Montero precisa que el nuevo impuesto a las grandes fortunas será temporal y entrará en vigor en 2023

La ministra negocia con Unidas Podemos una nueva figura que será diferente al impuesto de patrimonio

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el pleno del Congreso de este jueves.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el pleno del Congreso de este jueves.Eduardo Parra (Europa Press)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este jueves que “el Gobierno está trabajando” en la creación de un nuevo impuesto temporal para las grandes fortunas, como viene reclamando Unidas Podemos, que entraría en vigor en 2023. El anuncio llega en medio de un encendido debate sobre la imposición fiscal a la riqueza, que ha vuelto a la palestra después de que Andalucía anunciara hace unos días la supresión del impuesto sobre el patrimonio, como ya ocurre en Madrid.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Montero ha defendido la necesidad de “pedir un mayor esfuerzo” a quienes tienen beneficios extraordinarios. “Es el caso de las eléctricas o de la banca, pero también de las grandes fortunas de nuestro país, a las que se les pide un esfuerzo temporal adicional. El Ministerio de Hacienda lleva unas cuantas semanas trabajando de una forma silenciosa”, ha añadido después en una entrevista en el programa Al Rojo Vivo. “El debate se ha acelerado con motivo de que algunas comunidades autónomas están utilizando una figura fiscal como es el impuesto de patrimonio para hacer una suerte de dumping fiscal”, ha añadido.

La ministra ha eludido dar detalles adicionales sobre la nueva figura, que será distinta a la que ya grava el patrimonio. Este tributo está cedido en la actualidad a las comunidades autónomas, que pueden aplicar deducciones y bonificaciones en el ejercicio de su autonomía fiscal. Grava la tenencia de activos —inmuebles, acciones, depósitos, etcétera— por encima de los 700.000 euros, excluidos 300.000 euros de vivienda habitual, y Madrid fue la primera comunidad en bonificarlo al 100%. Hasta ahora era la única, pero Andalucía acaba de anunciar que seguirá el mismo camino y Murcia también pretende moverse en esa dirección, alentando la competencia tributaria entre territorios a menos de un año de las elecciones autonómicas.

“Creo que sería bueno que todos cooperáramos para que la riqueza de nuestro país pudiera avanzar y prosperar, y que no existan paraísos fiscales ni en la UE, ni tampoco dentro de nuestro país”, ha insistido Montero. “Lo que no tiene ninguna lógica es que el Gobierno de España asista a noticias de bajadas fiscales en los territorios mientras pedimos 140.000 millones a Europa (....), de la misma manera que no tiene sentido que haya comunidades autónomas que le piden dinero al Gobierno de España mientras que en el marco de sus competencias bajan los impuestos, y no a cualquiera, sino al 0,2% en este caso de los andaluces, que deja de recaudar 120 millones de euros imprescindibles para la sanidad y la educación andaluza”.

El impuesto sobre el patrimonio recauda algo más de 1.000 millones —una cifra muy pequeña frente a los más de 90.000 millones del IRPF— y hay unos 200.000 contribuyentes obligados a declararlo. Podemos había propuesto en 2020, tras estallar la pandemia, sustituir este tributo con una nueva figura que gravara a los más ricos, sin posibilidad de bonificación por parte de las comunidades. Preveía un tipo del 2% para las fortunas superiores al millón de euros, del 2,5% a partir de los 10 millones, del 3% de los 50 millones para arriba y del 3,5% a partir de los 100 millones. La formación morada estimó recaudar hasta 11.000 millones con este nuevo gravamen, que no salió adelante. Esta primavera, a raíz de la crisis económica desatada por el conflicto en Ucrania, Podemos volvió a presionar a su socio de Gobierno registrando una iniciativa legislativa para “complementar” el actual impuesto sobre el patrimonio. La propuesta contemplaba, entre otros cambios, elevar los tipos marginales y modificar los tramos para las fortunas de más de 10 millones de euros, sin posibilidad de bonificación.

El comité de expertos para la reforma fiscal, que presentó sus conclusiones no vinculantes el pasado marzo, recomendó armonizar parcialmente los tributos cedidos a las comunidades, entre ellos el que grava el patrimonio y el sobre sucesiones y donaciones, si el legislador optara por mantenerlos.

Trámites

Montero ha asegurado que el gobierno está explorando “diferentes alternativas” para que la crisis derivada de la invasión rusa de Ucrania “no cargue sobre los de siempre, la clase media trabajadora”. “Hay que dejar que los técnicos trabajen”, ha matizado, y ha indicado que el Gobierno está trabajando en gestionar la crisis “de una manera distinta”. La nueva medida, ha aclarado, tendía una estructura parecida a los nuevos recargos a la banca y las energéticas que se están tramitando para gravar los ingresos extraordinarios de estos sectores —el primero por la subida de tipos de interés, y el segundo por los precios disparados de la energía— durante dos años.

