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El Partido Comunista chileno tensa la cuerda con Boric en el 50º aniversario del golpe de Estado

Un grupo de parlamentarios del oficialismo y 160 agrupaciones de derechos humanos han pedido la renuncia del escritor Patricio Fernández, asesor del presidente, acusándolo de relativizar el golpe de 1973. La imputación tiene divididas a las izquierdas

Ana María Sanhueza
Patricio Fernández, asesor del Gobierno de Gabriel Boric para la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado
El escritor Patricio Fernández, asesor del presidente chileno Gabriel Boric para los 50 años del golpe de Estado, en el excentro de prisioneros políticos de Isla Dawson, en junio de 2023Cristian Soto Quiroz

El 11 de septiembre se cumplen 50 años del golpe de Estado que arrancó con una dictadura en Chile que lideró el exgeneral de Ejército Augusto Pinochet (1973-1990) junto a las Fuerzas Armadas y por la que aún existen 1.469 víctimas de desaparición forzada. Es una conmemoración que está a cargo del Ministerio de las Culturas y las Artes, pero el presidente de izquierdas, Gabriel Boric, nombró en noviembre de 2022 a Patricio Fernández, de centroizquierda pero sin militancia, como asesor principal en el marco del aniversario. Ocho meses después, el escritor enfrenta una petición de renuncia que impulsan 13 diputados del oficialismo, la mayoría del Partido Comunista que forma parte importante del Ejecutivo, que lo han acusado de relativizar el golpe. Es una situación que se ha ido complejizando. Este jueves, dado el conflicto, el Gobierno suspendió el lanzamiento del proyecto Árboles por la memoria luego de que la red de Sitios de Memoria se negara a participar mientras él siga en su puesto.

Fernández, exconstituyente adscrito como independiente al Colectivo Socialista en el fallido primer proceso constitucional de 2022, fundó en 1998 del semanario de izquierda The Clinic, nombrado así para festinar la detención de Pinochet en la London Clinic, en Londres, donde estuvo preso por orden del exjuez español Baltasar Garzón acusado por crímenes de lesa humanidad. Cercano a Boric, desde que asumió ha sido una figura clave en la conmemoración de los 50 años del golpe, y en junio pasado participó en el viaje al excentro de detención de la dictadura Isla Dawson junto a expresos políticos, la Armada chilena y la ministra de Defensa Maya Fernández, nieta del derrocado presidente Salvador Allende (1970-1973).

También, en su papel de asesor de la conmemoración, cuyo relato el Gobierno centró en los ejes memoria, democracia y futuro, ha sido protagonista de foros y un entrevistado habitual en torno a los 50 años. Fue en una de estas instancias, en el programa de conversación de Radio Universidad de Chile Tras las líneas del 13 de junio, donde se originó el problema. En el espacio que conduce el sociólogo y politólogo de izquierda Manuel Antonio Garretón, y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Fernández pronunció una frase que indignó al grupo parlamentario, entre ellos las diputadas comunistas Lorena Pizarro y Carmen Hertz, y 160 agrupaciones de derechos humanos. A su juicio, el escritor relativizó el golpe de Estado, por lo que pidieron al Gobierno que renuncie.

El programa duró casi 50 minutos y, por redes sociales, se difundió una parte de diálogo –de menos de dos minutos– que dio pie a las imputaciones. En la conversación, Garretón le planteó a Fernández si en esta conmemoración se podían buscar “mínimos comunes”, y recordó que aún existe un porcentaje de chilenos que justifican el golpe. “El golpe no es solo el golpe, también son los crímenes, entonces, lo que tú estás diciendo, no tú, sino los que están en esta posición, es que lo se hizo fue necesario y mientras te diga eso, tú no vas a tener una sociedad, una comunidad histórica y principios comunes”, señaló previamente el sociólogo.

“Es precisamente en esa dirección lo que apunta lo que te digo”, continuó Fernández. Y luego dijo la frase que hoy le cuestionan: “¿Cuál creo yo que es el empeño central que estamos retados a estas alturas? La historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones del golpe de Estado. Eso lo vemos o vamos a seguir viendo. Lo que uno podría empujar, con todo el ímpetu y con toda la voluntad, es decir: ‘Okey, tú podrás, y los historiadores y los politólogos, podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso, pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio. O sea, si tú aceptas que efectivamente para llevar adelante tus ideas es una posibilidad válida el perseguir con las fuerzas del Estado al que piensa distinto, eliminarlo, suprimirlo, etcétera, la construcción de la convivencia pacífica se vuelve imposible”.

Las palabras de Fernández seguían la línea del mismo presidente Boric, que el 4 de junio, en un programa de televisión, habló del consenso básico del respeto a los derechos humanos y agegó: “Se habla mucho de la Unidad Popular, y vale la pena (decir) que es un período a revisar”, dijo el mandatario de 37 años. “Desde la izquierda tenemos que ser capaces de analizarlo con mucho mayor detalle y no solamente desde una perspectiva mítica”.

