“¡No matarás más bebés!”: el asesinato del médico que detonó la guerra del aborto en Estados Unidos

A eso de las diez de la mañana del 10 de marzo de 1993, este viernes hace 30 años, un fanático llamado Michael David Griffin disparó con un revólver del calibre 38 tres veces por la espalda al médico David Gunn, de 47 años, cuando llegaba a la clínica en la que trabajaba en Pensacola. Una y otra vez, el asesino gritó: “¡No matarás más bebés!”. Después, se entregó a la policía.

Gunn, padre de dos hijos, era el único facultativo que practicaba abortos legales en el nordeste de Florida. También cubría un área de 1.600 kilómetros a la redonda, que incluía partes de Georgia y Alabama. Aquel día lo recibieron, como cada mañana, unos vociferantes activistas que llevaban una hora esperándolo. Sabía que su trabajo comportaba riesgos, por eso guardaba siempre tres armas en el coche. Hacía meses, su retrato había aparecido en uno de esos carteles de forajidos del Oeste con la leyenda de “Se busca” en una manifestación convocada en Montgomery (Alabama) por Operation Rescue (Operación Rescate), una de las primeras y más radicales organizaciones antiabortistas del país. Fundada en 1986, su eslogan decía: “Si crees que es asesinato, actúa como si lo fuera”.

Griffin, fundamentalista cristiano que había visto la cara de Gunn en una fotografía en el garaje de su mentor, un supremacista blanco llamado Paul Burt al que luego acusaría en el juicio de haberle lavado el cerebro, entró en la historia del terrorismo estadounidense al cometer el primer asesinato documentado de un proveedor de servicios de salud reproductiva. Su acto contribuyó a detonar las llamadas “guerras del aborto”, que ya habían registrado escaramuzas como secuestros, asaltos y ataques a clínicas. A sus 31 años, fue condenado a cadena perpetua y, si una vista de su caso programada para el año que viene no revisa la pena, está previsto que siga a la sombra hasta 2043.

En recuerdo de Gunn, se celebra en Estados Unidos cada 10 de marzo desde 1996 el Día Nacional para el Reconocimiento de los Proveedores de Abortos. Es también una manera de recordar que el hostigamiento continúa a las puertas de muchas clínicas por todo el país. No solo por el aniversario redondo, esta vez es distinta: es la primera conmemoración desde la decisión del Tribunal Supremo de junio del año pasado de derogar el precedente sentado en 1973 por la sentencia Roe contra Wade, que dio protección federal a la interrupción del embarazo hasta el momento de la viabilidad del feto.

El fallo devuelve a los Estados la facultad de legislar sobre el tema. Al menos 18 han decidido prohibirlo o restringirlo severamente. Y en una docena, como Texas y Luisiana, las nuevas leyes amenazan con penas de cárcel de hasta 15 años a los médicos o enfermeras que practiquen abortos fuera de los supuestos permitidos, lo que ha provocado que a la conversación médico-paciente preceda en muchos hospitales otra, entre el médico y sus abogados, y que los profesionales se vean en los casos más inciertos empujados a tener que elegir entre el juramento hipocrático y el código penal.

Shelly Tien, de 41 años, es una de las doctoras cuya labor se reconoce este viernes. En una conversación telefónica con EL PAÍS, contó esta semana que piensa celebrar su día “trabajando”, y que, por más amenazas que reciba (aunque se declaró afortunada: “Nunca he sido atacada físicamente”, dijo) no dejará su práctica, por “respeto a la ciencia, amor a la sociedad y por pura responsabilidad”. Tien, que también es especialista en embarazos de alto riesgo, se reparte entre una clínica de Jacksonville (Florida) y otras en Arizona y Kansas. Solía viajar para ofrecer sus servicios en Alabama y Oklahoma, hasta que la ley se lo impidió.

La de Jacksonville es una de las 18 clínicas que tiene en Florida Planned Parenthood, la mayor proveedora de servicios abortivos de Estados Unidos, que gestiona en torno a la mitad de los centros del país. En las 18 de Florida están pendientes estos días de una iniciativa legislativa presentada en el Parlamento estatal en Tallahassee para rebajar a seis semanas el límite legal para practicar abortos, quirúrgicos o con medicamentos. Es una de las múltiples batallas de la guerra ultraconservadora declarada por el gobernador, Ron DeSantis, más que probable candidato a la Casa Blanca en 2024.

Prohibición casi total

De salir adelante, equivaldría a una prohibición casi total: “La mayoría de las mujeres ni siquiera saben que están embarazadas para entonces”, recuerda la doctora Tien. “Una restricción de ese tipo tendrá un gran impacto en aquellas que estén encinta y no quieran estarlo, pero también para las que sea deseado y desarrollen complicaciones. Obligaría a muchas a viajar a otras partes del país”. Y eso la incluiría a ella misma, si quiere seguir ejerciendo.

