La investigación sobre los trabajos de Villarejo para el BBVA entrará en su sexto año tras acordar el juez un nueva prorroga

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado prorrogar una vez más la investigación judicial sobre los trabajos presuntamente ilegales que el comisario jubilado José Manuel Villarejo ejecutó durante años para el BBVA al considerar que el próximo 29 de julio, fecha en la que debía concluir la instrucción de la causa, aún no se habrán practicado “diligencias relevantes, variadas, heterogéneas y que se reputan esenciales para el esclarecimiento de los hechos”. En un auto dictado este martes y al que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado fija como nueva fecha para finalizar las pesquisas judiciales el 29 de enero de 2024. Para entonces, la causa, que se inició el 4 de diciembre de 2018, habrá entrado en su sexto año. La prórroga ha sido apoyada por la Fiscalía Anticorrupción y algunas acusaciones y defensas. Entre estas últimas, la del expresidente de la entidad, Francisco González, que se encuentra imputado. Solo se habían opuesto el propio banco y Villarejo. La decisión de García-Castellón puede ser recurrida.

En la resolución judicial ―que se conoce un día después de la Audiencia Nacional dictará la primera sentencia condenatoria contra el comisario jubilado por sus trabajos ilegales para empresas y particulares―, el juez destaca que el plazo de instrucción actual “resulta insuficiente para que finalice la investigación” sobre los encargos que el BBVA hizo a Villarejo, que se desarrollaron entre 2004 y 2017 y por los que el policía retirado se embolsó 10,3 millones de euros. “Nos hallamos ante una pieza dinámica, en evolución y en la que se están practicando múltiples diligencias para perfilar con la mayor concreción y precisión, los distintos hechos que conforman el objeto del proceso”, señala el juez en su auto. Las pesquisas forman la pieza número 9 del llamado caso Tándem, el macrosumario abierto por las actividades presuntamente delictivas del policía.

En este sentido, el magistrado recalca que “el desarrollo de la práctica de diligencias [tras la anterior prórroga], así como las nuevas que se han acordado con posterioridad, han puesto de relieve que todavía restan por practicar relevantes medidas de investigación”, señala el juez en el que detalla varias. Entre ellas, el auto del juez destaca la elaboración por parte de los peritos que nombren las diferentes partes personadas de informes periciales a partir de los 2,3 millones de hits (correos, archivos, documentos en discos duros del banco) que utilizó la auditora PwC para elaborar, en 2019, un forensic por encargo de la propia entidad financiera. García-Castellón considera que esta diligencia “se reputa esencial, y sin ella no es dable afirmar que se haya finalizado la instrucción”. Hasta ahora solo una de las acusaciones, la que ejerce el empresario Luis del Rivero, lo ha nombrado.

El juez también recuerda que restan por practicar varias declaraciones testificales de cuyo resultado, a su vez, “pueda surgir la necesidad de perfilar y concretar hechos, datos o cuestiones relevantes”. De hecho, Anticorrupción abrió la pasada semana la puerta a llamar a declarar como testigo al actual presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, quien, pese a haber sido el número dos del expresidente Francisco González, no ha sido citado hasta la fecha a comparecer ante el magistrado.

La resolución judicial sirve también para que el magistrado acuerde nuevas diligencias, todas ellas solicitadas por Anticorrupción. Así, además de recordar a las partes que nombren a sus peritos para analizar los hits, solicita nueva documentación al BBVA, aunque admite que el banco, en su situación de imputado como persona jurídica, no está obligada a entregarla. En concreto, le pide las diferentes versiones que tuviera sobre la norma interna de “atenciones especiales de Navidad” (el juez investiga la entraga de regalos a mandos policiales) y la identidad de los providers officers [responsables de cumplimiento normativo del banco] que este hubiera nombrado hasta 2018 para los casos de cohecho, contra la intimidad y corrupción, los delitos que se investigan en la causa.

De este modo, García-Castellón hace suyos los argumentos esgrimidos por la Fiscalía en el escrito en el que se mostraba favorable a la prórroga de la causa y en la que destacaba, entre las motivos que habían impedido concluir la causa, la complejidad de la misma, con un elevado volumen de documentación (26 tomos, 8.607 folios, casi 21.000 acontecimientos y “múltiples pruebas documentales en formato electrónico”), su vinculación con otras piezas separadas del caso Tándem y la dificultad añadida que supuso tener que “desencriptar primero y valorar después la ingente documental que fue intervenida [al policía retirado] en los múltiplos registros practicados”.

La prórroga supone un varapalo para el BBVA, que ha solicitado de manera reiterada concluir la instrucción de la causa. En este ocasión, la defensa de la entidad financiera había esgrimido un auto de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional de la semana pasada en el que, si bien desestimaba un anterior recurso del banco contra la anterior prórroga, los magistrados apuntaban que el juez debería dar “por finalizada la fase de instrucción o investigación judicial” el próximo 29 de julio. En su escrito de este martes, García-Castellón rechaza este argumento al considerar que para dar cumplimiento a esta resolución debe disponer, precisamente, de más tiempo para las prácticas de las nuevas diligencias al considerar que es “la forma idónea para disponer lo necesario para la conclusión de esta instrucción”.

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