Los obispos crearán una “comisión nacional de arbitraje” para estudiar las denuncias de abusos y reparar a las víctimas

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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Los obispos españoles crearán “una comisión nacional de arbitraje” para estudiar las denuncias de abusos y reparar a las víctimas de los casos que hayan prescrito judicialmente, incluso si el acusado ha fallecido. Así lo ha avanzado este jueves el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el obispo César García Magán, durante una rueda de prensa en Madrid. La comisión permanente de los obispos —uno de los órganos de decisión de la CEE— se ha reunido este martes y miércoles para debatir sobre uno de los puntos claves del escándalo de la pederastia en la Iglesia: la reparación de las víctimas y cuál será el modelo para pagar las indemnizaciones.

De momento, los prelados tienen un borrador de un plan integral de reparación —no solo económica, también psicológica y espiritual— del que no dan muchos detalles y que se presentará para su aprobación en marzo ante la plenaria de todos los purpurados españoles. Pero su secretario y portavoz ya ha informado sobre las líneas principales que van a seguir. Esta comisión nacional se apoyará en otra que se encargará de hacer un baremo de las indemnizaciones a pagar, siempre caso por caso. Ambos equipos, añade García Magán, estarán formados por expertos “reconocidos y con una pluralidad de procedencia” del ámbito jurídico, civil, canónico, médico y psicológico y solo analizarán los casos que no tengan recorrido en la justicia penal por prescripción o dentro de los tribunales eclesiásticos. Con este anuncio la Iglesia vuelve a apartarse de las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo, que pedía la creación de un fondo estatal común, y también de las de la auditoría que encargó al bufete Cremades & Calvo-Sotelo, que propone la puesta en marcha de un fondo eclesial de 50 millones de euros ampliable, para reparar a las víctimas, con indemnizaciones de entre 6.000 euros y 100.000 euros, y que esté coordinado por una comisión independiente.

El secretario ha remarcado que en el caso de que la víctima tenga que recibir una cuantía económica, esta la deberá pagar el agresor, y en el caso de que este haya fallecido lo hará la institución a la que pertenezca, como responsable civil subsidiaria, es decir, la diócesis o la orden religiosa. El procedimiento que tendrán que seguir las víctimas para ser reparadas aún no está claro, pero García Magán ha matizado que las denuncias que estudiarán estas comisiones “les llegarán a través de las oficinas de atención de víctimas” de los 70 obispados españoles y del centenar de órdenes religiosas. Por lo que se entiende que los afectados tendrán que acudir a estas entidades primero para que hagan una investigación previa de su caso.

García Magán no ha precisado más detalles sobre el plan de reparación, aunque ha insistido que “está orientado para evitar que los casos de abusos no vuelvan a repetirse y ofrecer a las víctimas, mirando al pasado y al presente, una reparación integral y adecuada, y buscando dar respuesta a lo que cada víctima requiera o presente”. Pese a que el pago por estos crímenes en otras Iglesias del mundo ha causado un terremoto financiero —algunas diócesis se han declarado en bancarrota—, García Magán señala que el objetivo de esta iniciativa de reparación no quiere centrarse en ese asunto: “En el plan está la dimensión económica, pero no queremos centrarlo en ello. Reducir el tema de las víctimas solo a lo económico me parece que es una mercantilización”.

En otros países la media por víctima es de unos 35.000 euros. Si se toma en cuenta la cifra de 2.056 personas que han sufrido abusos en el ámbito religioso que admite la CEE —este periódico contabiliza en su base de datos al menos 2.518— y esta media, la factura que debería pagar la Iglesia española es más de 71 millones de euros, en el caso de que todas estas víctimas solicitasen una indemnización y estas nuevas comisiones aceptasen su caso por válido. Por otro lado, los obispos no informan sobre cuánto han pagado ya a las víctimas en procesos penales o dentro de sus tribunales eclesiásticos.

Los únicos datos disponibles sobre esta cuestión están en la base de datos de EL PAÍS, recogidos de resoluciones judiciales e informaciones publicadas, y que señalan que desde 1991 la Iglesia ha pagado al menos 2,1 millones de euros a 230 víctimas que sufrieron abusos de 53 pederastas. Es decir, algo más del 11% de los agredidos reconocidos por la CEE. La gran mayoría de pagos han sido impuestos por un tribunal penal, y se desconoce si lo hizo el propio condenado de su bolsillo o lo aportó la orden o diócesis a la que pertenece. Solo en cuatro casos la Iglesia figura en las sentencias como responsable civil subsidiaria.

“Nos interesa la búsqueda de la verdad”

Otro de los temas tratados por la comisión permanente de la CEE ha sido la actualización del estudio sobre abusos Para dar luz que los obispos españoles han realizado paralelamente a la auditoría de Cremades. “Se han integrado las aportaciones y recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo y también de la auditoría que solicitó la CEE al bufete Cremades & Calvo-Sotelo, que como saben, se entregó en el mes de diciembre”, ha puntualizado el secretario, que ha valorado el estudio del despacho, “realizado con profundidad y profesionalidad”. No obstante, García Magán no ha respondido a las preguntas de la prensa de por qué la CEE no ha presentado públicamente la auditoría ante los medios, como sí han hecho las conferencias de otros países que encargaron investigaciones similares a comisiones independientes, y porqué escondieron el enlace de descarga para acceder a este documento en una discreta nota de prensa publicada el 20 de diciembre.

El secretario se ha limitado a decir: “Nos interesa la búsqueda de la verdad y de la justicia. Esclarecer los hechos, establecer responsabilidades”. Pero lo cierto es que, si se comparan el informe de Para dar luz y la auditoría de Cremades, se puede ver que la Iglesia no hace autocrítica de su gestión del escándalo y da una visión muy diferente de las actuaciones que ha seguido en los últimos cinco años. De hecho, no hace ninguna mención al estudio de Cremades sobre el encubrimiento de la pederastia —tampoco a lo que dice el Defensor al respecto— donde destaca que el sistema de ocultación por los obispos ha contribuido a mantener el problema en el tiempo y a impedir que se conociera la realidad.

La auditoría cita los traslados habituales de pederastas a otra localidad, parroquia o colegio: “Es evidente que con ello no se previene la comisión de abusos futuros y que lo único que se consigue con esta vía es desplazar el problema a otro lugar. En muchas ocasiones duele comprobar que se priorizó la protección de la institución y el posible escándalo sobre la protección del niño”. Este diario ha contabilizado que al menos 75 obispos y superiores religiosos están acusados de encubrir, silenciar o tapar casos de abusos, de los que 31 de ellos están aún vivos y, de ellos, 11 en activo. La Iglesia afirma que, a día de hoy, no hay ningún prelado acusado ni investigado por ello.