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Juana Rivas ingresa en un centro de inserción social en Granada para cumplir condena por la sustracción de sus hijos

Al no haber entrado en una prisión al uso, se acelera mucho su paso al tercer grado, lo que le permitirá salir a la calle en unas semanas

Juana Rivas (centro) antes de acceder al centro de inserción social Matilde Cantos en Granada, este viernes.
Juana Rivas (centro) antes de acceder al centro de inserción social Matilde Cantos en Granada, este viernes.Álex Cámara (Europa Press)
Javier Arroyo

Juana Rivas ha ingresado este viernes voluntariamente en el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada, un día antes de que se cumpliera el plazo de 15 días que dio el juez a la Guardia Civil para llevarla al juzgado y, posteriormente, a prisión. Rivas, condenada por no devolver a sus dos hijos a su expareja en el verano de 2017, ha cumplido con la instrucción de ingreso, pero al no hacerlo en una cárcel al uso, sino en un CIS, acelera de manera sustancial, según fuentes conocedoras del caso, su acceso al tercer grado. Si lo logra, podrá abandonar el centro y hacer vida normal en su casa televigilada con una pulsera.

En un comunicado hecho público por Carlos Arangüez, su abogado, Juana Rivas ha asegurado sobre las numerosas muestras de cariño que ha recibido: “Me dan las fuerzas que necesito para seguir. Nunca voy a dejar de luchar por mis hijos”. Esta granadina ha manifestado estar convencida de cumplir una decisión que considera “injusta” y ha declarado: “Tengo fe y esperanza en que el Gobierno me conceda el indulto, y eso me permita seguir luchando por mis hijos y pedir que se les reconozcan sus derechos en Italia. Hemos sufrido mucho, parece ser que nos queda bastante aún, y eso no puede quedar en el olvido”.

Los litigios judiciales de Rivas arrancan en 2009 cuando Francesco Arcuri, su marido, fue condenado en España por un delito de violencia de género a tres meses de prisión y alejamiento de 200 metros de ella durante 15 meses. Después de estar un tiempo separados, ella fue a Italia y volvió con él (fue cuando tuvo a su segundo hijo). Pero en 2016 volvió a Marchena (Granada) con los niños sin el permiso del padre. Rivas fue condenada en 2018, en primera instancia, por el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada a cinco años de prisión, seis de pérdida de potestad sobre sus dos hijos menores de edad, de siete y 14 años de edad ahora, y una indemnización de 30.000 euros por dos delitos de sustracción de menores. Tras diversos recursos en la Audiencia Provincial de Granada y en el Tribunal Supremo, la pena ha quedado reducida a dos años y medio de cárcel, seis de pérdida de la patria potestad y 12.000 euros de indemnización por un único delito de sustracción. Rivas abonó la indemnización hace un par de semanas con un dinero recaudado a través de numerosas donaciones.

El ingreso en un Centro de Inserción Social en vez de en prisión está autorizado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, según un protocolo aprobado en diciembre de 2020 que permite “el ingreso directo en medio abierto”, como el CIS Matilde Cantos de Granada, a quienes se presenten voluntariamente, tengan una condena inferior a cinco años, hayan cometido su primer delito, hayan satisfecho la responsabilidad civil y algún otro condicionante más que los abogados de Rivas consideran que cumple.

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Enrique Zambrano, abogado de Francesco Arcuri, ha explicado a este diario que le parece bien “cualquier beneficio al que se pueda acoger la señora Rivas dentro de la ley penitenciaria”. “De hecho, entiendo que esto es lo que tenía que hacer”, apostilló.

Fuentes conocedoras de los protocolos del CIS Matilde Cantos explican que ahora la Junta de Tratamiento tendrá que entrevistarse con Rivas y emitir el informe oportuno sobre su paso al tercer grado o no. Eso, previsiblemente, podría ocurrir en una o dos semanas al menos. Cada miércoles se reúne la junta y el viernes, en su caso, podría salir a la calle. Estas fuentes consideran precipitado que esa decisión se tome el próximo jueves, por lo que retrasan cualquier decisión al menos hasta el 23 de junio. Si hubiera ingresado en prisión, este proceso hubiera llevado, explican, “al menos, en el formato más rápido, un par de meses y probablemente algo más”.

Los niños viven con su padre en Carloforte (Cerdeña). La guardia y custodia recae en Arcuri por sentencia de un tribunal italiano que estableció un régimen de visitas que ha permitido a los niños viajar a España en verano y Navidad y a su madre viajar allí con regularidad para visitarlos. Por otro lado, los juzgados italianos han archivado numerosas denuncias de Rivas contra su expareja en Italia aunque, en este momento, su abogado en España, que no lleva sus asuntos en Italia, confirma que “hay denuncias penales abiertas contra el señor Arcuri en Italia por maltrato a sus hijos a fecha de hoy”.

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