Argentina abre su política de identidad a madres de niños robados fuera de la dictadura
La nueva política, todavía incipiente, es una esperanza para 12.500 personas cuyo ADN no coincidió con el de familias de los desaparecidos. En noviembre hubo dos reencuentros
La práctica de “conseguir un niño” existió siempre, con complicidad de parteras y registros civiles y silencio de la sociedad. Los represores de la dictadura argentina (1976-1983) montaron en ese viejo engranaje su sistema de robo de bebés a militantes políticas torturadas y asesinadas en sus centros clandestinos de detención. Pero el tráfico, las apropiaciones y adopciones continuaron en paralelo, fuera de los cuarteles. Así lo prueba la abrumadora cifra de nacidos durante el periodo del terrorismo de Estado que tienen documentación irregular y buscan su origen, pero han sido descartadas como hijos de desaparecidos en los test que hace el Banco Nacional de Datos Genéticos [BNDG] desde el retorno de la democracia.
El BNDG abrió en 1987. En 35 años, el cotejo de las muestras biológicas de las familias de desaparecidos por la dictadura y personas que dudaban de su identidad permitió identificar sin margen de error a 130 de unos 500 nietos buscados por las Abuelas de Plaza de Mayo. Pero el proceso acumuló en el camino más de 12.500 resultados negativos: personas que crecieron con la identidad sustituida, pero no son los nietos buscados. El problema para ellos es que, tras el informe negativo, no tienen otras opciones para rastrear su origen. Y el problema para el Estado es que estos casos crecen de a 100 al mes, mientras los nietos –razón de ser del BNDG– han dejado de aparecer. El último anuncio fue hace dos años y medio.
Pero algo está cambiando, poco a poco. Doce casos negativos del BNDG recibieron una buena noticia: sus madres estaban vivas. No están desaparecidas ni lo estuvieron. La identificación fue posible porque el organismo sumó a su archivo de familias que buscan nietos robados por los militares, otro de madres, que buscan hijos robados por fuera del terrorismo de Estado. Las cifras fueron confirmadas a EL PAÍS por Mariana Herrera Piñero, directora del BNDG desde 2015, aunque advirtió que “son dinámicas”. La suma de reencuentros evidencia el potencial de esta apertura parcial del archivo de ADN del BNDG.
Los primeros casos llegaron vía judicial y permitieron resolver desde 2009 historias en Rosario, Tucumán, Buenos Aires y Neuquén. Esto es: mujeres que encuentran hijos e hijos que recuperan la identidad. Hechos sin correlato con la dictadura. En un caso de 2018, la justicia pidió comparar con los casos negativos del BNDG la sangre de una empleada doméstica que buscaba a una beba nacida en 1976 en Vicente López (extrarradio de Buenos Aires), arrancada por sus jefes y entregada a una pareja. Amenazada por ellos con perder también a su hijo mayor, calló por décadas. El cruce fue exitoso: su hija dudaba de su origen y había pedido que se la comparase con el banco de ADN del BNDG.
Otras madres fueron entonces a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad [Conadi], y hubo más encuentros, dos de ellos el pasado noviembre. Nélida Soria es la madre que protagonizó uno de ellos y conmovió al pueblo de Colón, Entre Ríos. En 1978, esta mujer uruguaya sin actividad política vivía en Buenos Aires con su esposo, una hija pequeña y una beba a la que no habían llegado a inscribir. Una redada los forzó a salir del país y ha dejar temporalmente la beba con un vecino: no la vieron más. Lourdes, asi se llama, creció en Córdoba con otro apellido y hace años consultó si era hija de desaparecidos. Su ADN quedó en el BNDG y su historia permanecía irresuelta. Nélida acaba de encontrarla porque un conocido le dijo que ahora recibían el ADN de madres. Y probó.
Ante este caso, el funcionario de la Conadi Manuel Gonçalves (que es también uno de los 130 nietos recuperados) dijo a la Radio Ciudadana de Entre Ríos: “Tenemos muchas muestras de jóvenes de entre 40 y 45 años que han dado negativo, y muchas madres que están en esta búsqueda. Hemos logrado ingresarlas al BNDG; a partir de este trabajo hemos resuelto varios casos y esperamos resolver más”. Pueden sumarse al banco de ADN si dieron a luz entre julio de 1974 y diciembre de 1983, exclusivamente. No importa si les robaron un hijo o lo entregaron por no poder criarlo.
“Necesitamos que las madres nos busquen. Las estamos esperando”, dice Mariano Landeira, uno de los 12.500 casos que no tuvieron éxito en el banco genético. Landeira nació en febrero de 1975 en una clínica de Wilde (Buenos Aires) que lo vendió a su familia de crianza. Y sueña con llenar “una parte vacía” de su vida. En el BNDG ya hay 250 madres no vinculadas a casos de terrorismo de Estado. Una es María Alicia Pedrazzi. Parió en la clínica Pedro Honaine de San Martín (Buenos Aires) el 30 de noviembre de 1983 y le dijeron que su bebé había muerto. Con los años comprobó que se lo habían cambiado. Herrera Piñero explica que “la incorporación de madres sirve para posibles reencuentros, que siempre son algo bueno y queremos que sucedan. Y también es una solución científica ideal, porque los casos negativos, si no recuperan su identidad, quedan de por vida en la base de datos, comparándose permanentemente, algo que perjudica el trabajo del BNDG”.
Una ley de identidad amplia
El icónico BNDG es la caja de resonancia de un gran conflicto. En 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la ley que lo rige se endureció para optimizar su meta: encontrar a los nietos de las Abuelas de Plaza de Mayo. Para los activistas del derecho a la identidad (un coglomerado de ONGs y comunidades virtuales heterogéneas) aquella ley fue una decisión arbitraria. Ellos consideran que este laboratorio, que depende del Ministerio de Ciencia, debería tomar todos los casos, con o sin relación con delitos de lesa humanidad.
“El reclamo y la demanda son genuinos. Pero ¿cómo se tienen que vehiculizar? Es más complejo que un análisis genético. Es una discusión mayor”, dice Herrero Piñera. “Debe haber un compromiso del Estado para que no haya más organismos administrativos cómplices de la apropiación, y una ley federal de identidad de origen. El BNDG podría ser el centro, pero que participen los laboratorios forenses de las provincias y alimenten una base de datos común”.
¿Es posible, entonces, abrir el BNDG a toda la comunidad? “La búsqueda en el BNDG es efectiva porque se limita a unos 500 grupos familiares, más estas madres que buscan”, advierte Herrero Piñera, actual directora del banco genético. “Pero si se abriera a otros períodos el universo sería enorme y la búsqueda, más compleja. Procesar esas muestras sería imposible con sus recursos humanos y tecnología, y llevaría al fracaso. Pero una ley donde el BNDG, con su experiencia e idoneidad, administrara la base, no vulneraría su actividad y permitiría búsquedas eficientes”, concluye.
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