Unidas Podemos pide recuperar para el dominio público los bienes inmatriculados por la Iglesia
La formación de Iglesias reivindica esta medida para cumplir el acuerdo de Gobierno que firmó con el PSOE
Los 34.961 inmuebles que la Iglesia católica inmatriculó a su nombre entre 1998 y 2015, según el informe que remitió el Gobierno el 16 de febrero al Congreso, ya tienen repercusiones políticas. Unidas Podemos ha pedido este viernes recuperar para el dominio público los bienes que la institución eclesiástica apuntó a su nombre en los registros de la propiedad, gracias al paréntesis legal que abrió la ley hipotecaria aprobada en 1998 por el Gobierno del PP de José María Aznar.
En un comunicado, los de Iglesias han destacado la importancia de un desarrollo legislativo que permita “la recuperación para el dominio público” de los bienes inmatriculados por la congregación católica. Unidas Podemos defiende esta medida para cumplir con el punto 5.11 del acuerdo de Gobierno que firmó con el PSOE.
En este pacto las dos fuerzas políticas acordaron llevar a cabo las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes “inmatriculados indebidamente por la Iglesia, basadas en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros”, según recoge el pacto firmado por socialistas y morados. Los dos socios de Gobierno ya compartían esta idea antes de llegar a firmar el acuerdo de coalición, ya que ambos concurrieron a las elecciones del 10 de noviembre con esta promesa en sus programas electorales.
El informe remitido al Congreso el pasado 16 de febrero revela que de las 34.961 propiedades, 20.014 son templos o dependencias complementarias y 14.947, fincas “con otros destinos (terrenos, solares, viviendas, locales)”. El Ejecutivo tardó tres años en elaborar dicho informe, pese a que la Cámara baja se lo reclamó en 2018. Durante este tiempo, ha permanecido oculto pese a que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) le instó a publicar el listado en septiembre de 2019 tras una petición de EL PAÍS, decisión que el Ministerio de Justicia recurrió en la Audiencia Nacional, que le dio la razón.
La lista descubre un patrimonio muy variopinto que incluye pisos, garajes, campos de cultivo, viñedos y hasta castillos. Ya en los últimos años habían salido a la luz casos muy controvertidos, como la inscripción de la mezquita de Córdoba o la torre de La Giralda, en Sevilla. La cifra clave que está en el centro de la controversia es la siguiente: la gran mayoría, un total de 30.335 bienes, han sido registrados con una certificación eclesiástica, según consta en las notas simples correspondientes, y en 4.626 fincas la inscripción se ha practicado en base “a un título distinto”.
Podemos ha defendido que el Ministerio de Cultura (controlado por el PSOE) debe reclamar “de inmediato” todos los bienes que figuren en su inventario de patrimonio histórico. La formación liderada por Iglesias considera que el patrimonio histórico de raíz religiosa “con independencia del uso litúrgico que pueda desarrollarse en el mismo, forma parte de la riqueza cultural heredada por el pueblo español y de ninguna manera puede permitirse que por inacción o transcurso del tiempo se pierda para las futuras generaciones”.
El grupo parlamentario ha adelantado que trabajará con el PSOE y el resto de fuerzas progresistas para “articular fórmulas normativas” que permitan declarar la nulidad de todas las inmatriculaciones realizadas sin título suficiente y en particular el patrimonio histórico de raíz religiosa, el cual debe estar afectado al dominio público, tal y como ocurre en los países de nuestro entorno.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en una entrevista de la Cadena SER la semana pasada, no aclaró si el Ejecutivo piensa reclamar lo inmatriculado: “Hay una parte muy importante que son bienes claramente de la Iglesia católica y que están en el ámbito del patrimonio histórico, sin duda de ningún tipo. Hay otros que pueden estar en litigio, de los particulares, de otras administraciones públicas, de personas jurídicas, que claramente piensen que, frente a esa inscripción, tienen un título mayor que demostrar”. En este caso, ha explicado que habrá una primera parte, que es agotar la vía administrativa: “Oiga, reconózcame usted a mí que yo tengo mayor título, y que como no sabía que se había registrado, pues ahora que lo sé, lo peleo”.
Calvo opina que entonces puede darse, “de manera autorregulada, un reconocimiento de la propia Iglesia católica y de la Administración general del Estado diciendo: efectivamente, usted tiene más título y este bien sale de esa lista”. Otra cosa es cuando no haya acuerdo: “Habrá algunos que lleguen hasta el conflicto en tribunales, porque la Iglesia reaccione y diga: tengo más título o lo puedo demostrar. Será una vía complicada y lenta, pero que cerrará definitivamente este asunto”.
“Amnistía registral”
Las asociaciones que han batallado estos años por aclarar lo ocurrido, agrupadas en la coordinadora Recuperando, que han sido muy críticas con el Gobierno, al que acusan de haberse lavado las manos, limitándose a publicar el listado con retraso, valoran positivamente la propuesta de Unidas Podemos. Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho en la Universidad de Córdoba y portavoz de la coordinadora, reconoce que “les sorprende” que la formación de Iglesias se haya mantenido “callada” una semana desde que salió el informe, pero valoran la propuesta “coherente” de este viernes.
Rodríguez lamenta que el Tribunal Constitucional nunca se haya pronunciado al respecto y que el Tribunal Supremo haya dictado dos sentencias contradictorias. El portavoz de Recuperando agrega que el Gobierno debería debería simplemente anular las inmatriculaciones, por inconstitucionalidad sobrevenida, y que reclame las propiedades quien las pueda demostrar, ya sea la Iglesia o un particular.
