La violencia estatal y la persecución judicial a la prensa alimentan la diáspora de periodistas en Latinoamérica

Cuando la periodista cubana en el exilio Yadiris Luis Fuentes se fue a la cama el pasado jueves en Madrid no dejaba de pensar en el programa que en esos momentos estaba emitiendo la televisión estatal de su país natal en el que criminalizaba a reporteros de medios independientes, entre los que aparecía ella, y los describía como “vendepatrias” y les deslegitimaba por cobrar un sueldo de una empresa privada. “Me acosté sabiendo que mi mamá había visto un programa de televisión donde a mí se me acusaban de mercenaria. Es lo que hace el régimen cubano con los periodistas”, ha lamentado Luis Fuentes, redactora en Eltoque.com y ADN, este viernes durante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Hace justo un año, Luis Fuentes dormía en Cuba y aún no se había visto obligada a huir de su ciudad. El principio del fin llegó un 15 de octubre, cuando la Seguridad del Estado cubano la citó para un interrogatorio. Allí, asegura, fue intimidada en una sala en semioscuridad por policías cubanos. “Adalberto (nombre ficticio) me llamó tonta útil y me aclaró que yo no era importante en mi mundo y añadió: ‘Nadie va a recordarte si te sucede algo”, describió después en un medio digital Luis Fuentes. Su experiencia no es única. Lamentablemente numerosos periodistas de Latinoamérica se han visto amenazados en los últimos años por ejercer libremente su trabajo y han tenido que emigrar para seguir ejerciendo el oficio e incluso para seguir con vida.

El país de Luis Fuentes se encuentra en la cola, seguido por Venezuela y en último lugar por Nicaragua en el ranquin del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa que la SIP ha dado a conocer horas después de su intervención. Este barómetro, publicado anualmente, evalúa a través de las percepciones de periodistas, directores de medios, abogados y expertos, la libertad para ejercer el periodismo en 22 países de los tres continentes americanos. Los datos de esta edición se refieren al periodo que va del 2 de agosto de 2021 al 1 del mismo mes de 2022. “Hay una correlación entre el aumento de las restricciones al trabajo periodístico y el crecimiento de la corrupción, la caída del producto interno y la pérdida de competitividad”, ha afirmado Carlos Jornet, presidente de la SIP durante el discurso inaugural. En los dos primeros puestos de la lista están Canadá y Jamaica, los dos únicos países catalogados por la SIP como estados con “libertad de expresión plena”.

En Cuba, Venezuela y Nicaragua, advierte la SIP, se están cerrando medios de comunicación como una “una medida de censura”. Además, la violencia estatal en los últimos años hacia la prensa en general y la persecución judicial con penas de prisión contra los periodistas está debilitando a la democracia y la sociedad de estos países “queda inerme ante el poder” y su calidad de vida se deteriora. “Cualquier persona que sea financiada por capital extranjero puede ser condenada de cuatro a 10 años en Cuba. [El código penal] está pensado para silenciar al periodismo independiente y para que los periodistas exiliados no regresen. Porque si lo hacen, pueden ir directamente a la cárcel”, cuenta Luis Fuentes.

Entre los datos ofrecidos, son alarmantes los referentes a Nicaragua: 330 agresiones contra periodistas en un año, más de 700 ataques a medios de comunicación “atribuidos directamente al Estado” y 84 desplazamientos forzados de comunicadores. Uno de ellos es Néstor Arce, periodista y director del medio Divergentes. Consiguió salir de Nicaragua esta primavera, en medio de la dura persecución que la prensa está sufriendo bajo el gobierno del dictador Daniel Ortega, para recoger el premio Ortega y Gasset de periodismo por el reportaje multimedia “El reto tras la masacre” sobre las víctimas de la represión del régimen. En su marcha, contó para el periódico Coolt, tan solo pudo llevarse una mochila con un pantalón, unos calzoncillos, dos camisetas, dos pares de calcetines y los medicamentos para la alergia que padece. Ahora, en el exilio, lanza un discurso afilado sobre la situación que siguen viviendo sus colegas en su país natal: “Nicaragua sufre un deterioro en la libertad de prensa desde 2007. Desde ese año no ha habido ninguna conferencia de prensa, nunca se ha podido entrevistar a un funcionario público, ningún periodista nicaragüense ha logrado entrevistar a Ortega. Han comprado televisiones, radio y tratan de manipular la conversación digital en las redes sociales. Hay 15 personas condenadas por poner un tuit”.

Hacer periodismo en Nicaragua, define Arce, es un trabajo “de alto riesgo” y mucho más costoso que en otros países vecinos. “Hacer el periodismo en Nicaragua cuesta el triple porque tienes que mover al periodista en vehículos seguros. Y si es detectado [por el Gobierno], tienes que cambiarlo”, dice el periodista de Divergentes, y añade: “Y cuando los periodistas salen del país, cuesta cuatro veces más, porque los lugares donde se exilian son más caros para vivir y siguen cobrando el mismo sueldo de Nicaragua”. Junto a Luis Fuentes, Arce ha conversado con la periodista Gabriela Cáceres, del diario salvadoreño El Faro y Alonso Moleiro, colaborador en Venezuela de EL PAÍS sobre los peligros de contar noticias en sus países de origen. “Cada vez que se hace periodismo de investigación, Nayib Bukele [presidente de El Salvador] y sus funcionarios van en contra [de ello]. En El Faro hubo 22 intervenciones del virus Pegasus, en mi caso fueron durante siete meses, cuando estábamos investigando un caso de corrupción”, ha narrado Cáceres.

Además de las amenazas y agresiones, la SIP ha alertado de cómo siguen matando a periodistas por el simple hecho de informar. Esta organización ha contabilizado que desde 1987 han sido asesinados o han desaparecido en Latinoamérica 660 periodistas y trabajadores de medios, 47 mujeres y 613 hombres. Solo 210 en México. “En estos [últimos] mil días, el crimen organizado asesinó a unos 70 periodistas. En muchos casos con la complicidad y casi siempre con la desidia de gobiernos y fuerzas de seguridad”, ha explicado Jornet. Uno de los matices más preocupantes, incide el presidente de la organización, es que de esos crímenes solo se ha esclarecido un 9% de ellos. “Esto revela la otra cara de la tragedia: la alta tasa de impunidad, que termina incentivando la violencia criminal”, ha añadido. Pese a la oscuridad que parece cernirse sobre estos hechos, Arce enuncia unas palabras que arrojan esperanza: “A pesar de todos esos intentos [de silenciamiento], el periodismo no se ha cansado. El periodismo se ha reinventado con cada obstáculo que se ha encontrado”.