Violencia psicológica: el desafío de llevar a juicio los puñetazos en la psique

Sibilina, sutil, sigilosa, intermitente, intangible, retorcida, traicionera. La violencia psicológica puede empezar con un silencio, o una mirada, y terminar con gritos, insultos, amenazas, chantajes o humillaciones. Ninguna de estas acciones deja marcas reconocibles en el cuerpo, pero pueden sentirse como puñetazos en el corazón y la psique y anteceder a otros ataques a los que a veces, después, se llega demasiado tarde para evitarlos. Identificar estas agresiones como delitos y medir los daños se convierte en un proceso complejo tanto para las víctimas, que se enfrentan a pruebas que quizás no aporten la evidencia suficiente para demostrar el maltrato en un proceso judicial, como para los jueces, que deben proteger la presunción de inocencia del acusado. Sin embargo, detectar y juzgar a tiempo este delito, penado en el artículo 153 del Código Penal, es clave para evitar una escalada de la violencia que, a veces, llega al asesinato.

Marta (nombre ficticio), una exitosa artista, está inmersa en un caso judicial a la espera de juicio tras denunciar a su expareja por violencia machista, mayoritariamente por maltrato psicológico: “Probablemente quede archivado, pero no necesito la aprobación de un juez para saber lo que he sufrido y al menos me escucharán. Es un delito y creo que hay que romper la espiral del silencio de esta violencia que pasa de generación en generación”. Marta, que cuando cuenta esto está a mitad del proceso, no tiene orden de alejamiento, pero sí protección policial.

Antes de atreverse a poner la denuncia tuvo que pasar un tiempo hasta enfrentarse al difícil impacto de reconocerse como víctima de maltrato e ir a la policía. El tiempo es, precisamente, una de las características en el delito de maltrato habitual (común en el psicológico) que se desprende de las sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo: “El retraso en denunciar no puede ser tenido en cuenta para minimizar la credibilidad de la declaración por las propias características de este tipo penal en el que el silencio de las víctimas se manifiesta como una de las más relevantes”. Estas sentencias también destacan la paralización de tomar decisiones libres, “ya que no es consciente de que esté siendo victimizada, porque la dominación y subyugación del autor del delito de maltrato permite conseguir que no pueda salir del ciclo de la violencia habitual”.

Para Marta, verse a sí misma con una carpeta para presentarla en los juzgados es un hito en una relación en la que, narra, ha pasado por una década de manipulaciones entreveradas con declaraciones de amor, graves mentiras, buen sexo, que él le registre el móvil, que compartan inquietudes genuinas, que él abuse de ella o la eche de casa por la noche. “Yo no sabía si me amaba o me odiaba”, explica en un relato que resume la “dependencia y el miedo” vivido. “Te sientes estafada”, “yo estaba muy enamorada de él”, “tenía miedo de hablarle porque todo podía generar un conflicto, luego pasábamos por algún ciclo bueno, aunque cada vez eran más breves”, “me hizo creer que yo tenía una enfermedad mental”, “no sé si voy a salir de esto”, “no vives, sobrevives”, son algunas de las frases que todavía pronuncia Marta.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón acumula una larga experiencia en casos de violencia de género: “La psicológica genera más daño que un bofetón. La física se cura, pero la psicológica te deja destrozado y cuesta revertirla. Quedan secuelas hasta superarlo, como una sensación de fracaso, de miedo, de inseguridad, de no valer nada”. Considera fundamental preparar y ordenar muy bien el contenido de la denuncia. “Y es muy importante un buen asesoramiento previo. Sin un apoyo jurídico la víctima por sí sola no va a poder afrontar adecuadamente todo el desarrollo del procedimiento penal. Es un proceso duro y es complicado acreditarlo”, detalla.