Un debate entre las izquierdas

Una de las primeras en concretar las críticas contra Fernández fue la diputada Pizarro, además expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). “¿Ahora un golpe de Estado se puede justificar? ¿Ahora la dictadura hay que separarla del Golpe cívico-militar. Impresentable e inaudito. Qué peligrosa que es la relativización de un golpe criminal, y más aun si viene del encargado de los 50 años por parte del Gobierno. Así no”, escribió hace una semana en su cuenta de Twitter en un mensaje que puso sobre el vídeo del diálogo entre Fernández y Garretón.

Pero lo que no llegó a las redes sociales fue lo que ocurrió luego de la frase de Fernández. Segundos después, Garretón señaló, tras un breve recuento histórico de hechos, que jamás debiese haber ese tipo de intervención (el golpe). “Estamos hablando de lo mismo y quizás hay un mal entendido de lenguaje”, continuó Fernández. Y agregó que lo que ocurrió (el golpe) “tuvo consecuencias para vidas humanas, familias y para el alma de un país. O sea rompe, de manera muy profunda, una posibilidad de aprendizaje. Estoy de acuerdo contigo”. Y continuó: “Pongámoslo (el golpe) en el momento en que despegan los aviones que van a bombardear La Moneda, ni siquiera cuando la bombardean. Vamos a acordar que ese no es el camino de solución de conflictos”.

Fue un diálogo en que ambos estuvieron de acuerdo. Tanto es así que, tras las críticas a Fernández, Garretón dijo que “muchas de las interpretaciones que se han hecho no consideran ni el conjunto ni el fondo de la conversación”. “Respecto del punto que más se ha resaltado, Patricio Fernández y yo concordamos en que el golpe militar no tiene ninguna justificación, ni explicación ni contexto que permitan legitimarlo”.

Con los días, sin embargo, se sumaron más detractores. La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, por ejemplo, en una declaración señaló: “El señor Fernández de manera muy evidente ha eludido condenar, como se debe condenar, una acción de fuerza encabezada por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el director general de Carabineros como fue el golpe de Estado”.

Las acusaciones en su contra han abierto un debate entre las izquierdas, que tiene al PC y a las organizaciones de derechos humanos de un lado. Y una de las varias voces que han salido en su defensa es la de exministra del Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) Paulina Veloso, cuyo marido, el chileno-suizo Alexei Jaccard, es detenido desparecido. “Escuché la entrevista y él no es un negacionista. No entiendo que Patricio Fernández minimizara las violaciones a los derechos humanos y tampoco que no las conectara con el golpe de Estado, entendiendo que ambos son condenables. Él dice que parte de la derecha sí hace una desconexión y plantea que, por lo menos, pongámosnos de acuerdo con que las violaciones a los derechos humanos no son aceptables en ninguna circunstancia”, señala la abogada a EL PAÍS.

“Patricio Fernández tiene una mirada muy clara en cuanto a las violaciones a los derechos humanos. No tengo ningún nexo con él y lo he defendido por un principio: uno no puede tergiversar las posiciones de otro, aunque ese otro no le guste. Es fundamental tener un debate honesto que ayude a avanzar y no uno que no nos deje mirar lo que ocurrió y el futuro”. “A las agrupaciones de derechos humanos les tengo el máximo respeto. Fueron luchadoras muy importantes contra la dictadura. No fueron las únicas, también estaban los partidos políticos, donde justamente están las personas que desaparecieron y fueron ejecutadas. Las aprecio y empatizo con el dolor y con cierta desidia que ha habido de parte del Estado”, agrega la abogada.

El sociólogo Ernesto Ottone, exasesor clave del presidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006) y quien en el Gobierno de Allende fue un importante militante comunista, dice que si Boric nombró al escritor como asesor, lo hizo pensando en que “no fuera solo una persona apologética de una parte y de una demonización de la otra”. “Él tiene una clara posición, que comparto: no solo condena el golpe de Estado, sino que ha tenido una crítica permanente a la dictadura. Su declaración es reflexiva y clara, pero a la vez constructiva hacia el futuro. Es necesario hacer un análisis que no sea puramente partisano”, asegura.

Fernández se refirió el 3 de julio a las acusaciones en su contra. “Uno se ha dedicado buena parte de su vida a que sea justamente la verdad y la historia compartida lo que más se sepa, de manera que no soy un negacionista”, dijo en medio de la tempestad. “Uno está aquí para tratar de ayudar y que haya una conmemoración lo más inclusiva, amistosa, reflexiva y productiva posible. Todo lo que sea ser útil para eso, muy bien, y lo que sea inútil para eso, dificultoso para eso, que se solucione”.

Y, ante la petición para que renuncie, dijo: “He pensado de todo”.

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Sobre la firma

Ana María Sanhueza
Es periodista de EL PAÍS en Chile, especializada en justicia y derechos humanos. Ha trabajado en los principales medios locales, entre ellos revista 'Qué Pasa', 'La Tercera' y 'The Clinic', donde fue editora. Es coautora del libro 'Spiniak y los demonios de la Plaza de Armas' y de 'Los archivos del cardenal', 1 y 2.

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