceras personas.

Las defensas también incidían en que todo el proceso arrastra incongruencias. Según han repetido, en esta causa se han considerado fraudulentas ayudas que no se han juzgado todavía (se hace en otras piezas separadas) y sobre las que no se practicó ninguna prueba en la vista oral celebrada entre finales de 2017 y 2018. “El único modo de poder concluir que se han concedido ayudas ajenas al fin público solo puede ser analizando cada disposición de los fondos y acreditando la existencia del desvío en cada caso. Y esto no se ha hecho, ya que las acusaciones entendieron que no era necesario”, advertía el abogado de Antonio Fernández, exconsejero de Empleo.