El 20% de españoles cree que obligar a la pareja a tener sexo no debe ser castigado por ley

En España, dos de cada 10 personas creen que obligar a la pareja a tener sexo es “inaceptable”, pero que no debe ser castigado por ley. Y lo mismo piensan casi tres de cada 10 sobre besar a una mujer contra su voluntad. Y todavía una de cada 10 personas responden de forma “espontánea” que los hombres que agreden sexualmente a una mujer lo hacen porque “tienen problemas mentales”. Son algunas de las conclusiones de la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la percepción social de la violencia sexual contra las mujeres, publicado este miércoles.

Después de 2.500 entrevistas telefónicas a ciudadanos mayores de 18 años, efectuadas entre el 20 y el 25 de enero, el análisis del CIS refleja por un lado la extensión de la violencia sexual en España: el 80% contestó afirmativamente cuando les preguntaron si conocían “personalmente” a alguna mujer que, en algún momento de su vida, hubiera sufrido una agresión sexual en su círculo (35,1%), en su barrio (27,2%) o en el trabajo o lugar de estudios (17,5%). Las propias mujeres, a las que les preguntaron por ellas mismas, contestaron que sí en dos de cada diez ocasiones (un 21,7%).

También plasma que la mayoría de la población cree que la igualdad entre mujeres y hombres ha avanzado en la última década —el 67,8% piensa que la desigualdad es menor que hace 10 años—, aunque aún persiste la idea de que esa equilibrio ya se ha alcanzado —el 38% cree que la desigualdad en España es pequeña o casi inexistente, a pesar de cifras como la brecha salarial, que va desde un 8% en la franja de la treintena hasta el 30% a partir de los 65 años, según los datos de la Agencia Tributaria de 2021—. Y también se mantienen estereotipos en torno a la idea de violencia sexual.

El 9,4% de los encuestados consideran que tocar a una mujer contra su voluntad no debe ser delito; casi la mitad piensa lo mismo sobre “hacer comentarios y sugerencias de tipo sexual” a una mujer, aunque esta no quiera, y el 28,1% cree que pagar por mantener relaciones sexuales es “aceptable en algunas circunstancias”. Aún así, hay ciertos comportamientos ya considerados delitos en la ley de Libertad Sexual que están ampliamente rechazados por la sociedad, por ejemplo, “dar de manera deliberada alcohol o drogas a una mujer, sin que ella lo sepa, para poder mantener relaciones sexuales con ella”. El 98,3% cree que es inaceptable y debe ser punible.

Y ocurre también en el ámbito digital, en el que la sociedad identifica con mayor claridad la violencia. Así, la gran mayoría, entre un 80% y un 97% consideran inaceptables y punibles por ley cuestiones como “enviar correos electrónicos o mensajes de texto con contenido sexual no deseado”, “compartir fotografías o vídeos de carácter sexual a través de redes sociales sin el consentimiento de las personas que aparecen en la foto o vídeo”, “presionar a una persona para que envíe fotos suyas desnuda” o “chantajear a una persona con difundir fotografías o vídeos suyos de carácter sexual”. Aunque hay un matiz, 4 de cada 10 opinan que “hacer comentarios ofensivos o embarazosos en Internet o redes sociales sobre alguna persona” es “inaceptable” pero no debería ser punible. Aunque casi el 74% cree que son comportamientos bastante o muy extendidos.

La publicación de esta encuesta coincide con el debate político y social sobre la reforma de la ley del solo sí es sí y la alarma que han generado las rebajas de penas y excarcelaciones a reos de delitos sexuales. Una cuestión que, más allá de los aspectos técnicos, tiene su raíz en el cambio de modelo que supone el consentimiento como eje de la norma, la voluntad de las mujeres en el sexo como punto central para discernir qué es y qué no es violencia sexual. Algo que durante el nacimiento y la tramitación parlamentaria de la ley provocó la oposición firme de la derecha y la ultraderecha, que hablaban de “firmar un contrato” para mantener relaciones sexuales o ponían en duda que se pudiera, y fuese necesario, garantizar el consentimiento y ponerlo en el centro de una ley.

“Dice su programa: garantizaremos con el Código Penal que todo lo que no sea un sí, es un no. ¿De verdad van a garantizar eso? ¿Penalmente? ¿Un silencio es un no? Ustedes dicen que un silencio es un no, y una duda, ¿de verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final?”, le dijo Cayetana Álvarez de Toledo, candidata del Partido Popular por Barcelona a las elecciones generales, en 2019, a María Jesús Montero, ministra de Hacienda en aquel momento.

Ese contexto se desprende también de algunas de las cuestiones preguntadas en la encuesta del CIS. Por ejemplo, el 21,2% cree que “pedir reiteradamente relaciones sexuales sin presiones ni amenazas” no puede ser calificado de acoso sexual, el 22,1% tampoco cree que hacer “preguntas sobre cuestiones privadas de su vida sexual” suponga acoso, y 16,1% lo cree de las “insinuaciones o indirectas sexuales”.

Aunque esta vez ha coincidido con la conversación pública y política en torno a la libertad sexual, no se trata de la primera vez que el CIS interroga sobre este asunto. En 2019 y 2014 ya llevó a cabo la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, que también trataba la violencia sexual. Y en 2017 publicó la encuesta Percepción social de la Violencia Sexual.