La auditoría encargada por la Iglesia a un despacho de abogados aventura “varios miles de víctimas” y recomienda compensar a los afectados

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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La auditoría encargada hace un año por la Iglesia española sobre la pederastia en su seno desmentirá las cifras que la propia institución ha dado hasta ahora, tras ocultar durante años la dimensión del fenómeno: “Serán varios miles de víctimas”, asegura Javier Cremades, presidente del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo y del grupo de trabajo que elabora el informe, que no quiere aún dar una cifra. La Conferencia Episcopal Española (CEE), que siempre se ha negado a revelar lo que sabe sobre los abusos, ha sostenido durante años que eran “muy pocos” casos y solo en 2021, por la presión del escándalo, admitió 220, que subió a 506 el año siguiente. EL PAÍS contabiliza, hasta ahora, 929 acusados y 1.770 víctimas en su base de datos, la única existente.

Sin embargo, la cifra de casos del estudio no surgirá de una investigación propia, como ha ocurrido en otros países, ya que el correo electrónico que abrió el despacho para escuchar a las víctimas no ha funcionado. Han pesado las críticas de falta de neutralidad del equipo porque Javier Cremades pertenece al Opus Dei y solo han recogido 150 testimonios. La gran mayoría de las entrevistas a víctimas han sido por teléfono, no presenciales. Entretanto, más de 400 han escrito ya a la comisión de investigación del Defensor del Pueblo, que empezó en julio, y más de mil se han dirigido a este diario.

¿De dónde sacará entonces el estudio una cifra estimada de casos? Lo que hará es una suma de las fuentes de información disponibles, fundamentalmente dos: la investigación de EL PAÍS, a la que dan total credibilidad, al contrario que la jerarquía eclesiástica, y en segundo lugar, los datos internos que por primera vez, esperan, confesará la Iglesia española. De ello dependerá el éxito o fracaso de la auditoría, cuyo equipo se ha dividido estos meses en dos claros bandos. Uno muy crítico con la Iglesia que persigue un dictamen severo y medidas radicales, y otro más conservador y afín a la Iglesia.

Si la Iglesia revela por fin los casos que conoce será un paso relevante, pues hasta ahora nunca ha querido hacerlo, ni a la Fiscalía ni ante las constantes solicitudes de este periódico. Sin embargo, en esa tarea la comisión tiene las manos atadas y tampoco puede investigar: debe creerse lo que le digan órdenes y diócesis, pues finalmente se han negado a abrirles sus archivos, al contrario de lo ocurrido en otros países, y en los dos modelos que toma esta auditoría, Portugal y Alemania. Cremades, que sí confiaba al principio en poder revisar los archivos, precisa que en algunos casos han pedido documentación y se la han dado. Para obtener los datos de la Iglesia, el equipo se está reuniendo con responsables de las 70 diócesis y de casi 200 órdenes, de las 408 que hay en España. Es decir, si se mantiene esta situación, en realidad van a hablar con más obispos y superiores religiosos que con víctimas.

La auditoría arrancó en febrero de 2022 con la pretensión de “llegar hasta el fondo” del escándalo y la promesa de que las víctimas serían “la piedra angular” del trabajo. El discurso ha cambiado, y también el plazo: se había anunciado que el informe estaría listo en un año, y se ha pospuesto a “septiembre u octubre”. Javier Cremades niega que el correo electrónico haya fracasado y asegura que el objetivo nunca fue un estudio cuantitativo. “El 80% del tiempo lo hemos dedicado a escuchar víctimas, y nuestro trabajo ahora es ayudarles. No siento que sean testimonios insuficientes, nos han dado un mapa bastante preciso de lo ocurrido, en un puzle casi imposible de reconstruir. Lo importante ahora será la respuesta de la Iglesia a lo que nosotros les propongamos”, explica. Asegura que, según sus datos, 150 entrevistas son más que las realizadas por las comisiones de Portugal y Múnich, más allá del número de mensajes que recibieron.

Lo cierto es que en otros países los testimonios de las víctimas han sido la base de las investigaciones, que en muchos casos duraron años. En Portugal, por ejemplo, la comisión independiente que acaba de presentar su informe y estima 4.815 víctimas, recibió 512 denuncias en un año, y 230 de ellas fueron en el primer mes. En Alemania, el informe encargado por los obispos documentó 3.677 casos. En Francia, la comisión Sauvé recopiló unas 6.500 denuncias de víctimas y familiares. La investigación australiana recabó 4.444 denuncias. En 2010, la Iglesia belga recibió 1.054 denuncias y en Holanda fueron 3.712. En cada uno de estos países, los informes cifran en varias decenas de miles las víctimas de abusos en las últimas décadas. Más allá de engrosar miles de páginas en informes (el francés era de 2.500; el irlandés ocupaba nueve volúmenes; el de Australia, 15), sus historias permitieron elaborar un análisis cuantitativo y cualitativo del problema.