En la primera vista, Marta aportó dos informes psicológicos privados, ingresos en urgencias por ataques de ansiedad, capturas de pantalla de amenazas y difamación, parte médico de baja por incapacidad laboral temporal y tratamiento farmacológico, entre otros documentos. “Me ha sido muy difícil preparar el dosier con el relato de los hechos porque son eventos muy traumáticos”, reconoce Marta, que ha tenido que detener su carrera al verse incapaz de concentrarse para trabajar. “Cuando contacto con el dolor siento como que mi cuerpo se va a caer. Tu vida se detiene. Te destruye internamente, también profesionalmente”, añade.

“No encuentras muchas maneras de demostrarlo”

La historia de Marta se cruza en muchos puntos con la de Amparo (también nombre ficticio), una madre trabajadora en zona rural que veía muy complicado demostrar el sufrimiento que le generaban los gritos permanentes y los desprecios del padre de su hijo. Hasta que, por una grabación de una llamada de móvil en la que quedó registrada una fuerte amenaza del hombre, le otorgaron una orden de alejamiento. “Me descargué una aplicación para poder grabar cómo me trataba y eso sirvió”, cuenta con alivio.

“Si no, no encuentras muchas maneras de demostrarlo. Era mi palabra contra la suya, y se inventaba cosas. O llevas pruebas o nada”, añade esta mujer, que también podía aportar algunos testigos al caso. “Ahora cada vez que escucho voces o una discusión me recuerda a aquello y me desestabilizo. Al principio es superdifícil, pero después es un alivio. Es que si no, ¿cómo lo paras?”, plantea, mientras recuerda aquel trance como estar “muerta en vida”.

“La violencia psicológica tarda más en curarse que la física”, coincide Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, que insiste en la importancia de contar con una declaración muy bien elaborada. “Es esencial, y, como ha dicho el Tribunal Supremo, ya se puede condenar solo con la declaración si reúne una serie de requisitos que son la persistencia de la incriminación, que no haya motivos espúreos en la denuncia, que el relato sea coherente, contextualizado en tiempo y lugar...”, detalla.

Añade además otro tipo de pruebas como la exploración de menores o los testigos, presenciales o por referencias. “Contamos además con los letrados de la Administración de Justicia cotejando mensajes de WhatsApp o de redes sociales, de texto, de audio o de vídeo. También analizan si las mujeres tienen instaladas aplicaciones espías de geolocalización, esto es muy habitual. Otras pruebas pueden ser los dictámenes periciales, tanto oficiales como de parte”.

Carmona explica que, “normalmente”, cuando el juez detecta violencia habitual o psicológica pide un informe a las unidades de valoración forense integral, aunque no están obligados a seguir necesariamente sus conclusiones. “El juez se puede encontrar informes periciales contradictorios, por lo que no constriñe su decisión”, señala. Respecto a los informes periciales psicológicos de parte, no todas las mujeres pueden financiarlos, en ocasiones por la dependencia económica que se tiene del hombre.

Marta se ha sometido a uno privado que le costado unos 2.500 euros. “Igual que en otros casos se toman muestras biológicas para seguir un rastro, no entiendo cómo no se investiga el rastro psicológico que deja el maltratador en la víctima. Se podría saber, si nos hicieran un informe pericial oficial. Ahorraría muchísimo sufrimiento, tiempo y recursos. En nuestros síntomas está la prueba. Ahí está la evidencia”, considera Marta, que ya obtuvo un alta psicológica tras tratar un abuso sexual en la infancia y ha tenido que volver a terapia por trastorno de estrés postraumático, fobias, convulsiones, crisis de ansiedad, problemas de sueño, depresión, ideación suicida y ataques de pánico.

Un maltrato habitual que escapa a las pruebas

Lydia García, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, cuenta que la organización reclama que se realicen en todas las comunidades informes oficiales psicológicos antes de interponer la denuncia, cuando la mujer “está bloqueada por el miedo o la dependencia emocional”, indica. “Y sería además una prueba más objetiva que de parte. Puede ocurrir que la mujer se pase la denuncia entera llorando y que solo cuente el último grito o bofetón, pero eso es puntual. Se nos escapa el maltrato habitual y psicológico sutil que ha percibido durante años y que un psicólogo podría detectar. Ellas no suelen identificarlo, es más difícil de demostrar y puede darse sin que haya alguien delante”, contextualiza la abogada, que remarca además la sensación de fracaso cuando el caso es sobreseído por no poder demostrarlo. “Se quedan sin medidas de protección, y tienen que enfrentarse al maltratador de nuevo. Después de la denuncia no se les apoya bien”, observa García.

