El Tribunal de Cuentas alerta de “falta de control” en la gestión de la dependencia

La gestión de la dependencia es un caos, como constata el Tribunal de Cuentas en un duro informe al que ha accedido EL PAÍS. Cita “falta de control”, “deficiencias” e “incoherencias” en las cuentas. El Gobierno transfirió a las comunidades entre la implantación de la ley en 2007 y el final de 2018 más de 284 millones de forma indebida, en concepto del nivel mínimo de protección, por el cual se abona a las autonomías una cantidad en función del número de beneficiarios, su grado de dependencia y los servicios que reciben. El tribunal detecta duplicidades y múltiples errores en la base de datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) que derivaron en pagos indebidos. Incluso hay expedientes de personas fallecidas. También hay errores en las bases de datos de las comunidades, que son competentes en la materia y cargan con el grueso de financiación de la ley. En el documento se critica la elevada lista de espera y los plazos que soportan los usuarios: en el periodo señalado tardaron, de media, 520 días en completar todo el trámite hasta que les reconocieron una prestación.

El tribunal, cuyo informe está en fase de alegaciones, fiscaliza la gestión de marzo de 2013 a diciembre de 2018. Al frente del Imserso en ese periodo estuvieron César Antón y Carmen Balfagón, bajo el Gobierno del PP, y Carmen Orte, unos meses bajo el Ejecutivo socialista. Este es el organismo que gestiona el sistema de información de la dependencia (la base de datos informática a partir de lo que comunican las autonomías), que ahora depende del Ministerio de Derechos Sociales. El análisis se centra en comprobar si se cumplieron las recomendaciones que el tribunal había formulado en 2013, cuando en otro informe ya dio un severo correctivo a la entidad. Gran parte de las deficiencias perduran. Advierte, además, de que el nuevo sistema de información, desarrollado a partir de 2012 precisamente para solventar errores, “continúa sin ofrecer garantías de fiabilidad”. La Fiscalía Anticorrupción investiga una presunta trama de contratación irregular que afecta a las aplicaciones informáticas del Imserso.

El caos de la dependencia

2.106 personas fallecidas se encontraban a final de 2018 de alta en la base informática del Imserso como beneficiarias de prestaciones.

2.019 fallecieron con la Ley de Dependencia ya en vigor.

Pero 87 habían fallecido incluso antes del 1 de enero de 2007, cuando entró en vigor la ley

En consecuencia, el Imserso pagó a las comunidades autónomas en concepto de nivel mínimo de protección casi 12 millones de euros.

10,86 millones por fallecidos entre 2007 y 2018.

972 mil euros por fallecidos antes de 2007

Fuente: Tribunal de Cuentas.

EL PAÍS

El caos de la dependencia

2.106 personas fallecidas se encontraban a final de 2018 de alta en la base informática del Imserso como beneficiarias de prestaciones.

2.019 fallecieron con la Ley de Dependencia ya en vigor.

Pero 87 habían fallecido incluso antes del 1 de enero de 2007, cuando entró en vigor la ley

En consecuencia, el Imserso pagó a las comunidades autónomas en concepto de nivel mínimo de protección casi 12 millones de euros.

10,86 millones por fallecidos entre 2007 y 2018.

972 mil euros por fallecidos antes de 2007

Fuente: Tribunal de Cuentas.

EL PAÍS

El caos de la dependencia

2.106 personas fallecidas se encontraban a final de 2018 de alta en la base informática del Imserso como beneficiarias de prestaciones.

2.019 fallecieron con la Ley de Dependencia ya en vigor.

Pero 87 habían fallecido incluso antes del 1 de enero de 2007, cuando entró en vigor la ley

En consecuencia, el Imserso pagó a las comunidades autónomas en concepto de nivel mínimo de protección casi 12 millones de euros.

10,86 millones por fallecidos entre 2007 y 2018.

972 mil euros por fallecidos antes de 2007

Fuente: Tribunal de Cuentas.

