El CES tacha de ineficaz y regresiva la bonificación a los combustibles

El Consejo Económico y Social (CES) ha sido claro: entre las medidas que considera más elementales para luchar contra el alza de los precios, singularmente el energético, está la fijación de un tope máximo al gas, mientras que la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible “ha resultado ineficaz en su objetivo de reducción de precios”. La medida, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que prorrogará durante tres meses más, es además “regresiva” fiscalmente y “choca con el objetivo de descarbonizar la economía”, añade el organismo en su Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral España 2021, presentada este miércoles.

“La medida más relevante para controlar el aumento de los precios será la fijación del precio máximo del gas, y es, además, un paso positivo para el control de la inflación que puede ayudar a reducir los beneficios extraordinarios del sector energético”, ha indicado este miércoles Raymond Torres, miembro del CES y presidente de la comisión que ha elaborado la memoria.

En cuanto a la desigualdad, el CES considera necesario aumentar la inversión en protección social y su alcance distributivo, ya que la capacidad de prevenir este fenómeno es “limitada” en España en relación con otros países. Por ello, y tomando como problema inmediato a solucionar la subida de los costes energéticos ―que afecta en mayor grado a los hogares con rentas más bajas―, el organismo público valora positivamente la creación de una prestación similar a la del Ingreso Mínimo Vital (IMV) con la que combatir la pobreza energética.

“La experiencia del IMV nos permite ahora saber cómo gestionar mejor un mecanismo como este, puesto que la Administración ha mejorado sus capacidades. Este instrumento de alivio hacia los hogares más afectados por la subida de precios puede funcionar con más rapidez y eficacia que lo que pudo funcionar el IMV”, ha indicado Costas.

En lo relacionado con la transición energética, el CES considera que España cuenta como fortaleza sus recursos renovables abundantes, y que frente a esta circunstancia, el riesgo se focaliza en que un ritmo excesivamente pausado podría causar efectos negativos en el medioambiente, además de “desajustes económicos, laborales y sociales que generen desafección en la ciudadanía”. Esta transición, entiende el organismo público, debe velar por ser justa para el pequeño tejido empresarial, apoyarse en “una digitalización sin brechas”, estar presente en el medio rural y ser inclusiva desde el punto de vista económico. Para ello, será necesario “contar con el diálogo social y una cooperación interinstitucional a todos los niveles de la Administración”.

Revisión a la baja

El documento valora que la mejora del contexto económico internacional, junto al éxito del proceso de vacunación, al dinamismo del empleo y la prolongación del tono expansivo de las políticas de demanda, permitieran el crecimiento de la economía española en un 5,1%, tras la caída del 10,8% de 2020. Sin embargo, los efectos inflacionarios provocados por la guerra de Ucrania “han cambiado por completo el panorama”, dice la memoria, lo que ha llevado a “revisar a la baja todas las previsiones sobre el ritmo de avance de la recuperación”.

Frente a este cambio de escenario, el documento del organismo consultivo considera evidente “la necesidad de reformar el marco de reglas fiscales de la Unión Europea, para poder articular políticas fiscales discrecionales nacionales frente a perturbaciones inesperadas y permitir sendas de consolidación fiscal graduales a los países más endeudados como España”.

El CES alerta además de que la mejora en el mercado de trabajo “está mostrándose desigual”. En su memoria, advierte de que existe aún una participación laboral inferior a la 2019, especialmente entre aquellos trabajadores en edades más jóvenes y quienes querrían trabajar, pero no buscan activamente empleo. La creación neta de empleo, además, se está dando en actividades distintas a las que sufrieron una mayor caída por la pandemia. Una situación que, en opinión del CES, está provocando el declive de algunos sectores (como el textil) y está “polarizando” la estructura de las ocupaciones, distinguiendo aún más entre aquellas que requieren de altas o bajas cualificaciones.

El presidente del organismo, Antón Costas, ha apelado a la necesidad de expandir el mercado de trabajo para incorporar tanto a un mayor número de personas como a nuevos territorios con capacidad para atraerlas. “Necesitamos mejores empleos para más personas y en más lugares del país. No es, ni más ni menos, que el reto que teníamos antes de la pandemia, y que tenemos también ahora que nos estamos recuperando”, ha indicado este miércoles durante la exposición de la memoria.

Diálogo social

En la memoria, de más de 400 páginas, se repasan y evalúan las distintas actuaciones llevadas a cabo durante el año pasado para enfrentar los efectos de la pandemia, tanto en el panorama económico, como en el empleo y las relaciones laborales, y los efectos que estas tuvieron en términos de calidad de vida, protección e inclusión social.

Dentro del relanzamiento del empleo, el CES alaba la actuación del diálogo social, especialmente por su capacidad para implementar fórmulas como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Sin embargo, la incapacidad del Gobierno para sacar adelante el Pacto de Rentas, así como de sindicatos y empresarios para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), pronostica una serie de movilizaciones. “Tengo esperanza en que los agentes sociales tengan la capacidad que siempre han demostrado de llegar a un acuerdo”, ha indicado Costas.

Respecto a las vacantes que recoge el mercado de trabajo (algo más de 109.000 puestos), la memoria del CES considera necesaria la “intermediación de los servicios públicos de empleo para lograr un mejor encaje entre la oferta y la demanda del empleo”. Así mismo, valora las posibilidades que ofrece la digitalización, puesto que “tiene el potencial de crear mejores empleos y de generar trabajo decente” a pesar de que, de la misma manera, “puede abrir nuevas brechas laborales o ampliar algunas existentes”. Para el órgano consultivo, resulta “aconsejable integrar el tratamiento de estas nuevas realidades en los instrumentos de las relaciones laborales, entre otros, en la negociación colectiva”.