“Vamos a utilizar un esquema similar al que hemos hecho con las empresas energéticas y con la banca, por tanto creemos que para los próximos dos años pudiéramos apoyar a esta familia”, ha dicho la ministra. “Nuestra idea es esa referencia y que entre en vigor lo antes posible, pero hay que esperar a que tengamos este impuesto”.

En este sentido, Montero ha señalado que el nuevo tributo entrará en vigor “en el plazo de tiempo más razonable” que, desde su punto de vista, es 2023. Sin embargo, ha subrayado que “habrá que ver la tramitación”, ya que “no todo” puede entrar en los Presupuestos. En este momento, el Gobierno está negociando las cuentas para 2023, que se presentarán previsiblemente en el Congreso en las próximas semanas. Estas, sin embargo, solo pueden incluir cambios a los impuestos ya existentes; la creación de nuevas figuras fiscales precisa tramitar una ley ad hoc.

La titular de Hacienda ya había adelantado que “todo el Gobierno” —es decir, tanto PSOE como Unidas Podemos— está estudiando nuevas fórmulas para que los más ricos contribuyan en mayor medida a la hacienda pública. Las posibles vías pasarían por introducir un recargo adicional en el impuesto sobre la renta o la creación de un nuevo tributo que grave el aumento de riqueza, al margen de una armonización fiscal entre comunidades que se abordaría en el marco de una reforma del sistema de financiación autonómico, que lleva pendiente desde 2014 y que, de momento, sigue aparcada. “Es de sentido común que aquellos que más tienen más aporten. Estamos hablando de una población millonaria (...) que, evidentemente, no supera el 1%”, ha insistido este jueves.

El Congreso prorroga las suspensión de las reglas fiscales

Los trámites para alumbrar los Presupuestos de 2023 se van cumpliendo paso a paso. El Ejecutivo ya aprobó el cuadro macroeconómico y el techo de gasto el pasado julio: las cifras a partir de las que se construyen las cuentas públicas. El Ministerio de Hacienda también dictó la orden con los principios y objetivos principales del proyecto financiero del próximo año y con el que reclamaba al resto de ministerios que presentaran sus propuestas. El Congreso de los Diputados refrendó este jueves la propuesta del Gobierno sobre las grandes cifras que son el germen del Presupuesto y, sobre todo, aprobó la prórroga de las reglas fiscales, un paso que allana el alumbramiento de las cuentas de 2023. 

La Comisión Europea autorizó a los países una cláusula de escape de las reglas fiscales durante los peores años de la pandemia. Bruselas amplió esta ventana para no tener que aplicar el corsé presupuestario, que introduce límites restrictivos a las cuentas, debido a la crisis energética y la guerra de Ucrania. De esta forma, las Administraciones públicas no están sujetas al cumplimiento estricto de los límites de déficit y deuda, lo que les otorga margen para aprobar medidas extraordinarias para apaciguar los efectos de la crisis inflacionaria y los rigores de la guerra. La medida fue aprobada por el bloque de investidura, integrado por el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Ciudadanos, el PNV, EH-Bildu, Más País-Equo, Coalición Canaria, el PRC y Teruel Existe. Vox y Foro Asturias votaron en contra y el PP, la CUP y Junts decidieron abstenerse. 

El Gobierno también ha informado en la Cámara baja del límite de gasto no financiero de 2023, conocido como techo de gasto. El límite de gasto asciende a 198.221 millones de euros, un 1,1% más que el año pasado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ocupará durante las próximas semanas el mayor protagonismo de entre los miembros del Consejo de Ministros porque se acercan las fechas para presentar los Presupuestos. Durante su intervención parlamentaria para defender el techo de gasto, reclamó al PP que abandone la “toxicidad política” y el “catastrofismo, el negacionismo y obstruccionismo, que no es proyecto de país”.

Montero trató de desmontar el pesimismo que está prendiendo sobre la economía. “No hay ningún dato” que permita prever una recesión en España, cuya economía mantiene un crecimiento “robusto”, dijo durante una entrevista en La Sexta. La ministra incidió en que los indicadores sitúan el crecimiento del PIB en alrededor del 4% este año y el 2% en 2023, unas siete décimas menos que la previsión oficial, dijo Montero, en línea con lo que prevén la mayoría de organismos nacionales e internacionales.

Sobre la firma

Laura Delle Femmine

Es redactora en la sección de Economía de EL PAÍS y está especializada en Hacienda. Es licenciada en Ciencias Internacionales y Diplomáticas por la Universidad de Trieste (Italia), Máster de Periodismo de EL PAÍS y Especialista en Información Económica por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

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