Anticorrupción abre la puerta a que Carlos Torres testifique por los contratos del BBVA con Villarejo

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en el que abre la puerta a llamar a declarar como testigo al actual presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, por las supuestas irregularidades en los contratos de la entidad financiera con el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Pese a haber sido el número dos del expresidente Francisco González, ya imputado en la causa, Torres no ha sido citado hasta la fecha a comparecer ante el magistrado.

Los dos fiscales del caso, Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro, plantean ahora esta posibilidad en caso de que prospere el recurso que el banco presentó el pasado 5 de julio para oponerse a la declaración de la directora de los Servicios Jurídicos del banco, María Jesús Arribas de Paz, prevista para este viernes. La defensa del BBVA y Anticorrupción mantienen desde hace tiempo un fuerte enfrentamiento en la causa, con acusaciones cruzadas.

En este caso, el banco ha pedido que Arribas no declare al considerar que forma parte del “equipo de defensa” de la entidad al mantener, por su cargo, un estrecho contacto con el despacho de abogados contratado para defender a la entidad, imputada en la causa como persona jurídica. Por ello, BBVA considera que Arribas está amparada por el secreto profesional de los profesionales de la abogacía. Además, la entidad insisten en que ella no tuvo “ningún conocimiento inmediato” ―y, por tanto, concluye que no puede aportar información relevante a la investigación― de los contratos del banco con Villarejo, que se desarrollaron entre 2004 y 2017 y por los que el policía retirado percibió 10,3 millones de euros.

Anticorrupción rechaza ambos argumentos en su escrito. En primer lugar, niega que Arribas forme parte del equipo legal del banco en el caso y reduce su papel dentro de la entidad al de “una licenciada en derecho encargada del departamento jurídico corporativo” a la que no le ampara más confidencialidad que la que se derive de su contrato de alta dirección. Por tanto, insiste que su declaración no vulnera ni el derecho de defensa del banco ni su secreto profesional.

Sobre el supuesto desconocimiento de la directora de los Servicios Jurídicos sobre los vínculos del banco con el comisario antes de que estallase el escándalo, la Fiscalía destaca que existe en el sumario un correo electrónico que Arribas recibió de otra empleada de la entidad en noviembre de 2017 ―cuando se produjo la detención del comisario pero aún no se había abierto la pieza sobre sus trabajos presuntamente ilegales para el banco― que revela que ya en aquella fecha ella “era conocedora de la existencia de Cenyt [la empresa utilizada por Villarejo como epicentro de su trama societaria], así como que tal empresa se encontraba con contrato vigente con el BBVA”.

En este punto, Anticorrupción destaca que el Consejo de Administración del BBVA celebrado el 30 de julio de 2019 acordó que fueran Torres y Arribas, de manera “indistinta y solidariamente”, quienes designaran tanto al directivo que a partir de ese momento debería representan al banco ante el juez, una vez que había sido imputado como persona jurídica unos días antes, así como a los abogados que conformarían el equipo jurídico de defensa de la entidad.

“Cabe inferir ―continúa el escrito de la fiscalía― del alto grado de conocimiento de lo que había pasado con Cenyt que tenían Carlos Torres Vila y María Jesús Arribas de Paz. No podemos compartir, que ello implique formar parte del ‘equipo de defensa’ pues, si la ejecución de la delegación la hubiese realizado Carlos Torres Vila, ¿formaría este parte del ‘equipo de defensa’? O, en tal caso, habría de ser citado éste al no ser abogado ante la imposibilidad de su subordinada”, señala Anticorrupción abriendo la puerta así a la citación de Torres ya que a él no le ampararía el secreto profesional que el banco esgrime para la directora de los Servicios Jurídicos.

El escrito recuerda también que unos meses antes de aquel consejo, el comité del banco se reunió para poner en marcha un proyecto en el que se comprobaría la relación entre el propio BBVA y las empresas de Villarejo. En ese encuentro participaron Torres y otros cuatro directivos del banco, y otros tres, entre ellos Arribas, fueron “expresamente convocados” a participar pese a no formar parte del mismo. De estos últimos, el escrito recalca que solo queda por declarar, precisamente, la directora de los Servicios Jurídicos.

El escrito de Anticorrupción es un nuevo episodio del enfrentamiento que mantiene con la defensa del BBVA en la causa y que tuvo su episodio anterior el pasado enero, cuando los fiscales presentaron un escrito para solicitar la prórroga de la investigación judicial por otros seis meses en el que acusaban al banco de los retrasos en las pesquisas por haber aportado “información parcial y sesgada”, entregado correos electrónicos “incompletos” y dificultado “cada intento de recabar las pruebas”. No era la primera vez que lo hacía. En julio de 2021, en otro escrito para solicitar la prórroga de la investigación, la fiscalía ya apuntaba que la presunta colaboración que el BBVA aseguraba en sus escritos estar prestando en las pesquisas no era real.

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