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Bolivia mueve ficha y crea otra comisión para investigar exclusivamente los casos de pederastia en la Iglesia católica

El país sudamericano afronta el escándalo de los abusos sexuales con la puesta en marcha de cuatro investigaciones simultáneas: la de los jesuitas, la de los obispos, la de la Cámara de los Diputados y ahora la aprobada por la Cámara Alta

Bolivia abusos
Protestas en las calles de Bolivia de este mayo tras la publicación de los casos de pederastia cometidos por el sacerdote español Alfonso Pedrajas.Juan Karita (AP)
Julio Núñez

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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Bolivia vuelve a mover ficha ante el escándalo de pederastia en la Iglesia católica. El Senado del país sudamericano ha aprobado este semana por mayoría absoluta una Comisión Especial de Investigación de los casos de abusos sexuales a menores cometidos por clérigos en las últimas décadas, con el objetivo de buscar justicia y una reparación para las víctimas. “No tiene ningún objetivo sesgado de arremeter o perseguir jurídicamente o políticamente a la Iglesia”, advirtió el presidente de la Cámara alta, Andrónico Rodríguez, el miércoles antes de la votación de la propuesta, que definió como un paso para “sentar precedente, esclarecer los hechos y encaminar los objetivos de las víctimas, que son la reparación civil, moral y material”. El equipo de investigación estará formado por cinco senadores, que convocarán a víctimas con el fin de “otorgar la plena legitimidad a la comisión”. La investigación se alargará tres meses y los investigadores elaborará un informe pormenorizado con los datos de los casos recopilados, una evaluación de los trabajos que los tribunales bolivianos realizan en este ámbito y unas conclusiones con “las acciones integrales que se deben desarrollar para la no repetición de estos delitos”.

Una de las consideraciones que han motivado al senado a abordar esta cuestión, según el documento de la proposición presentado por el presidente de la Cámara Alta, fue un reportaje de investigación publicado el 30 de abril por este periódico sobre la historia del sacerdote español Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009. Pedrajas escribió un diario donde admitió haber abusado de al menos 85 menores en varios colegios de la Compañía de Jesús de Bolivia durante décadas, y cómo sus superiores encubrieron sus delitos. Esta noticia ha desencadenado que, a lo largo de estos dos últimos meses, otros casos de abusos en la Iglesia boliviana salgan a la luz. En cinco de ellos aparecen señalados sacerdotes de origen español, como el arzobispo de La Paz Alejandro Mestre, ya fallecido, que desempeñó el cargo de secretario de la Conferencia Episcopal Boliviana entre 1981 y 1982.

El caso Pedrajas también ha provocado un terremoto político y mediático en Bolivia. El procurador general —cargo público encargado de representar judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado— anunció tras conocerse la noticia que abriría una investigación sobre los hechos, y los jesuitas apartaron cautelarmente a ocho ex altos cargos por encubrimiento, una decisión insólita tomada por una orden religiosa hasta el momento por un asunto de pederastia. Una semana después de la publicación, la Asamblea Legislativa Plurinacional boliviana aprobó un anteproyecto de ley para hacer imprescriptible los delitos de abusos sexuales a menores.

El proyecto de ley contempla la creación de una Comisión de la Verdad para investigar casos concretos, como los cometidos dentro de entornos eclesiásticos que ya han prescrito, pero también dentro de instituciones públicas. La constitución de este equipo, exclusivamente por cargos públicos, recibió duras críticas de las víctimas, que reclamaban la presencia de sobrevivientes y de especialistas en la materia. La presión de estas asociaciones de afectados obligó a la Cámara de Diputados a aplazar el debate y la aprobación del proyecto de ley para poder incorporar en el equipo de trabajo a representantes de las víctimas. La votación para la aprobación de la ley sigue aún sin fecha.

