El Gobierno da luz verde a la ley de familias, que prohíbe expresamente el veto parental en los colegios

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera lectura el anteproyecto de la ley de familias, que crea nuevos permisos de cuidados para los trabajadores, entre ellos uno de cinco días retribuidos al año por accidente o enfermedad grave de familiares de hasta segundo grado (abuelos, hermanos o nietos) y convivientes, y otro de hasta cuatro días al año que se podrá disfrutar por horas, para atender situaciones de fuerza mayor ante urgencias e imprevistos familiares que requieran su presencia inmediata. También ampara jurídicamente la diversidad familiar, equipara los derechos de las parejas de hecho a los matrimonios y amplía la prestación de 100 euros al mes que hasta ahora perciben las madres trabajadoras con hijos de hasta tres años, en los términos pactados en los Presupuestos de 2023 (serán beneficiarias también quienes cobren una prestación por desempleo o hayan cotizado al menos 30 días desde el nacimiento del bebé, y se beneficiarán íntegramente quienes tengan contratos parciales o temporales). Asimismo, se recoge de forma expresa la prohibición de que los progenitores impidan que sus hijos accedan a información o actividades sobre diversidad familiar en los centros educativos, el conocido como veto parental. La aprobación de la norma desató tensiones en el seno del Ejecutivo de coalición, cuando a finales de noviembre se retrasó su paso por el Consejo de Ministros.

La ley ha sido propuesta por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y su titular, Ione Belarra, ha afirmado este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que esta normativa comienza a “revertir carencias históricas muy importantes” a la protección de las familias y “refuerza la protección a todas las familias”, algo que mandataba la Comisión Europea. La ha calificado como “una de las leyes más importantes de este curso político”. Derechos Sociales recalca que repara una “situación insostenible” en España, donde cada año se invierten 12.000 millones de euros menos que la media de la Unión Europea en proteger a las familias y a la infancia (en 2019 la inversión fue el 1,3% del PIB, frente al 2,3% de media de la UE). La memoria económica de la ley asciende a 628 millones de euros anuales.

Pese al aumento de la diversidad familiar en las últimas décadas en España, la única ley de ámbito estatal es por el momento la de familias numerosas, de 2003. El objetivo del anteproyecto que se aprueba este martes es el reconocimiento jurídico de las distintas estructuras familiares, determinar las prestaciones y servicios a los que tienen derecho y reducir la pobreza infantil, según se lee en la exposición de motivos del borrador al que tuvo acceso este periódico. Belarra ha hablado de cuatro pilares que se incluyen en la norma: la ampliación de la protección social a las familias, facilitar los cuidados, “el reconocimiento jurídico de los distintos tipos que ya existen en nuestro país” y la protección de los derechos de los niños y las niñas.

En el anteproyecto se recoge “por primera vez” en un texto legal, según fuentes de Derechos Sociales, la protección de la educación en diversidad, ya que se incluye la prohibición expresa de que los padres o tutores impidan el acceso a contenidos sobre diversidad familiar en el marco educativo. En realidad, el veto parental no es legal en España y ahora mismo no está implantado en ningún territorio. La legislación educativa no permite que los progenitores decidan si su hijo debe asistir o no a una actividad impartida en el centro durante el horario escolar, salvo en aquellos casos en que la normativa lo contemple expresamente, como, por ejemplo, en la clase de Religión.

Aun así, Murcia, con un Gobierno del PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, intentó implantarlo, dictando para ello unas instrucciones a principios del curso 2019-2020 que llegaron a estar unos meses en vigor. En ellas, se precisaba que era obligatorio que los progenitores dieran su consentimiento expreso para que los niños asistieran a actividades complementarias (que se realizan en el centro y en horario lectivo, y son de obligada asistencia, pero no tienen por qué estar ligadas al contenido curricular).

El Ministerio de Educación insistió desde el primer momento en que era ilegal y contravenía la legislación educativa, y recurrió incluso a los tribunales, que la paralizaron cautelarmente en marzo de 2020. Los jueces archivaron la causa sin pronunciarse sobre el fondo del asunto porque, al llegar el final del curso, consideraron que las instrucciones recurridas habían decaído. Murcia volvió a anunciar durante el curso siguiente su intención de volver a implantarlo, pero no lo hizo. Los responsables del Ministerio de Educación aseguraron a este periódico que enviaron un requerimiento oficial al Ejecutivo murciano volviendo a avisarles de que dicho veto parental resultaría ilegal, y que en esa ocasión su advertencia fue atendida. Hoy no está en marcha en la región ningún veto parental, y únicamente se pide que los centros comuniquen a las familias qué actividades complementarias está previsto que se realicen en el centro.

Compromiso con Bruselas

La ley de familias forma parte del acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, y su aprobación ha sido pactada con la Unión Europea para el primer semestre de 2023, como uno de los hitos del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Tras su aprobación en primera lectura, es preciso que recabe informes consultivos antes de pasar en segunda vuelta por el Consejo de Ministros y que pueda comenzar su recorrido parlamentario. Aunque se opte por el trámite de urgencia, los plazos son ajustados. Pese a ello, su aprobación ha sufrido varios retrasos en el último año. Belarra (Unidas Podemos) anunció primero que había un acuerdo con el PSOE para que fuera aprobada en septiembre. Posteriormente, se acordó, en el marco de la negociación de los Presupuestos para 2023, que se haría antes de que acabara octubre.

