La UE pacta incluir el matrimonio forzado y la explotación de mujeres como vientres de alquiler en la ley contra la trata humana

La Eurocámara y el Consejo de la UE (los Estados) han alcanzado un acuerdo provisional para incluir el matrimonio forzado, la explotación de mujeres para la práctica de los vientres de alquiler y la adopción ilegal como nuevos tipos penales en la directiva europea para prevenir y combatir la trata de personas. De este modo, podrían ser penalizados con condenas que pueden ir de los cinco años de cárcel hasta los 10 en casos agravados.

“El tráfico humano es un acto criminal que tiene un alto coste humano”, ha recordado el viceprimer ministro y ministro de Justicia belga, Paul van Tigchelt, cuyo país ostenta este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. El acuerdo, que todavía debe ser ratificado por los Estados y el Parlamento Europeo antes de que la directiva, que data de 2011, pueda ser ampliada, “equipará mejor a los Estados miembros para combatir este crimen horrible en todas sus formas”, ha agregado.

En el caso de los vientres de alquiler, la penalización se centrará en la explotación de mujeres para esta práctica, con vistas a sancionar a quienes “coaccionen o engañen a las mujeres que deciden actuar como madres sustitutas”, es decir, como vientres de alquiler, especifica el texto. Esta figura ha sido incluida a instancias del Parlamento Europeo, que busca así además ofrecer protección y asistencia adecuada a estas víctimas. Mientras, los niños internados en instituciones y que sean reclutados por grupos criminales para cometer actividades delictivas serán considerados como grupos vulnerables.

La eurodiputada de Unidas Podemos María Eugenia Rodríguez Palop, una de las relatoras del texto, ha subrayado la importancia de poner al día la normativa que penaliza un problema extendido como es el tráfico de personas que, cada año, deja, según la Comisión Europea, solo en la UE al menos 7.000 víctimas, aunque se teme que la cifra sea mucho mayor, puesto que muchos de los afectados no son detectados. La mayor parte de las víctimas de trata son mujeres y niñas, aunque según los datos de la UE, también se ha incrementado la proporción de hombres, sobre todo para su explotación laboral.

“Había una imperiosa necesidad de reforma para ser más eficaces en la lucha contra este delito, pero sobre todo para fortalecer la asistencia, reparación y apoyo a las víctimas”, ha explicado Rodríguez Palop en rueda de prensa este miércoles. También ha destacado una mejora con el nuevo texto en la “prevención, investigación y persecución” de la trata, además de su “coordinación y monitoreo”, ya que el acuerdo prevé que los Estados cuenten con un coordinador nacional contra la trata y la obligación de tener planes nacionales, además de una mayor vigilancia y contabilidad de casos a nivel europeo.

También la Comisión ha celebrado el acuerdo alcanzado la noche del martes que, según ha afirmado, “proporcionará herramientas más fuertes a los agentes de la ley y las autoridades judiciales para investigar y perseguir nuevas formas de explotación, incluida la que sucede online”.

Y es que el acuerdo prevé establecer como agravante que el tráfico humano sea “realizado o facilitado” a través de tecnologías de la información y comunicación, incluidos internet y las redes sociales. Así, sobre todo en el caso de procesos por explotación sexual, este agravante permitirá imponer penas más duras. También se refuerzan las sanciones a personas jurídicas, como empresas, responsables de delitos de trata y que, con las nuevas reglas, podrán ser excluidas del acceso a la financiación pública, incluidos procesos de licitación, subvenciones, concesiones y licencias, y la retirada de permisos y autorizaciones para el ejercicio de actividades que hayan dado lugar a la infracción.

Con la reforma, también podrá ser penalizada con una sanción efectiva, proporcionada y disuasoria toda persona que emplee un servicio a sabiendas de que este es proporcionado por una víctima de trata, otro eje importante en la lucha sobre todo contra la explotación sexual, cuya demanda se espera empiece a reducirse de este modo.

“Con la revisión de esta directiva, hemos conseguido por primera vez criminalizar en los 27 Estados miembros a los usuarios de servicios prestados por víctimas de trata, incluida la explotación sexual, además de reforzar la protección y asistencia a las víctimas”, ha destacado al respecto el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, ponente en la sombra de la directiva y que también ha participado en las negociaciones para consensuar un texto con el Consejo. Una vez ratificado por todas las partes, la directiva ampliada entrará en vigor 20 días después de su publicación, aunque los Estados miembros tendrán dos años de tiempo para trasponer las provisiones a su legislación nacional.