La justicia de EE UU pone fin al contencioso contra Purdue Pharma por la crisis de los opioides
La familia propietaria pagará 4.500 millones de dólares a cambio de inmunidad ante eventuales querellas
Con la aprobación del expediente de quiebra y la disolución de la empresa, la justicia de EE UU ha puesto fin este miércoles al largo contencioso contra Purdue Pharma, la farmacéutica en buena parte responsable de la grave epidemia de adicciones en EE UU por el consumo de su producto estrella, el analgésico opioide OxyContin. El fallo garantiza la inmunidad ante futuras querellas a la familia Sackler, propietaria de la compañía, que a cambio se compromete a pagar 4.500 millones de dólares a los más de 3.000 demandantes por los estragos que provocó el fármaco, que contribuyó a agravar la peor crisis de salud pública en EE UU entre la epidemia del sida y la pandemia del coronavirus.
El fallo aprueba el plan de reestructuración de la empresa, que implica la transferencia de sus activos a un fondo destinado a combatir la crisis sanitaria, una lacra aún muy palpable en el país, como testimonian las periódicas campañas de información y prevención de Ayuntamientos y Estados.
Durante una vista que se prolongó más de seis horas, el juez federal Robert Drain preparó el escenario para la disolución de Purdue Pharma, así como para la exención de responsabilidades penales por parte de los Sackler en el futuro. “Me gustaría que el plan [de reestructuración] hubiera proporcionado más [dinero], pero no voy a poner en peligro lo que ofrece”, declaró Drain tras la lectura del fallo. El dinero procedente de la reestructuración se destinará directamente, a través del fondo gestor, a entidades gubernamentales, que lo usarán en programas de desintoxicación y prevención, junto con las víctimas supervivientes y sus familias. El balance de muertos provocado en EE UU por la crisis de los opioides (derivados sintéticos del opio) se estima en más de 500.000 en las dos últimas dos décadas. El OxyContin fue lanzado en 1995.
Purdue Pharma presentó la declaración de bancarrota en 2019, en un intento de resolver las más de 3.000 querellas criminales interpuestas por Estados, condados, tribus y otras entidades locales por la agresiva campaña de mercadotecnia de la compañía, incluidos los pagos a médicos para que prescribieran el OxyContin, enormemente adictivo, un dato que los fabricantes ocultaron. La resolución judicial no solo exime de futuras responsabilidades a los Sackler, sino también a cientos de socios. Todos ellos conservarán gran parte de la fortuna que hicieron con la firma, a cambio del pago de los 4.500 millones de dólares en efectivo y donaciones.
Los críticos del acuerdo, incluidos los fiscales generales de nueve Estados y el Departamento de Justicia, arguyen que viola los derechos constitucionales de potenciales querellantes, porque les niega indebidamente la oportunidad de demandar directamente a la familia propietaria, subraya el portal informativo The Hill al comentar la sentencia. Los partidarios del acuerdo de conciliación, incluidos docenas de Gobiernos estatales y locales, consideran por su parte que lo importante es haber alcanzado un rápido acuerdo financiero.
El culebrón del OxyContin y el auge y posterior caída en picado de la familia Sackler han sido objeto de un escalofriante documental en la plataforma HBO, que pormenoriza con especial detalle sus salvajes campañas de marketing, así como de un libro del periodista Patrick Radden Keefe, de próxima aparición en castellano.
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