Marta ha acudido desde el principio a las Unidades de Atención a la Familia y la Mujer de la Policía Nacional (UFAM) y a través del Sistema de Seguimiento Integral en Casos de Violencia de Género (VioGén) se le otorgó en un primer momento un nivel de riesgo de 3 sobre 5. Se ha descargado en su móvil la aplicación Alertcops, que la geolocaliza cada 10 minutos, y tiene adjudicado un agente protector donde reside. La inspectora jefa de la UFAM central, Elena Palacios, lleva 35 años trabajando en este ámbito, y destaca la importancia de la formación especializada en género de su equipo: “Nosotros hacemos la interpretación de tipo penal de su relato y pretendemos acreditar la habitualidad de los comportamientos violentos a través de testimonios, indicios circundantes y pruebas. A veces lo minimizan, por eso tenemos que ayudar a que confíen en nosotros”.

Palacios detecta que estos delitos ocurren a mujeres de todos los ámbitos socioeconómicos y que suelen ir in crescendo. “El agresor disfruta viendo sufrir a la víctima, es una relación de poder. Si ella reacciona, entonces él responde con más violencia. No se conforma con la lágrima, quiere escuchar sus gritos de dolor”, detalla, y apunta lo fundamental de implicar a toda la sociedad en la detección del maltrato. Se muestra “muy preocupada” por el impacto en los adolescentes, fomentado por “la normalización de la pornografía” en los menores.

“He sentido un cuestionamiento continuo”

“La UFAM tiene empatía y conoce la realidad trágica de las víctimas, son facilitadores”, valora Marta, que habría agradecido más “humanidad” en los juzgados, algo que no considera incompatible “con un trabajo impecable”. Marta ve “que hay una campaña política para que se denuncie”, pero también lagunas: “No te cuentan la realidad judicial de después. Van como 30 años por detrás. Entiendo perfectamente que los jueces tienen que estar muy seguros de la veracidad del delito, pero yo he sentido un cuestionamiento continuo. Ante la imposibilidad de obtener una orden de alejamiento o de que tu caso se archive y el maltratador se sienta impune, el mensaje que recibes es: ‘cambia de ciudad, de trabajo, de vida y reclúyete’. El argumento es que es muy difícil restringirle a una persona el derecho a moverse libremente, sin embargo, piden que lo restrinjas tú”.

Carmona lamenta que no todos los jueces respondan a los protocolos específicos sobre cómo tomar declaración a una víctima de violencia machista: “Hacemos mucho esfuerzo en la formación especializada en esta jurisdicción. Este delito no es como cualquier otro, es fundamental que ella se sienta creída”, aclara la presidenta del observatorio, que recuerda que hay cursos de perspectiva de género disponibles para la judicatura y que ya están instaurados como obligatorios para pedir cualquier cambio de jurisdicción, entre otras medidas.

“Aunque está siendo durísimo, volvería a denunciar”, declara Marta, que también afirma que todo sería aún más doloroso y difícil si no hubiera recibido terapia y si no contara con ahorros y una red familiar y de amigos que la apoyan económicamente, la acompañan y la creen. “Cuando la gente te entiende, la reparación es más rápida. Es necesario un posicionamiento social hacia lo intolerable, hacia los delitos. Para mí, es cómplice quien no hace nada. La acción ciudadana es vital para frenar la violencia y parece que todavía no se entiende la dinámica del maltrato. Hay que romper el silencio, no es una tendencia, es una urgencia”.

En lo que va de año, 52 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.237 mujeres. Hay, además, dos casos en investigación.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.