Reformar las reglas fiscales de la UE

El año 2022 que ahora comienza significará la finalización del período de gracia establecido por la Comisión Europea para la suspensión del Pacto de Estabilidad de la Unión Europea, que ha permitido, en los ejercicios de 2020 a 2022, superar los límites de deuda y déficit público establecidos en el pacto, sin que los países infractores hayan estado sometidos a los mecanismos correctores en caso de desequilibrios fiscales. La realidad de la crisis de la pandemia se impuso y abrió la puerta a esta suspensión temporal, que, previsiblemente, acabará en 2022 y recuperará su vigencia para el año 2023.

En este período de tiempo se ha abierto la posibilidad de realizar una reforma en profundidad de dichas reglas fiscales, conceptualizadas a finales de la década de los noventa del pasado siglo, y que, hasta la fecha, han mostrado un desempeño desigual en su capacidad de promover la estabilidad fiscal y de asegurar un crecimiento equilibrado. Los detractores de las reglas señalan su complejidad y falta de adecuación a situaciones de shocks asimétricos, las múltiples interpretaciones que se pueden utilizar para calcular sus parámetros y variables —algunas de ellas no directamente observables— y los efectos perniciosos que han tenido en la evolución de algunas variables esenciales como la inversión pública. Los defensores señalan la necesidad de mantener un marco firme e inequívoco de gestión de la economía de la eurozona, con límites precisos en materia de déficit y de deuda pública, insistiendo además en que los actuales mecanismos han mostrado ya una flexibilidad suficiente.

Las opciones de reforma que se abren están todavía en una fase relativamente preliminar, y abundan las propuestas que van desde una modificación sustancial, incluyendo el paso a objetivos de consolidación fiscal individualizados en función de la situación de cada país y de su evolución económica previsible, o el establecimiento de estándares flexibles más adecuados que las reglas fijas actuales, hasta reformas más limitadas que implican la exclusión de algunas partidas —como por ejemplo las inversiones dirigidas a la transición ecológica— del cálculo de déficit público.

Dos son los factores en los que debe incidir el proceso de reforma. El primero es, sin duda, la sostenibilidad de la deuda pública, que en muchos países supera con creces el límite del 60% del PIB. Que una deuda por encima de esa cifra sea considerada insostenible es una afirmación sujeta a controversia, pues los análisis de sostenibilidad de deuda pública señalan que países con deudas mucho más abultadas no están teniendo problemas de financiación en el mercado, si bien la política monetaria del Banco Central Europeo está ayudando a mantener las primas de riesgo particularmente bajas. En una eventual retirada de los estímulos monetarios, una subida de tipos de interés podría incrementar las dificultades para financiarse en los mercados a un tipo razonable. El segundo factor es la necesidad de mantener espacio fiscal para eventuales crisis en un futuro lleno de incertidumbres. Si la deuda pública es demasiado alta, el espacio fiscal se reduce impidiendo el adecuado despliegue de políticas contracíclicas.

Es difícil separar el debate sobre estas reglas sin contar con el resto de la gobernanza económica europea. Así, y tal y como señala el excelente trabajo del Real Instituto Elcano sobre este particular, la necesidad de mantener un instrumento presupuestario propio de la eurozona, con carácter de estabilización, puede encontrar un antecedente en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, aunque no está garantizado que este instrumento se mantenga a largo plazo. La propuesta de un seguro europeo de desempleo recibió un respaldo con la puesta en marcha del mecanismo SURE en 2022, aunque su desarrollo no es idéntico. Asoma también la reforma del Mecanismo de Estabilidad y la estructuración, de esta manera, de un verdadero sistema de mutualización de riesgos, algo que, hasta el mismo verano de 2020, fue tajantemente rechazado por los denominados países frugales. Le conviene a España incidir en esta dirección, con propuestas y con ideas, porque si la reforma de las reglas fiscales se queda en algunos retoques técnicos sobre la filosofía vigente, sin ampliar el ángulo de análisis para incorporar todo el sistema de gobernanza económica, los resultados serán decepcionantes, para nuestro país y para toda la eurozona.

José Moisés Martín es economista y consultor