El descontento social —traducido en protestas en las calles y en ataques con pintura en la sede paceña de la Conferencia Episcopal Boliviana— también llevó al presidente Luis Arce a escribir una carta oficial al Papa Francisco para pedirle acceso a todos los archivos, expedientes e información referente a los casos de pederastia clerical. La respuesta del pontífice llegó a Bolivia 20 días después, el 16 de junio, donde se comprometía a colaborar con el Gobierno de Arce: “Le manifiesto mi dolor, mis sentimientos de vergüenza y consternación. Pensando en las acciones nefastas de esos sacerdotes, y también en la negligencia de quienes tendrían que haber vigilado. Me siento conmovido e impresionado, porque los ministros de la Iglesia deben ser custodios y garantes del bien y del futuro de las jóvenes generaciones”. Aún no hay noticia de si el Vaticano enviará todos los documentos solicitados.

La Iglesia, acusada de poner “obstáculos”

La Fiscalía boliviana afirma que hasta el momento ha abierto al menos 17 investigaciones de abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes y clérigos católicos. El más relevante y mediático sigue siendo el del Alfonso Pedrajas. Tras la publicación del reportaje, el Ministerio Público —además de la Compañía de Jesús en el país sudamericano y la procuraduría general boliviana— solicitó a la Fiscalía de España una copia del diario. El ministerio fiscal español tenía en su posesión una reproducción gracias a una denuncia de un sobrino del pederasta, que fue el que encontró el documento en Madrid y se decidió denunciarlo en los tribunales y a sacarlo a la luz.

Pero antes de que la Fiscalía española realizase los trámites del envío, a finales de junio llegó un sobre sellado a la sede de los jesuitas en La Paz. El Vaticano, desde la Curia General de la orden, había enviado fotocopia del diario. Sin abrirlo, el provincial de los jesuitas en Bolivia, Bernardo Mercado, entregó el paquete ante el Ministerio Público. Las primeras declaraciones de Daniela Cáceres, fiscal y directora de la unidad de delitos sexuales a menores y de género, fueron desconcertantes: “No es el diario completo. Según la numeración [de las páginas] faltan hojas, como así también están tachadas muchas partes”. Este periódico ha intentado, sin éxito, conocer cómo llegó a manos del Vaticano las memorias de Pedrajas.

El diario completo llegó este martes a manos del fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, procedente del Ministerio Público español. Tras analizar ambas copias, la completa y la que tiene “tachones”, Lanchipa acusó a la Iglesia católica de obstruir a la justicia. “Hemos evidenciado nosotros que esos borrones corresponden a nombres, fechas y lugares. Esto denota que la Iglesia no ha cumplido con el compromiso de cooperar en la investigación. Más al contrario, está poniendo ese tipo de obstáculos”, indicó ante los medios este miércoles.

Los jesuitas han subrayado en un comunicado que “cualquier tachadura, enmienda o recorte” no fue realizado por ellos: “La Compañía de Jesús en Bolivia no conoce cómo llegó dicho documento al Dicasterio de la Doctrina de la Fe ni si fue entregado completo o en condiciones de total legibilidad”. La orden religiosa ha afirmado que aún no han podido leer, más allá de los fragmentos publicados por este periódico, el texto escrito por Pedrajas y ha solicitado a la Fiscalía boliviana que le entreguen una copia para incorporarla a su investigación canónica.

Las pesquisas internas de los jesuitas no son las únicas. En las últimas semanas, los obispos bolivianos, cercados por el escándalo, han comenzado a dar los primeros pasos de su investigación general sobre todos los casos de pederastia del pasado. Para ello, ha creado cuatro equipos: uno para escuchar a las víctimas, otro para ejecutar los trabajos de investigación, otro enfocado a la comunicación a los medios y un último para la prevención de los abusos y la formación de clérigos. Los prelados del país latinoamericano no han precisado si abrirán sus archivos para recabar toda la información sobre estos crímenes y su encubrimiento. También sigue en el aire la pregunta más frecuente que lanzan las víctimas: ¿serán indemnizadas? Ni los obispos ni los jesuitas han pronunciado una palabra sobre ello.

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