El informe del Defensor del Pueblo revela al menos 232 nuevos casos de abusos que ocultaba la Iglesia
El cruce de cifras con la base de datos de EL PAÍS hace emerger numerosas denuncias que diócesis y órdenes no reconocían. Sumadas a otras 35 inéditas recogidas por Gabilondo, elevan el total de acusados a 1.303
EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.
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El informe sobre la pederastia del clero del Defensor del Pueblo, que estimó el viernes que un 1,13 % de la población ―equivalente a unas 440.000 personas― ha sufrido abusos en la infancia en entornos religiosos, tiene una importante laguna: no da una cifra mínima de casos conocidos. La institución recibió información de cientos de ellos a través de las tres fuentes de las que se ha nutrido de datos —su oficina de atención a víctimas, la propia Iglesia y la base de datos de EL PAÍS—, pero ha renunciado a hacerlo. Es cierto que los datos que le ha enviado la Iglesia han sido incompletos en muchos casos, pero era posible cruzar muchas de las denuncias, para evitar duplicidades, y obtener una cifra mínima. Este diario ha cotejado los datos disponibles en el informe con su base de datos, la única existente y de libre acceso, y emerge un volumen notable de casos de abusos que la Iglesia ocultaba hasta ahora: al menos 232 nuevos acusados, entre sacerdotes, religiosos o laicos vinculados al clero, y 253 nuevas víctimas.
Además, con la misma operación y cuando ha sido posible contrastarlo en el documento, pueden sumarse al menos 35 casos, también inéditos, entre los 487 recogidos directamente por la oficina del Defensor del Pueblo. De este modo, el total de acusados conocidos en la base de datos de este diario asciende ahora a 1.303, con 2.495 víctimas. Es decir, los casos descubiertos por el informe del Defensor suponen, como mínimo, una cuarta parte de los conocidos hasta ahora.
Es una cifra mínima, pues solo ha sido posible extraer los casos nuevos de las páginas del informe por eliminación, comparando el número de casos que ha comunicado cada orden y cada diócesis con los ya documentados por EL PAÍS. Es imposible, con la información disponible por el momento, comprobar si el resto son inéditos o están duplicados, así como los detalles de cada uno de esos nuevos casos. Tras años de ocultación de los casos, los datos que ahora da la Iglesia son un caos de cifras insuficientes, contradictorias y que impiden deliberadamente conocer la verdad. Diócesis y órdenes admiten al Defensor, respectivamente, 339 y 635 agresores, con un total de 1.385 víctimas, pero en muchos casos no dan detalles y no se puede saber si son nuevos o ya conocidos. Por su parte, la CEE da sus propios datos, las denuncias recogidas en las oficinas de atención a víctimas que los obispados tuvieron que crear en 2020, obligados por el Papa: reconocen, hasta 2022, 728 agresores y 927 víctimas. De nuevo, la CEE no aclara si hay casos duplicados o se deben sumar a los propios de las diócesis.
No obstante, el Defensor, que ha criticado la falta de colaboración de la Iglesia, sí ha divulgado al menos una lista de 780 colegios, parroquias y otros lugares donde se han registrado los abusos, elaborada con la información de órdenes y diócesis que sí han dado ese dato. Se puede consultar a continuación, a través de un buscador.
Han surgido 164 nuevos acusados en obispados y 68 en órdenes, casos que conocían y hasta ahora se habían negado a admitir. EL PAÍS pregunta desde hace cinco años por esos datos y apenas ha tenido respuesta. Y hasta hace dos años la Conferencia Episcopal Española (CEE) aseguraba que en España había “cero o muy pocas denuncias”, en palabras del entonces portavoz, Luis Argüello, en 2021. La CEE también se negaba a pedir a los obispos los casos que conocían y solo los han revelado ahora, y de forma incompleta y con reticencias, a petición del Defensor del Pueblo.
Bucear en las tablas del informe, en todo caso, aporta muchos detalles interesantes. Es relevante que hayan salido a la luz más casos nuevos en diócesis que en órdenes, en contra de la proporción general de los casos, donde los de congregaciones son la gran mayoría. Se debe a que la ocultación en los obispados en estos años ha sido mayor, muy pocos han accedido a revelar sus datos a este diario. Eso explica que se disparen en algunos lugares de forma sorprendente. Por ejemplo, en la diócesis de Córdoba: pasa de cinco acusados conocidos hasta ahora a 27, y de 12 víctimas a 32. El obispado cordobés nunca ha contestado a este periódico sobre cuántos casos conoce. Por el contrario, cuatro obispos que han pasado por su sede son sospechosos de encubrimiento: Juan José Asenjo, ex secretario general de la CEE, Manuel Fernández-Conde, Demetrio Fernández y Francisco Javier Martínez Fernández, antiguo miembro de la Comisión Permanente de la CEE.
De forma similar, el episcopado de Cuenca ha entregado al Defensor una decena de casos, ocho de ellos nuevos. Esta diócesis también se ha negado siempre a precisar sus investigaciones, a pesar de que uno de los casos está incluido en el primer informe de EL PAÍS de diciembre de 2021. El otro que también estaba contabilizado señala, además, a un antiguo obispo de esta diócesis, José Guerra Campos, ex secretario general de la CEE, por encubrir y trasladar al párroco de Mota del Cuervo en 1981 tras abusar de varios niños.
El encubrimiento es una de las grandes cuestiones ausentes en la información que han aportado órdenes y diócesis. Solo una, la de Plasencia, ha informado al Defensor que encubrió un caso de pederastia, aunque EL PAÍS ha publicado una lista de al menos 75 prelados o superiores de órdenes religiosas acusados de encubrir, tapar o silenciar abusos en el seno de la Iglesia. En el informe entregado por Gabilondo no aparece detallado los nombres de los acusados por encubrimiento.
Salamanca es otro caso particular. Según el informe del Defensor, el obispado señala solo tres casos, aunque este diario tiene registrados cinco, más siete de órdenes religiosas. Sin embargo, el estudio contabiliza ahora al menos 20 en toda la provincia.
Entre las órdenes religiosas, es de subrayar que las más grandes y que cuentan más casos siguen sin admitir muchos de los que han ido saliendo a la luz. Especialmente los jesuitas (admiten 119, pero constan 157), los salesianos (74 frente a 107 registrados) y La Salle (solo reconocen 27 de los 62 contabilizados por este diario). En el caso de La Salle no es una novedad, es de las pocas entidades religiosas que se han negado a investigar los casos que le ha llegado a raíz de los informes de EL PAÍS. Tampoco informa de las denuncias que ha recibido en sus oficinas. Su provincial, Jesús Miguel Zamora, es también el secretario general de la Confer (Confederación española de religiosos, que engloba a las principales órdenes de España).
En el informe del Defensor también se ha incluido una relación de localizaciones exactas donde tuvieron lugar los abusos. No están todas, ya que varias diócesis y órdenes no han aportado esos datos. De igual forma, el mapa que refleja es un claro ejemplo de la disparidad territorial en las denuncias. La provincia donde menos casos hay registrados es Guadalajara, con un agresor, y Madrid, la que más tiene, cuenta 112. Le siguen Barcelona con 73, Valencia con 35 y Bizkaia con 33. Al final de la lista, se encuentran Almería y Soria con dos, y Ávila y Segovia con tres.
Un dato interesante es que en el informe aparecen muchas pequeñas congregaciones religiosas que no contaban hasta ahora con casos registrados. Por ejemplo, los Focolares, con dos casos y dos víctimas; los Misioneros Javerianos, con dos casos y tres víctimas; y los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, con un caso y una víctima.
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