La Iglesia española se sigue olvidando de las víctimas de abusos: rehúye indemnizar y si el acusado murió no investiga

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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La Conferencia Episcopal Española (CEE) publicó el martes en su web, sin ninguna explicación o rueda de prensa, un documento llamado Instrucción de la CEE sobre abusos sexuales. En realidad, no aporta nada nuevo, es un compendio de las normas vaticanas vigentes sobre pederastia en el clero, pero se ha visto obligada a presentarlo azuzada por el nuncio vaticano en España, que anunció por sorpresa el documento en la apertura de la última asamblea plenaria. Fuentes eclesiásticas lo interpretan como un tirón de orejas por la pasividad de la Iglesia española ante el escándalo de los abusos. El contraste con la rápida reacción de la Iglesia de Bolivia ante el caso destapado por este diario —la publicación del diario de Alfonso Pedrajas, un jesuita que admitió haber abusado de decenas de menores en el país andino y cómo los jesuitas le encubrieron— es patente. Lo que también evidencia esta guía es que desde hace cuatro años, cuando se empezó a trabajar en ello, sigue pendiente un decreto general, una norma propia definitiva de obligado cumplimiento, que precise al detalle cómo deben actuar órdenes y diócesis en España.

Este es uno de los pocos países donde aún no existe, por la fuerte división interna de los obispos, entre una mayoría que prefieren seguir ocultando el problema y los que quieren seguir al Papa y hacer limpieza. Y porque luego la Santa Sede le tiene que dar el visto bueno. Esta instrucción, precisamente, saca a la luz las carencias en España: todo se analiza desde una perspectiva judicial y se sigue olvidando a las víctimas, según lamentan los afectados y los sacerdotes que trabajan en este campo.

La instrucción, de 32 páginas, se centra simplemente en el procedimiento penal canónico que se activa ante un posible caso de abusos, un juicio con las normas de la Iglesia completamente desconocido para la mayoría de los ciudadanos y muy opaco: las víctimas apenas reciben información, y deben buscarse un abogado canónico para no perderse, ni siquiera tienen acceso a su expediente, ni reciben copia de la sentencia, y nunca se les informa de que tienen derecho a una indemnización. Buena parte del texto, en cambio, alude a las garantías del acusado y su presunción de inocencia, pero olvida las aspiraciones esenciales de las víctimas: ser creídas, que se sepa la verdad y que se establezcan fórmulas de compensación.

Sobre un reconocimiento público de los hechos, la CEE está a años luz del resto de países. Al contrario que en otros (en EE UU, diócesis y órdenes publican listados con nombre y apellidos de los acusados), en la Iglesia española la transparencia es nula y, desde que hace casi cinco años EL PAÍS comenzó su investigación de la pederastia en el clero, sigue sin dar toda la información de lo que sabe. Pero, además, la instrucción indica que no se debe hacer una investigación si el acusado ha muerto, algo que ocurre en la inmensa mayoría de los casos que están saliendo a la luz. Solo se recomienda informar al Vaticano, a la congregación de Doctrina de la Fe, que centraliza los casos. Por tanto, se cierra la puerta a cualquier respuesta posterior, las denuncias se abocan al archivo. De hecho, el documento ni habla de indemnizaciones.

“En todas las Iglesias de todos los países existen fórmulas, reguladas por un decreto general, para esclarecer hechos y resarcir a las víctimas en los casos en que el acusado haya muerto, no puedes no darles una respuesta”, razona el vicario judicial de una diócesis española. En la práctica, cada orden y obispado hace lo que quiere. Depende de su talante y su compromiso en la lucha con los abusos. Puede ceñirse a las reglas canónicas y no hacer casi nada, archivando la mayoría de los casos, o ir mucho más allá. Que una víctima sea bien atendida o no depende de qué obispo o superior le toque. En España siguen siendo una minoría las órdenes y diócesis que están compensando a las víctimas, al margen de que se pueda hacer un procedimiento canónico que llegue a una condena.

Esta actitud choca de lleno con las continuas indicaciones del Papa, que repitió el pasado mes de marzo: “Ante los abusos, especialmente los cometidos por miembros de la Iglesia, no basta pedir perdón. Pedir perdón es necesario, pero no basta. Pedir perdón es bueno para las víctimas, pero son ellas las que tienen que estar en el centro de todo. Su dolor, sus daños psicológicos pueden empezar a sanar si encuentran respuestas; acciones concretas para reparar los horrores que han sufrido”. Y este mismo mes ha insistido en su discurso a la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores: “Ahora es el momento de reparar el daño causado a las generaciones que nos precedieron y a los que siguen sufriendo”.