En Pensacola, donde mataron a Gunn, ya no queda ningún centro de salud reproductiva en pie, después de que en 2022 cerraran el último, que también era la última clínica de la región conocida como el Panhandle, porque, en efecto, parece el mango de la sartén del mapa de Florida. La clausura por orden administrativa llegó tras las denuncias por complicaciones derivadas de la intervención a dos mujeres. Julie Gallagher, abogada del centro, explicó en una declaración escrita que ”son dos, y solo dos, casos entre más de 100.000 pacientes atendidos”.

La clínica llevaba abierta, con distintos nombres, desde hacía 45 años, y entró en la infame historia de las guerras del aborto cuando en 1994 un tipo, al que condenaron a muerte, asesinó a un médico, John Britton, y a uno de esos voluntarios que trabajan a las puertas de los centros para escoltar a las pacientes. Se llamaba James Barrett, y su esposa resultó herida.

Los noventa fueron los años del plomo de la violencia antiabortista en Estados Unidos. “En esa escalada, tuvo que ver la frustración de los agentes más radicales del movimiento cuando se convencieron de que la vía legal no les iba a funcionar”, considera la historiadora legal Mary Ziegler, autora de varios libros sobre el tema. El más reciente se titula Roe: The History of a National Obsession (2023). Ziegler se refiere al revés que esos grupos se llevaron cuando el Supremo asentó el precedente de Roe, por 5 votos contra 4, con la sentencia Planned Parenthood contra Casey (1992). ”Al verse derrotados, recurrieron a la violencia”, añade.

Durante aquella década, los fanáticos mataron a otro médico, Barnett Slepian, en 1998, así como a dos recepcionistas y a un guarda en dos ataques separados. En 2009, George Tiller, que había sobrevivido a otro tiroteo 26 años antes, fue el cuarto y último doctor en morir asesinado. Desde 1977, “11 personas han muerto, entre pacientes, proveedores y voluntarios”, y se han registrado “42 atentados con bomba, 196 incendios intencionados, 491 agresiones y miles de incidentes”, según las cuentas correspondientes a 2021 de la organización National Abortion Federation.

“El asesinato de Gunn fue importante, porque sirvió para humanizar a los especialistas, demonizados en décadas anteriores por quienes querían hacerlos pasar por asesinos que no practicaban la medicina”, argumenta Ziegler. “En la psique estadounidense, el proveedor pasó de ser un ente abstracto a identificarse con el doctor Gunn, la persona de carne y hueso. También sirvió para sacar a la luz los vínculos de la facción más extrema del movimiento antiabortista con el supremacismo blanco y la ultraderecha”.

“Para los defensores del derecho a decidir de las mujeres, la muerte de Gunn señaló una nueva frontera”, añade en un correo electrónico la profesora de la Universidad del Estado de Florida Deanna Rohlinger, autora del libro Abortion Politics, Mass Media, and Social Movements in America (2014). “Al otro lado de esa frontera, los proveedores arriesgaban literalmente sus vidas. Para los extremistas antiabortistas, Griffin [el homicida] se convirtió en un símbolo y en una aspiración: poner fin al ‘asesinato’ de los no nacidos por cualquier medio, incluida la violencia. Y si bien el movimiento antiabortista dominante rechazó esa violencia, también guardó silencio sobre otras tácticas relacionadas con el cierre de clínicas porque la acción directa atraía partidarios a la causa”.

Esas “tácticas” continuaron y se fueron sofisticando con el tiempo, después de que, como reacción a la muerte de Gunn, se promulgara una ley, conocida por el acrónimo de PACE, que convirtió en delito federal el uso de la fuerza, las amenazas y la obstrucción física a la entrada de las clínicas.

Cada Estado diseñó después sus propias reglas, pero en muchos, los centros optan por situarse en zonas poco concurridas y por parapetarse tras un gran aparcamiento a la puerta, para mantener a los protestantes fuera de la propiedad y lejos de las pacientes. “Los ataques a nuestras clínicas se han incrementado en los últimos años”, señala Clara Trullenque, que trabaja como portavoz de Planned Parenthood en Miami y recuerda dos agresiones vandálicas sufridas el año pasado en dos de sus centros. “En el de Jacksonville, por ejemplo, hay vallas alrededor del edificio para protegerlos”, añade.

Los avances en la lucha del movimiento antiabortista, cuya gran victoria se la concedió el año pasado el Supremo, no han servido para que afloje el hostigamiento. “Más bien al contrario”, dice Ziegler, “esas protestas se han trasladado de los lugares más conservadores, en los que ya se prohibió el aborto, a otros en los que aún está permitido”.

El movimiento tampoco parece dispuesto a dar tregua en los tribunales. Un juez federal de Texas está a punto de decidir sobre la legalidad de la mifepristona, medicamento que, en combinación con otro, se usa para la interrupción del embarazo. Si la demanda prospera, dejará de estar disponible en todo el país, también en los Estados donde el aborto es legal.