Por último, estaba previsto que fuera al Consejo de Ministros a finales de noviembre, tal y como había anunciado Derechos Sociales, pero la víspera, a última hora, salió del orden del día. El ministerio culpó entonces al ala socialista del Ejecutivo de los “constantes retrasos” y Belarra tildó los argumentos esgrimidos para el aplazamiento de “incomprensibles”. Entonces, el Ministerio de Justicia pidió más tiempo para revisar algunos aspectos del texto, si bien fuentes de Derechos Sociales recuerdan que los ministerios del socio de gobierno disponen del documento desde hace un año. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez (PSOE), quitó hierro al asunto a finales de noviembre argumentando que “hay que mirar el resultado de las leyes” y “no tanto el debate antes de llegar a un acuerdo”.

El anteproyecto de ley plantea un marco de referencia para las políticas familiares y la protección mínima que deben recibir en todo el territorio. Se prevé la creación de un registro estatal de parejas de hecho, según el borrador consultado, y se equiparan sus derechos respecto a los permisos de cuidados de los que pueden disponer las parejas casadas, como por ejemplo que puedan contar con 15 días libres al constituirse, como ya ocurre con los matrimonios.

Se recogen medidas para el conjunto de familias, como el compromiso para generar un marco estatal de apoyo en los primeros mil días de vida de los niños, pero también se establece un marco de reconocimiento y protección para determinados hogares, como las familias LGTBI, aquellas con algún miembro con discapacidad, las familias múltiples, reconstituidas, adoptivas o acogedoras.

Tres nuevos permisos

Además, el anteproyecto, que modifica más de una decena de normativas, transpone la directiva europea de conciliación de 2019. Se incorporan nuevas causas de despido nulo y se crean tres nuevos permisos de cuidados. El de cinco días por enfermedad o accidente grave o intervención quirúrgica sin hospitalización que necesite reposo, que también podrá usarse para atender a convivientes, no solo para familiares de hasta segundo grado, como abuelos, hermanos o nietos. El de hasta cuatro días por imprevistos y urgencias familiares (por ejemplo si los hijos han pasado una mala noche). Y un nuevo permiso parental de ocho semanas que podrán usarse de forma continua o discontinua hasta que los niños cumplan ocho años, que no se contempla como retribuido aunque la directiva establece que debe serlo, y que se aplicará de forma progresiva: será de seis semanas en 2023 y de ocho en 2024. Hasta ahora solo se permitían dos días por fallecimiento o enfermedad grave de familiar de hasta segundo grado, que se mantienen en caso de fallecimiento.

Por otro lado, las familias numerosas pasan a estar englobadas en una categoría más amplia, la de las familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza, donde también se incluyen las monoparentales con dos hijos a cargo (no solo viudos, como hasta ahora, sino también quien tenga la custodia de sus hijos y no cuente con pensión de alimentos), las familias con dos hijos encabezadas por una víctima de violencia de género y las que, también con dos hijos, tengan a un progenitor en tratamiento hospitalario durante un año o que haya ingresado en prisión, así como aquellas en las que algún ascendiente o descendiente tenga discapacidad. Los hogares monoparentales habían pedido la equiparación a los numerosos —con las consiguientes ayudas y beneficios fiscales— desde el primer hijo, al aducir que el 70% solo tiene un niño.

También se recogen otros cambios, como la posibilidad de extender el permiso por cuidado de menor con cáncer o enfermedad grave hasta los 26 años en caso de que los hijos tengan una discapacidad de al menos el 65%, según el borrador consultado. Asimismo, el anteproyecto mejora el fondo de garantía del pago de alimentos, por el cual se adelanta esta cuantía a los progenitores que ostentan la custodia de sus hijos y que no perciben la pensión por parte del otro progenitor, y no solo beneficiará a menores, también a mayores de edad con dependencia o alto grado de discapacidad. Además, da el mandato para que en el plazo de un año se extienda la pensión de orfandad hasta los 26 años (ahora puede llegar como máximo a los 25).

El anteproyecto, sin embargo, recoge cambios importantes respecto a lo propuesto en un principio por Belarra. La ministra ha defendido en público en repetidas ocasiones la necesidad de una prestación universal por crianza para todos los menores de 18 años, de 100 euros al mes. Finalmente, no se llega a la universalidad, ni siquiera en el tramo hasta los tres años, aunque Derechos Sociales precisa que, en ese periodo de edad, se está cerca de la universalidad si a quienes perciban la prestación de 100 euros al mes (debido a la ampliación de la actual deducción fiscal reembolsable para mujeres trabajadoras) se suma a quienes perciban el complemento de infancia del ingreso mínimo vital, que pueden solicitar familias vulnerables. El ministerio calcula que la ampliación recogida en la ley beneficiará a entre 200.000 y 250.000 nuevas madres.

El texto no incluye la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad de las 16 semanas actuales hasta 24, algo que Belarra también había propuesto, ni tampoco la equiparación de este permiso para las familias monoparentales respecto a las biparentales, de manera que los niños con un solo progenitor dispongan del mismo tiempo de cuidado que el que cuenta con dos, algo que en los últimos años han reconocido varios tribunales y que reclamaban las familias monoparentales. “Nos hubiese gustado que esta ley fuese más allá”, reconoció este lunes la portavoz de Podemos, Isa Serra, “pero es una ley que es un éxito en nuestro país”, añadió.