A más derechos sociales, mejor economía

El reciente acuerdo sobre la reforma laboral entre gobierno, patronales y sindicatos constituye una decisión muy relevante en sí misma porque refuerza la cultura del pacto en la regulación de las condiciones de trabajo. El acuerdo es una muestra de la responsabilidad de los firmantes que han comprendido la necesidad de establecer complicidades para asegurar la viabilidad de las empresas y la confianza que precisa la economía. Este consenso constituye el pilar más sólido de la estabilidad económica de este país a pesar de la escandalosa ausencia de la oposición.

El acuerdo pone de relieve la relevancia de los sindicatos y de las organizaciones empresariales para garantizar la recuperación económica y ofrecer una plena confianza a nuestros socios europeos.

El presidente de Estados Unidos Joe Biden fue de los primeros en darse cuenta de la relevancia de contar con sindicatos con una gran capacidad de negociación para recuperar la economía. En su discurso del pasado abril recordó: “Wall Street no construyó este país. La clase media construyó este país. Y los sindicatos construyeron la clase media. Por eso pido al Congreso que apruebe la Ley PRO para proteger el derecho a sindicalizarse”.

En el pensamiento económico se está produciendo un giro al constatar que la desregulación y la pérdida de derechos conduce a sociedades con trabajadores empobrecidos y sin perspectivas de futuro que acaban renunciando a este tipo de empleo.

El profesor Adrián Todolí Signes, de la Universidad de Valencia, ha desmontado los mitos sobre regulación laboral que han dominado durante los últimos cuarenta años. En su libro Regulación del Trabajo y Política Económica (Thomson Reuters Aranzadi), ha mostrado la falta de fundamento de ideas dominantes como que las instituciones laborales pueden provocar desempleo y que la intervención legislativa causará ineficiencias en el mercado de trabajo. Todolí después de examinar múltiples estudios empíricos concluye que “la intervención en el mercado de trabajo, y los derechos laborales, mejoran la eficiencia, la productividad y pueden ayudar a la creación de empleo”.

El autor también discrepa de algunos académicos progresistas que sostenían que “las reformas laborales ni crean ni destruyen empleo”. En su opinión esta afirmación era un mecanismo de defensa que trataban de evitar la desregulación del mercado de trabajo. Todolí desmonta el mito de la no intervención y defiende la “necesidad del Derecho del trabajo por razones de eficiencia económica, de redistribución de la riqueza, de meritocracia y de igualdad”.

Su tesis es que “una buena regulación laboral permite mejorar la eficiencia, impulsar la innovación, mejorar la inversión en capital humano y en formación, inducir hacia una competencia en calidad de los productos y no en costes laborales, así como facilitar el incremento en el tamaño de las empresas para permitirle aprovechar las economías de escala de la inversión realizada”.

Y recuerda una realidad incontestable: los años dorados del capitalismo – los de mayor crecimiento económico- han coincidido con los años en que las protecciones laborales eran más fuertes. Unas nuevas ideas que deberían estar presentes en las negociaciones pendientes.