Las venezolanas marchan para derogar las penas de prisión a quien aborte y a sus acompañantes

Colombia, México y Argentina han dado importantes pasos en el acceso al aborto de las mujeres el último año. También hubo un gran retroceso cuando la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el fallo Roe vs Wade. En Venezuela, este 2022 se vuelve a marchar en el Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con mucho por lograr todavía, pero con el movimiento feminista unido en la plataforma Ruta Verde, que lucha por la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en un país que, junto con Perú, Paraguay, Costa Rica y Guatemala, tiene las legislaciones más restrictivas de la región. En estos países solo se admite en caso de riesgo de la madre, pero en Venezuela aun con esa causal todos los abortos se hacen de forma clandestina.

Ruta Verde se movilizó este miércoles en Caracas para introducir un proyecto de ley sobre los derechos sexuales y reproductivos, que deroga los artículos de 430, 431, 433 y 434 del Código Penal que imponen penas de prisión a quienes aborten y acompañen el procedimiento. También establece garantías sobre la educación sexual integral, el acceso a métodos anticonceptivos, de prevención de enfermedades de transmisión sexual, de planificación familiar y al aborto gratuito, seguro y acompañado, el mensaje que tenían las pancartas de las decenas de mujeres que caminaron por una avenida del centro de la capital hasta la sede del Palacio Legislativo. “Aborto sí, aborto no. ¡Eso lo decido yo!” fue una de las consignas que coreó la nutrida manifestación que reunió a decenas de activistas. Otras fueron directamente hacia Nicolás Maduro quien ha llamado en televisión a las mujeres a parir hasta seis hijos. “Maduro, no me da la gana de parirle hijos a la patria”, respondieron en pancartas al mandatario chavista.

Hace un año las mujeres lograron que el tema al menos entrara en la agenda de los diputados. Un grupo de activistas estuvo en una comisión del Parlamento y se acordaron crear grupos mixtos para trabajar el tema incorporando a los legisladores de las comisiones de Educación y Cultos y Religiones. Hace dos años la educadora y defensora de derechos humanos Vanessa Rosales estuvo presa durante nueve meses por haber ayudado a una de sus alumnas de 13 años a abortar luego de una violación. Le imputaron delitos de una ley sobre terrorismo. Hasta ahora ni el proyecto que presentaron las activistas ha pasado a una consulta pública en el Parlamento ni han cambiado las condiciones para que mujeres y niñas violadas puedan abortar de forma legal y segura.

Ruta Verde trabaja en la recolección de más de 20 mil firmas para introducir el proyecto de ley como una iniciativa popular, establecida en la Constitución. En un mes consiguieron más de la mitad. “En la propuesta proponemos que se garantice al acceso al aborto gratuito y seguro en los casos que este legalmente permitido, lo que nos da un respaldo para avanzar para la despenalización o legalización, pues está contemplado como uno de los derechos sexuales y reproductivos”, comenta Laura Cano, coordinadora de la Ruta Verde. “Además, proponemos derogar esos artículos que desde hace 120 años han hecho del aborto un delito. En Venezuela solo está permitido en caso de que corra riesgo la vida de la persona gestante, algo que deja esa decisión en los médicos y que tampoco se sabe cómo poner en práctica. Eso plantea una criminalización que afecta más a mujeres empobrecidas y racializadas”, agrega la también periodista.

La propuesta legal del movimiento verde también incorpora garantías para la libre asociación sexual y también incorpora el término personas gestantes que incluye a los hombres trans. Pero como otras legislaciones como la del matrimonio igualitario, también presentada con decenas de miles de firmas de respaldo en 2014 esta enfrenta trabas como la penalización social. “La principal es el machismo, la misoginia, el patriarcado que permea toda la política del país, independiente de la bandera política que tenga en la Asamblea Nacional. Aunque se ha avanzado en el reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en transformar esto y permitir el aborto como un derecho fundamental todavía tenemos una gran deuda”.