El Gobierno estudia complementar el nuevo impuesto a las grandes fortunas con un recargo en el IRPF

El Gobierno no solo trabaja en la creación de un nuevo impuesto para que las grandes fortunas aporten más, que se sumaría al ya existente sobre el patrimonio neto de los más ricos. En paralelo, también estudia aplicar un recargo en el IRPF para los más acaudalados, con un alza en los tipos de la base imponible del ahorro, según fuentes gubernamentales. Esta última medida afectaría a los incrementos de patrimonio, como los ingresos obtenidos por la venta de un inmueble, así como los rendimientos generados por activos financieros.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó el jueves que el nuevo gravamen a las grandes fortunas sobre el que trabaja el Ejecutivo tendrá carácter temporal y entraría en vigor a principios de 2023. La ministra no añadió más detalles, pero señaló que hay que estudiar cómo se tramita, ya que “no todo” puede entrar en los Presupuestos Generales del Estado. De hecho, las cuentas solo pueden incluir cambios en los tributos ya existentes, mientras que para la creación de nuevos gravámenes se precisa de una normativa ad hoc, y los técnicos de Hacienda están estudiando cómo hacer tributar más a las grandes fortunas sin caer en la doble imposición, al existir ya un impuesto que grava el patrimonio neto de los más ricos.

Este tributo, el impuesto de patrimonio, introducido a finales de los años setenta, suprimido en 2008 y recuperado en 2011, se liquida una vez al año y grava la riqueza en su conjunto, como bienes inmuebles, depósitos bancarios, dividendos y otros bienes suntuarios como joyas y obras de arte. Aunque su carácter sea estatal, es un impuesto cedido a las comunidades. Es decir, su gestión depende de los Gobiernos regionales y cada territorio pueda aplicar las deducciones y bonificaciones que considere en virtud de la autonomía fiscal. Hasta el punto de anular por completo la recaudación del tributo.

Es el caso de Madrid, la primera comunidad que bonificó al 100% el impuesto sobre el patrimonio, en 2008. Hasta ahora era la única autonomía en prever un beneficio fiscal tan generoso, pero el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, acaba de informar que la Junta seguirá la estela. El anuncio se suma a otras rebajas fiscales presentadas por las comunidades del PP y ha vuelto a encender el debate sobre la imposición a los más ricos y la armonización tributaria entre territorios.

“Sería bueno que todos cooperáramos para que la riqueza de nuestro país pudiera avanzar y prosperar, y que no existan paraísos fiscales ni en la UE, ni tampoco dentro de nuestro país”, insistió el jueves la titular de Hacienda, tras defender la necesidad de “pedir un mayor esfuerzo” a quienes están teniendo beneficios extraordinarios en la actual coyuntura de crisis económica. En este grupo metió a las compañías energéticas y la banca, para las cuales Hacienda ya ha diseñado un gravamen extraordinario y temporal por los ingresos adicionales procedentes del alza de tipos de interés y el encarecimiento de la energía. “Pero también es el caso de las grandes fortunas de nuestro país, a las que se les pide un esfuerzo temporal adicional”, añadió.

Montero aclaró que se empleará un “esquema similar” al utilizado para los nuevos gravámenes a las energéticas y a las entidades financieras, que no son impuestos, sino prestaciones patrimoniales de naturaleza pública —una especie de derrama— y que estarán vigentes durante dos años. “Nuestra idea es esa referencia y que entre en vigor lo antes posible, pero hay que esperar a que tengamos este impuesto”, dijo el jueves en una entrevista en el programa Al Rojo Vivo. “Lo que no tiene ninguna lógica es que el Gobierno de España asista a noticias de bajadas fiscales en los territorios mientras pedimos 140.000 millones a Europa [...], de la misma manera que no tiene sentido que haya comunidades autónomas que le piden dinero al Gobierno de España mientras que en el marco de sus competencias bajan los impuestos”, zanjó.

Podemos había propuesto en 2020, tras estallar la pandemia, sustituir el impuesto sobre el patrimonio con una nueva figura que gravara a los más ricos, sin posibilidad de bonificación por parte de las comunidades. La medida no salió adelante y la pasada primavera, a raíz de la crisis económica desatada por la invasión rusa de Ucrania, la formación morada volvió a presionar a su socio de Gobierno registrando una iniciativa legislativa para “complementar” el actual gravamen sobre la riqueza, elevando los tipos marginales y modificando los tramos para las fortunas de más de 10 millones de euros.

El recargo sobre las rentas del capital, en cambio, podría aprobarse a través de los Presupuestos. El Gobierno de coalición ya utilizó este instrumento para elevar los tipos sobre la base imponible del ahorro: en las cuentas de 2021 los subió en tres puntos para rentas del capital superiores a los 200.000 euros, y en dos para las rentas del trabajo por encima de los 300.000 euros. Pero aún tiene margen para elevarlos. El acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos preveía que el alza de tipos fuera más marcada para ambas bases imponibles: de dos y cuatro puntos para las rentas del trabajo que excedieran, respectivamente, los 130.000 y los 300.000 euros, y de cuatro puntos para las del ahorro de más de 140.000 euros. El documento también señala que “se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo”, sin dar más pistas sobre medidas concretas.