Las víctimas, entre el alivio y la cautela: “Es un indudable avance democrático”

Javier decidió contar su historia en el primer reportaje de investigación que publicó EL PAÍS sobre la pederastia en la Iglesia. Era octubre de 2018. Su relato era demoledor: sufrió abusos en el seminario de La Bañeza, en León, cuando tenía 13 años y lo denunció en dos ocasiones, una de ellas ante el obispo de Astorga en 2014, pero no recibió justicia. Han pasado cinco años de ese primer artículo. Pero ahora, a la luz de los resultados del informe que este viernes ha entregado el Defensor del Pueblo sobre la pederastia en la Iglesia, cree que ha valido la pena. “Parece que se ve un poquito de luz al final del túnel”, dice. Cuando él habló para este periódico la Iglesia española afirmaba que solo había “casos aislados”. Ahora la estimación del informe del Defensor del Pueblo, que ha entregado este viernes en el Congreso de los Diputados, es de 440.000 víctimas. No obstante, Javier pide cautela: “Las víctimas deben ser resarcidas de tanto dolor, escuchadas e indemnizadas. Eso aún está por ver”.

Juan Cuatrecasas, presidente de la asociación de Infancia Robada, se muestra satisfecho por las proposiciones que ha incluido el Defensor en su documento, como el derecho a que las víctimas reciban terapias o que la Fiscalía actúe de oficio cuando los afectados sufran amenazas si denuncian. “Es un informe que se ha hecho con un trabajo serio”, comenta. Cuatrecasas tiene esperanza de que “cristalice” un acuerdo entre los grupos parlamentarios para que las se cumplan las recomendaciones del Defensor. “Si se queda en el informe como tal, pues no habremos conseguido nada. Y no se pretende conseguir una limosna: se pretende conseguir, ni más ni menos, el estatuto de la víctima”, defiende.

El Defensor, Ángel Gabilondo, ha mostrado durante la rueda de prensa tras la entrega del informe un apoyo total a las víctimas, a la necesidad de que sean reparadas: “Ya no pueden esperar. Algunas han declarado varias veces, están revictimizadas, y dicen: ‘Por favor, ahora lo que queremos son medidas y reparación”. Javier Blázquez, uno de los integrantes del grupo de 12 víctimas de los maristas de Vigo que denunciaron su caso en junio 2021, ha valorado “la forma tan clara y contundente” con la que se ha referido el Defensor a la opacidad de la Iglesia y la necesidad de dar una respuesta al problema. “Constituye un claro reconocimiento de nuestras reclamaciones como víctimas y un indudable avance democrático de la sociedad civil”, declara.

Hay un interrogante que sigue en el aire: ¿Cuál será la respuesta de la Iglesia? Para Blázquez, solo hay dos opciones: “Se allana y reconoce las conclusiones del informe o se pone en situación de rebeldía, ignorando las conclusiones del Defensor. Estaremos a la espera y siempre en la lucha por nuestros derechos”.

Marcos Leyun, presidente de AVIPIREN, Asociación de Víctimas de Abusos en Instituciones Religiosas en Navarra, considera que el informe es “exhaustivo”, y que “la investigación de EL PAÍS tiene un gran peso”. “Habla de una Iglesia del silencio, pero también es una Iglesia del encubrimiento y la mentira”, señala. “Es verdad que hemos llegado tarde, pero hemos llegado. Ojalá sea el inicio del debate. En cuanto a las cifras, el Defensor que dice que no hay que extrapolar, pero tiene todo el derecho, es una encuesta a más de 8.000 personas”. Pero apunta que no está de acuerdo con que el Estado deba aportar al fondo de compensación a las víctimas. “Creo que debe presionar para que la Iglesia se haga cargo de ese fondo”, defiende.

También hay voces menos entusiastas con el trabajo del Defensor. Manuel Barbero, fundador de la asociación Mans Petites, cree que “todo lo que sean estimaciones, sin contar con la otra parte”, le parece arriesgado. “Me parece que va a ser una guerra de cifras que unos aceptarán y los otros, no”, dice. Su posición es que ambas instituciones, la del Defensor y la Iglesia, deberían haber creado conjuntamente una comisión y sacar una única estimación “aceptadas por todos”.

Miguel Hurtado, víctima de los abusos en la abadía de Montserrat, destaca la falta de una recomendación que, en otros países, ha sido un pilar fundamental en la prevención de los abusos: hacer imprescriptibles estos delitos. “La investigación española ha sido un gatillazo y una decepción. Es de una calidad pésima en comparación con otros Estados de nuestro entorno, como por ejemplo, Australia o Irlanda. Y las recomendaciones son insuficientes y descafeinadas”, opina. Hurtado señala que el Defensor no tiene poderes coercitivos para obligar a la Iglesia a colaborar. La solución, para Hurtado, habría sido una comisión de la verdad en la que los obispos tuvieran que haber acudido a declarar. También, igual que Leyun, critica la creación de un fondo común en el que colabore el Estado para indemnizar a las víctimas. “La factura de la reparación económica la tienen que pagar los obispos y no el contribuyente”, dice.