Este diario ha hablado con ocho de los 31 miembros del equipo, otros han preferido no hacerlo, y todos mantienen que su objetivo nunca fue hacer un informe cuantitativo, pues sería una empresa que requeriría años, sino centrarse en analizar de forma crítica lo ocurrido, hacer propuestas de reparación y de medidas para que no se repita en el futuro. La gran mayoría de los participantes son abogados o juristas (26 de 31), y el equipo de escucha a las víctimas lo componen cuatro personas. El grueso del trabajo y del debate se está desarrollando en los otros dos equipos, el de reparación y el del estudio de protocolos para que los abusos no vuelvan a repetirse. En esos ámbitos, la novedad más relevante es que, según todas las fuentes, la auditoría también se propone desmontar la actitud dominante hasta ahora en la jerarquía eclesiástica: todas las víctimas deben ser creídas, no cuestionadas, y tener derecho a una indemnización. El informe final pretende recomendar mecanismos de compensación y, es más, sumas que vayan más allá de los parámetros vigentes en España, cantidades muy bajas que se basan en los accidentes de tráfico. “Los obispos se van a encontrar con propuestas que les van a escocer, no les van a gustar, pero que yo creo que serán muy buenas para las víctimas y para la Iglesia”, adelanta Cremades. Por ejemplo, avanza, “sería precioso que hicieran una bolsa común, que vendieran algo, más como gesto simbólico”.

Indemnizaciones

No obstante, por el camino se han creado dos bandos en la comisión, y algunos de los miembros llegan a hablar de “tensiones”. El equipo, integrado por 10 abogados del bufete y 21 personalidades externas de distintos ámbitos e ideología, trabaja en el informe final en medio de una clara diferencia de visiones. Está, por ejemplo, el expresidente de la Asociación Católica de Propagandistas, pero también dos exdirigentes de Podemos y la exdirectora de Amnistía Internacional. Con todo, están de acuerdo en el punto de partida de las indemnizaciones. “Hay un consenso total en una idea: es mejor reparar por error a alguien que no sea víctima, que dejar a una sola víctima sin reparar. No se puede desconfiar de ningún testimonio, sino todo lo contrario”, explica Jorge Cardona, uno de los miembros del equipo, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia. Ahora se debate el mecanismo de compensación, con atención al modelo de Alemania, que puso en marcha un proceso de reconocimiento, en el que se estudiaba el testimonio de cada víctima, y luego un tribunal arbitral establecía cuantías. “Vamos a recomendarlo, una especie de ventanilla única y que organicen un sistema”, resume Cremades.

Cardona rechaza con firmeza, como el resto de los consultados, que la auditoría sea un mero lavado de imagen: “Vamos muy en serio, nos jugamos nuestro prestigio y lo hacemos por las víctimas, si no me iría a mi casa”. “Ha superado mis expectativas, va a ser un informe crítico, con propuestas importantes”, opina otro de los integrantes del equipo, Juan Pablo Gallego, abogado argentino que ha llevado importantes casos de abusos contra la Iglesia en su país. Varios participantes confiesan que eran escépticos al principio, pero les garantizaron la posibilidad de un informe particular en caso de discrepancias y están satisfechos con el trabajo. Coinciden en afirmar que el compromiso de Javier Cremades es total y piden esperar para juzgar los resultados. “Sí, hay muchas sensibilidades, pero esto es una riqueza bestial, es lo que buscaba, y en todas las reuniones hemos salido alineados”, resume Cremades.

Miguel Hurtado, una de las primeras víctimas que salió a la luz y que es portavoz en España de ECA (End Clergy Abuse, acabar con los abusos del clero, en castellano), ha sido uno de los muchos expertos y organizaciones que ha convocado el equipo para escuchar su opinión: “La impresión inicial es de seriedad y rigor. El balance final dependerá de las recomendaciones. Si son descafeinadas, como suelen hacer las investigaciones internas de la Iglesia, el balance será negativo”. En cuanto al número de víctimas que han contactado con el despacho, opina que “no han sido capaces de ganarse la confianza de las víctimas, los supervivientes españoles creen que no es una iniciativa independiente, sino que está teledirigida por los obispos”.

Una visita al Papa anulada en el último momento

Cremades asegura que la colaboración de los obispos y las órdenes es buena, aunque hay excepciones. “Las ordenes grandes colaboran muy bien, pero algunas de las pequeñas se están negando a colaborar, no creen en esto, lo ven como un ataque a la Iglesia”. Uno de los miembros de la comisión cree que “unos obispos colaboran más y otros menos, porque a veces uno te dice que tiene tres casos y solo EL PAÍS en esa diócesis tiene 12″. Un alto cargo episcopal, comprometido con la lucha contra la pederastia en el clero, cuenta que en el caso de su diócesis la reunión fue telemática: “Era una especie de interrogatorio donde varios abogados nos preguntaban por cada uno de los casos que nos afectaban y que habían salido a la luz pública. Luego, nosotros le informamos de todo lo que habíamos recibido en nuestra oficina. Nuestra reunión duró más de una hora y media”. Explica que les dijeron que estaban sorprendidos por la cantidad de información que les habían dado, pues otras diócesis no aportaban tantos datos y las reuniones duraban 10 minutos. Este experto es crítico con esta forma de trabajar: “Una auténtica auditoría tiene que revisar todos los documentos y todos los archivos para hacer una evaluación. ¿Cómo se hace eso telemáticamente? ¿Cómo se puede confiar en que los obispos que posiblemente hayan encubierto a pederastas entreguen información que les incrimine?”.

