Los obispos piden perdón por los abusos y aceptan trabajar en la indemnización de las víctimas

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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Los obispos españoles, reunidos la tarde del lunes en asamblea extraordinaria para valorar el informe del Defensor del Pueblo sobre la pederastia del clero, han manifestado su “dolor por el daño causado por algunos miembros de la Iglesia”, han pedido perdón a las víctimas y consideran “valiosas” las recomendaciones del documento. En concreto, se han mostrado abiertos a “trabajar conjuntamente en la reparación integral de las víctimas y profundizar en los caminos para su protección, su acompañamiento y la prevención de los abusos”. Es una respuesta positiva a la propuesta del Defensor, Ángel Gabilondo, de crear un fondo de compensación, en el que colabore la Iglesia, para indemnizar a los afectados. Según el estudio, son un 1,13% de la población, porcentaje que equivale a unas 440.000 personas.

En una larga reunión marcada por las divisiones internas ante un informe que sido un duro golpe para la Iglesia, y tras casi seis horas, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha emitido un comunicado a última hora de la noche que evita el tono polémico, aunque repite la crítica que el sábado hizo su presidente, Juan José Omella: “Sorprende la extrapolación que se hace de los datos obtenidos en una encuesta adjunta al informe. No corresponden a la verdad ni representan al conjunto de sacerdotes y religiosos que trabajan lealmente y con entrega de su vida al servicio del Reino”.

Es la única objeción de la CEE, además de subrayar que la pederastia es un problema que “va más allá de la Iglesia”. De manera escueta y sin entrar en polémicas, la conferencia se ha limitado a afirmar que se une a la petición del Defensor del Pueblo “que urge al Estado a poner en marcha las recomendaciones que el informe realiza a sus distintas instituciones, para asumir su responsabilidad en la tarea conjunta de poner fin a esta lacra que afecta a toda la sociedad, como señala el mismo informe”.

Los obispos, que no hacen ninguna mención al hecho de haber rechazado hasta hace dos años la existencia de casos, mantienen así su argumento de considerar los abusos en la Iglesia solo una pequeña parte del problema: “Dejar de tener en cuenta la magnitud del problema y su dimensión mayoritariamente extraeclesial, supone no afrontar las causas del problema y perpetuarlo en el tiempo. Además, poner el foco exclusivamente en la reparación de las víctimas de la Iglesia, discriminaría a la mayoría de las víctimas, a las que convertiría en víctimas de segunda”.

La asamblea episcopal considera que las recomendaciones del Defensor del Pueblo “en buena medida, son convergentes con otras propuestas trabajadas en la CEE desde ya hace algún tiempo”. El organismo ha informado de que su servicio de protección de menores recibirá “el itinerario de la aplicación de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, en relación a los cauces de reparación, prevención y formación”.

Los obispos responden de este modo después de tres días de silencio desde la presentación del informe. Los números no son lo único que ha dañado a la imagen de la Iglesia, sino también la afirmación del Defensor de que no han colaborado activamente durante sus trabajos. Sobre este aspecto no hay ninguna valoración. Mañana martes habrá una rueda de prensa a las nueve de la mañana para explicar más ampliamente las decisiones de la asamblea.

Pero había otro punto del orden del día. Los obispos debían votar si daban un nuevo plazo de entrega de su auditoría al bufete de Cremades & Calvo-Sotelo. Tras varios retrasos, este mes le impusieron un ultimátum de diez días, que no ha acatado, y debían tomar una decisión. Después de horas de discusión, los obispos han decidido posponer esta votación para noviembre, en su segunda plenaria anual. En cualquier caso, es la fecha para la que Cremades avanzó que entregaría un resumen ejecutivo.

La entrega del informe de esta auditoría lleva varios meses de retraso. El plazo inicial era de un año, pero la dificultad, según palabras del presidente del despacho, Javier Cremades, en recopilar la información y realizar un análisis profundo ha obligado a posponer varias veces la entrega. Los obispos, descontentos, enviaron hace varias semanas al bufete un burofax con un ultimátum de 10 días para que lo presentase. Cremades no lo acató y se comprometió a darles un resumen en noviembre. La tensión creció, especialmente la semana pasada, cuando el despacho dejó fuera de la investigación al abogado Alfredo Dagnino, expresidente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y el hombre más cercano al sector conservador de los obispos. Era uno de los miembros del grupo de trabajo que estaba redactando la auditoría.

Reparación económica

El bufete ha entrevistado solo a un centenar de víctimas, ya ha avanzado que no hará extrapolaciones —como hizo la Iglesia de Portugal— y tampoco ha encargado una encuesta. Pese a ello, ya ha adelantado que el número de víctimas que barajan en su informe es de varios miles. También ha precisado que recomendará a los obispos seguir el modelo alemán para reparar económicamente a las víctimas, a través de un tribunal que revise cada caso (aunque esté prescrito) y se acuerde una suma.

La primera reacción de los obispos al informe del Defensor fue el sábado, cuando Omella cargó contra los medios en redes sociales, al acusarles de que la extrapolación de la encuesta era “mentira” y “con la intención de engañar”. El sondeo fue llevado a cabo por GAD3, que entrevistó a más de 8.000 personas residentes en España, de 18 a 90 años. Los resultados indicaban que el 11,7% de la población española ha sufrido abusos sexuales en la infancia y un 1,13% en el ámbito religioso. Durante la presentación del informe en el Congreso, Gabilondo eludió hacer el cálculo en números absolutos, algo que tampoco figura en el informe. Pero según los cálculos de este periódico, ese 1,13% de los 38,9 millones de empadronados en España en 2022 se traduce la estimación de 440.000 personas que sufrieron abusos.

Precisamente, la justificación para poner en marcha una encuesta de este tipo alude a esta actitud de negación de la Iglesia y a que “cuantificar la dimensión del problema es siempre una necesidad si se quiere conocer la relevancia y alcance de un fenómeno que es social y no solo individual”. Una necesidad que “deriva, además, de que con frecuencia se ha negado, desde ciertos actores (en general sin aportar datos) que los abusos en el seno de la Iglesia católica representen un problema muy extendido. Ciertos portavoces eclesiásticos han manifestado que los medios de comunicación o algunos sectores políticos quieren dar la sensación de la existencia de un problema generalizado a partir de meros casos aislados, obviando que el riesgo de sufrir abuso sexual es más alto en las familias o en otros entornos, como las actividades deportivas”.