Los expertos abogan por fijar un mínimo en patrimonio y sucesiones y donaciones

El comité de expertos para la reforma fiscal, que acaba de presentar sus conclusiones tras 10 meses de trabajo, respalda el mantenimiento y una parcial armonización de los impuestos de sucesiones y donaciones y patrimonio. El grupo de sabios recuerda que estos dos tributos, que gravan la riqueza y están cedidos a las comunidades, no son de los más “adecuados” para descentralizar y sugiere fijar unos límites a la competencia autonómica. “La descentralización completa de la fiscalidad patrimonial personal puede provocar su reducción a la mínima expresión y, en el caso más extremo, su total desaparición, como consecuencia de la competencia fiscal entre territorios”, señala en el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria presentado el jueves.

Es el caso del gravamen sobre el patrimonio en Madrid ―la región de la capital no recauda nada por ello, al ser la única que lo tiene bonificado al 100%―, comunidad que desde el principio se ha opuesto a una eventual “armonización al alza” de los tributos cedidos. Si el Gobierno decidiera acatar la propuesta del comité, que no es vinculante, Madrid se vería abocada a empezar a cobrar el impuesto, una posibilidad que su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ya ha condenado, anunciando que pedirá “amparo” la las instituciones europeas para defender su autonomía fiscal.

El documento de los expertos, de casi 800 páginas, propone fijar unos límites mínimos de gravamen efectivo tanto en patrimonio como en sucesiones y donaciones a través de unos topes que limitarían el margen de maniobra de las comunidades.

En concreto, recomienda establecer un porcentaje máximo de elevación del mínimo exento de impuesto respecto al estatal ―los tributos están cedidos a las comunidades, pero su titularidad sigue siendo del Estado― y un porcentaje máximo de reducción de la tarifa estatal. También propone evaluar las deducciones y bonificaciones sobre la cuota. “Desde un punto de vista técnico, la mejor opción es la del establecimiento de un límite conjunto máximo cuantificado en términos porcentuales respecto a la cuota íntegra”, señala el documento, que no indica ningún porcentaje específico.

A la vez, el informe avanza una serie de propuestas para reformar estos tributos. En cuanto al impuesto sobre el patrimonio, propone fijar en el millón de euros la cuantía del mínimo exento estatal (ahora son 700.000), manteniendo las exenciones del patrimonio empresarial y profesional y de la vivienda habitual, aunque sometiéndolas a evaluación. Recomienda que la tarifa sea progresiva y vaya del 0,5% a un máximo que se sitúe en el entorno del 1% (actualmente, del 0,2% al 3,5%), y propone revisar al alza del límite conjunto de IRPF y patrimonio, actualmente del 60% de la base imponible del IRPF con una cuota mínima del 20%. También en sucesiones y donaciones se avanza una serie de propuestas, como mantener la reducción por transmisión de vivienda habitual y subirla del 95% al 100% si el heredero vive en ella, eliminar el ajuar doméstico del tributo, poner un mínimo exento elevado y poner una escala de gravamen “moderada” para los familiares cercanos.

El documento también reconoce que la supresión de los impuestos de patrimonio y sucesiones y donaciones es posible, si así lo decidiera el legislador. Alerta, sin embargo, que si se optara por hacerlo habría que garantizar que la riqueza personal se continuara gravando por otras vías.

Equilibrio

Jesús Ruiz-Huerta, presidente del comité de expertos, explicó durante la presentación del libro blanco que una parcial armonización de los gravámenes a la riqueza pretende evitar vaciar de contenido estos impuestos y “garantizar un cierto equilibrio” competencial, dejando de todas formas un margen a las comunidades para actuar. El informe subraya que la desigualdad de riqueza es más amplia que la de la renta y que el hecho que la riqueza contribuya al proceso de consolidación fiscal derivado del incremento del gasto público y del endeudamiento causado por la pandemia “es una razón adicional para disponer de estos impuestos”, que han vivido una competencia a la baja entre comunidades.

Aunque los Gobiernos regionales no fueron llamados a participar en la elaboración del informe, se les preguntó su opinión sobre una eventual armonización de los tributos cedidos. Cinco de ellas, las gobernadas por el PP, se opusieron a la idea de reducir su competencia normativa sobre sucesiones y donaciones y patrimonio, en particular Madrid, Murcia y Andalucía.

Según los expertos, el resultado de la competencia fiscal en este tipo de impuestos “puede ser paradójico” y vulnerar el principio de solidaridad. “El uso pleno de la autonomía tributaria en un área concreta de la imposición por parte de algunas comunidades inicia un proceso que resulta en una reducción del conjunto de los recursos de las comunidades, minorando su suficiencia y autonomía financiera, y condicionando las decisiones de las comunidades en otras figuras impositivas sobre las que tienen capacidad normativa”.

“En definitiva, el Comité entiende que es necesario un grado de coordinación mayor que el actual en las competencias normativas de las comunidades autónomas de régimen común en el impuesto sobre el patrimonio y en el impuesto de sucesiones y donaciones. Ello redundaría en un mejor cumplimiento de los principios constitucionales del artículo 31.1 CE [Constitución Española] y permitiría salvaguardar la existencia de las propias figuras tributarias, además de mejorar la propia eficiencia, evitando el socavamiento competencial y recaudatorio entre comunidades autónomas”, señala el informe.