Uno de los integrantes del equipo de la auditoría señala que las resistencias encontradas han supuesto una decepción personal para Javier Cremades: “Para él ha sido un golpe moral importante, porque la Iglesia no está ayudando como creía. Por otro lado, parte de los obispos creía que iban a poder controlar el trabajo y ahora ven que se les está yendo de las manos, porque Cremades va en serio”. El último revés ha llegado con una visita que la comisión ha realizado en febrero a Roma. Estaba previsto desde hace tiempo tener una audiencia con el Papa, pero una semana antes la Conferencia Episcopal la anuló. La razón esgrimida fue que aún no estaba listo el informe y era mejor esperar a junio.

Cremades prefiere no comentar esto, pero admite que está siendo un trabajo “muy duro”, por el impacto humano del contacto con la realidad de las víctimas: ”No soy el mismo ahora que el que empezó hace un año”. También porque, como creyente, está constatando todo lo que se ha hecho mal, pero confía en que este trabajo suponga un vuelco en la actitud de la Iglesia y rechaza que lo esté frenando de algún modo: “No, sería absurdo y suicida. Es que además lo diríamos. Es algo que han encargado y querido ellos”. Asegura que el informe será transparente, porque desglosará todos los casos, citará la fuente de origen de la información y precisará detalles, lugares y fechas, al contrario de algunos conocidos hasta ahora, como el de los jesuitas o algunas diócesis, que son muy opacos.

Quejas de las víctimas

También hay quejas de algunas víctimas que se han dirigido al despacho. La primera respuesta es el envío de un formulario que debe rellenar el interesado, contando su caso. La Asociación de Víctimas de Pederastia de la Iglesia Navarra (AVIPIN) y Asociación Infancia Robada (ANIR) firmaron conjuntamente un manifiesto en el que criticaban este método: “Revictimiza más aún, si cabe, a las víctimas. El cuestionario inicial que se les envía obedece más a la metodología de una recogida de datos de gastos de hipoteca”. En el equipo de escucha a las víctimas son conscientes del efecto de frialdad que puede producir el cuestionario, pero explican la necesidad de que, antes que nada, firmen el consentimiento para tratar sus datos. “Lo entiendo perfectamente, pero no podemos escuchar datos sensibles sin que nos hayan autorizado. Podríamos incurrir en una ilegalidad. Les decimos que lo principal es firmar la autorización y luego ya se puede rellenar lo demás”, explica Myriam Salazar, una de las personas dedicadas a atender las llamadas. Admite que tras recibir el formulario algunas víctimas ya no vuelven a establecer contacto.

Enrique Pérez Guerra, víctima de abusos en 1968 por un carmelita en Zaragoza, relata una mala experiencia cuando telefoneó el mes pasado y le pasaron con uno de los abogados. “Conté brevemente que fui abusado cuando era niño y me preguntó, secamente, si el abusador estaba muerto. Le dije que sí, y me contestó que no se podía hacer nada penalmente. Me dijo: ‘Este no es el sitio apropiado para gestionar su caso”, relata. “Me sentí muy mal cuando colgué”, cuenta. Salazar desconoce el caso, asegura que no tiene explicación y pide disculpas.

Otra víctima, que prefiere no revelar su nombre, afirma que Cremades le prometió que le haría llegar una propuesta de compensación. “Me dijeron que eran los intermediarios entre las víctimas y la Iglesia en cuestiones de reparación. Que te hacen la propuesta y, si tú la aceptas, se la entregan a la CEE. Si esta acepta, te harán el ingreso y firmarás los papeles de confidencialidad y de que no vas a ir a juicio. Y se acabó el tema”, cuenta el afectado. Salazar, por el contrario, niega que el bufete esté haciendo ya propuestas de compensación e insiste en que dejan muy claro que solo van a proponer recomendaciones a la Iglesia. “No queremos crear falsas expectativas. Siempre decimos que no depende de nosotros que la Iglesia adopte o no nuestras recomendaciones. Creemos que no va a quedar en un cajón, pero no podemos garantizarlo”. Se centran, explica, en escuchar qué esperan las víctimas, “de qué forma se sentirían resarcidos, qué medidas creen que debe adoptar Iglesia en el futuro”. “Al final se suelen sentir muy agradecidos”, resume.

Pero esta víctima relata además que, un año después de hablar con Cremades, recibió un correo de la diócesis a la que pertenece su agresor recriminándole que incluyera en su denuncia al despacho los nombres de quienes encubrieron su caso. Se sorprendió de que el bufete compartiera con la Iglesia su información. En el bufete explican que las víctimas lo autorizan precisamente en el formulario que firman y lo hacen para poder conocer y aclarar su caso. “En su día la diócesis no abrió ninguna investigación. La única vía que me quedaba era escribir a EL PAÍS para contar mi historia y luego acudir a Cremades”, dice. Ahora está a la espera de comprobar si sirve para algo.