Los productores estiman en 4.500 millones los efectos del pirateo
Los productores audiovisuales perdieron el pasado año 4.500 millones de pesetas debido a la emisión y retransmisión no autorizada de obras y programas a través de televisiones locales, redes de cable, hoteles, comunidades de propietarios y otros usuarios, según datos facilitados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA). No obstante, el daño económico causado por este tipo de fraude ha disminuido un 40% en el último año, al pasar de 7.500 millones de pérdidas en 1997 a 4.500 millones en 1998.Destaca el descenso en la piratería por emisión de películas sin autorización a través de las TV locales por ondas y cable. Esta actividad fraudulenta provocó pérdidas de 1.500 millones de pesetas el pasado año, un 63% menos que en 1997, en el que el fraude alcanzó los 4.000 millones. La reducción de las pérdidas se debe a las numerosas acciones penales llevadas a cabo sobre emisoras locales que emitían películas de manera ilegal.
El fraude por retransmisión consiste en la emisión no autorizada de programas de televisión que se efectúa en hoteles, redes de cable y otros lugares abiertos al público, sin abonar los derechos correspondientes a los titulares. En este capítulo, según cifras de EGEDA, el fraude también ha descendido notablemente, al pasar de los 3.500 millones de pérdidas detectados en 1997 a 2.500 millones en el ejercicio de 1998. En el volumen total de pérdidas de los productores audiovisuales hay que contabilizar otros 400 millones por el fraude detectado en el pago del canon por copia privada. En este apartado el volumen de fraude era del 70% en el año 1993, frente al 10-15% registrado en la actualidad.
La Ley de Propiedad Intelectual establece que los autores, artistas, intérpretes y productores tienen derecho a una remuneración compensatoria por las reproducciones de obras efectuadas exclusivamente para uso personal. Esta remuneración es exigible a fabricantes e importadores de equipos y cintas de audio y vídeo, y se hace efectiva a través de las entidades de gestión, que proceden a su reparto.