Francisco reitera que la prioridad ahora es reparar el daño causado, pero la Iglesia española se sigue agarrando a parámetros puramente judiciales y a que es muy difícil o imposible probar ese daño. Se niega a creer sin más a las víctimas, aunque haya un relato creíble y contrastado. La consigna es defenderse de ellas, no acogerlas. Y sobre todo, evitar tener que pagar dinero, la gran asignatura pendiente. Por eso la ausencia de las indemnizaciones en la instrucción no es casual. Cuando este diario reveló en febrero que la auditoría encargada por los obispos a un despacho de abogados trabaja en la línea de recomendar pagar indemnizaciones sin cuestionar a las víctimas, como ocurre en otros países, entre los obispos saltaron las alarmas.

La Iglesia española nunca ha querido informar de cuántas indemnizaciones ha pagado. Según un cálculo de EL PAÍS de las pocas sentencias conocidas, han sido ya al menos dos millones de euros, con una media de 12.000, pero cantidades máximas de 50.000. Este diario ha revelado que los jesuitas han desembolsado hasta 72.000 euros y los maristas, 35.000. Pero todo sigue oculto y es una lotería, no hay ningún criterio de referencia. En Francia, la Iglesia ha anunciado que venderá parte de su patrimonio para pagar indemnizaciones, pero en España la mayoría de las diócesis niegan cualquier posibilidad de compensación. Además, se suelen imponer a los afectados cláusulas de silencio. Están prohibidas por el Papa, y por tanto en la nueva instrucción, pero no se cumple.

La guía de la CEE no habla a las víctimas y a los fieles, sino más bien a sus propios sacerdotes. “Una víctima que lea esto no entiende nada. Lo que no se puede hacer es que el punto de partida sea: usted acusa y no le creemos, aporte la carga de la prueba, cuando casi nunca hay pruebas y es la palabra de una persona contra la de otra. Tiene que primar una actitud de acogida”, opina el mismo canonista. Luis Alfonso Zamorano, sacerdote que trabaja en el acompañamiento de víctimas y es profesor en el Instituto de Antropología y Derechos Humanos de la Universidad Gregoriana de Roma, piensa igual. “En la instrucción me parece positivo que se insista en la obligación de denunciar, se remarque el delito de abuso de potestad cuando se compruebe que ha habido obstrucción a la justicia, encubrimiento y negligencia, y que se recuerde la derogación del secreto pontificio, aunque en la práctica sigue sin cumplirse en no pocos casos. Pero, por otro lado, dice que ‘una de las responsabilidades más importantes del obispo es la de proteger y asegurar el bien de aquellos que son amados con predilección por Jesús’. Habría que preguntarles a las víctimas de abusos si se sienten verdadera y actualmente protegidos y amados con predilección por muchos de nuestros pastores y líderes. Más bien, no son pocos los que se siguen sintiendo no solo desprotegidos, sino mirados con desconfianza, desprecio y desprestigiados”.

Zamorano señala que en la Iglesia española hay algunas excepciones, pero tras haber conocido a supervivientes, concluye: “Mucho me temo que esto de poner a las víctimas en el centro aún suena a música celestial. Se habla de aprender de las ‘amargas lecciones del pasado’, cuando, en realidad, los hechos hablan de que en casos incluso recientes se siguen cometiendo las mismas negligencias”. Desde su análisis, “el vacío más grande que tiene la instrucción es que nada se dice de mecanismos de reparación”. “El documento insiste en que la Iglesia ‘se conmueve con el dolor de las víctimas, pide perdón, se compromete con la búsqueda de la verdad y la justicia’, pero nada dice de la obligación firme de reparar el daño, expresión que repite casi como letanía el código de derecho canónico. Este es en mi opinión el gran vacío de la instrucción y uno de los puntos donde más se evidencia ‘la necesidad de una profunda y continua conversión de los corazones’. Esta omisión no es accesoria e inofensiva. Está, además, en las antípodas de la actitud del Papa”.

Miguel Hurtado, víctima de abusos en la abadía de Montserrat y portavoz en España de ECA (Ending Clergy Abuse, Poner fin a los abusos del clero), cree que la normativa de la Iglesia española “sigue teniendo más agujeros que un queso de gruyere”. Entre las carencias que observa, enumera la falta de colaboración con la justicia civil, y que no se establece el deber de la denuncia automática a la fiscalía de todos los casos que conozcan, pues en estos momentos solo deben denunciar si la víctima aún es menor de edad. No ve un principio de tolerancia cero, como en EE UU o Irlanda, con la expulsión automática del culpable, se sigue confiando en penas de oración y penitencia. Subraya que no se establecen mecanismos para juzgar y castigar el encubrimiento, y de hecho este diario ha señalado ya a 39 obispos y superiores sospechosos de encubrimiento y no ha tenido ninguna consecuencia.

Hurtado señala que tampoco se prevé compartir la información obtenida en la investigación canónica con las víctimas o la fiscalía. Su conclusión es que la Iglesia no puede investigarse a sí misma: “Estos casos los tiene que investigar la justicia civil. Y para eso el Congreso debe eliminar el plazo de prescripción penal y civil”. Esa es ahora la principal batalla de muchas asociaciones de víctimas en el mundo, que los delitos de abuso de menores no prescriban nunca.