EL PAÍS

A lo largo de más de 200 páginas se reiteran numerosas deficiencias en la gestión. Por un lado, el tribunal analizó la base de datos de solicitantes y beneficiarios del Imserso desde su implantación al 31 de diciembre de 2018, periodo en que se han registrado 6,87 millones de solicitudes y 3,84 millones de personas han sido beneficiarias. Pero también estudió las bases de datos autonómicas. El tribunal constata “numerosas incoherencias y falta de información verificada”, lo cual compromete “su calidad y fiabilidad”.

Las inconsistencias llegan a tal punto que 87 personas que fallecieron antes de que la ley entrara en vigor estaban dadas de alta como beneficiarias, generando cerca de un millón de euros en pagos del Imserso a las comunidades en concepto de nivel mínimo. A 31 de diciembre de 2018 había en el sistema 2.106 expedientes cuyos titulares habían muerto y por los que las autonomías recibían financiación estatal (cerca de 12 millones de euros).

Si bien de 2013 a 2018 se han reducido los casos con incidencias o incoherencias, el tribunal manifiesta la “falta de control por parte del Imserso”, ya que “la tipología de anomalías y deficiencias se han visto incrementadas tras la implantación” de la nueva aplicación informática. Esta ha presentado numerosas incongruencias que el tribunal llama a revisar. De 2007 a 2018, el Imserso abonó a las comunidades cerca de 107 millones de euros por importes excesivos en más de 125.000 expedientes. También hubo pagos por duplicado, entre otras incidencias.

“El Tribunal de Cuentas ratifica las graves deficiencias del sistema, sobre la veracidad de los datos oficiales y su manipulación, que señalamos cada año en los dictámenes que publicamos”, considera José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que lleva años monitorizando la dependencia. “Pese a los ataques y desprecios en los años más duros, en los que denunciamos el sufrimiento de las personas en situación de dependencia en la más absoluta soledad, con la persecución continua de los gobernantes en aquel momento, tenemos la sensación de que nuestra denuncia mereció la pena”, añade.

El tribunal relata una inconsistencia en los datos tras otra. Apunta fallos en la migración del primer sistema de información del Imserso al nuevo y que además este último solo lo usaban dos comunidades a final de 2018, frente a las ocho que utilizaban el anterior (el resto emplea sus propias aplicaciones y envía su información). Al cruzar las bases de datos del Imserso y las autonomías, coinciden 877.117 beneficiarios, pero la información sobre 199.956 de ellos no es totalmente igual, algo que puede afectar al cálculo del nivel mínimo.

Así, en el Imserso constan 76.072 beneficiarios que no aparecen en las bases de datos autonómicas. Solo en un mes, en diciembre de 2018, se produjo un “abono indebido” a las comunidades estimado en 8,86 millones de euros. Pero, además, tras depurar los datos de beneficiarios, el tribunal calcula que había 54.847 reconocidos por las autonomías que no figuran en la aplicación del Imserso, con lo cual las comunidades “podrían haber dejado de percibir 5,3 millones” ese mes. Las deficiencias afectan a ambas partes.

Diferencias en las bases de datos

Entre los sistemas de información del Imserso

y las comunidades autónomas coinciden

877.117 beneficiarios a 31 de diciembre de 2018

Pero la información de 199.956

expedientes no es totalmente coincidente

Así, el Imserso tiene registro

de 953.189 beneficiarios…

…pero las comunidades tienen 1.030.038 personas registradas.

Gasto en dependencia en 2018

Certificado por las CCAA

Total

7.604,12 millones de euros

1.327,00 millones de euros

17,45%

Aportación de la Administración General

del Estado a las comunidades

Fuente: Tribunal de Cuentas.

EL PAÍS

Diferencias en las bases de datos

Entre los sistemas de información del Imserso

y las comunidades autónomas coinciden

877.117 beneficiarios a 31 de diciembre de 2018

Pero la información de 199.956

expedientes no es totalmente coincidente

Así, el Imserso tiene registro

de 953.189 beneficiarios…

…pero las comunidades tienen 1.030.038 personas registradas.

Gasto en dependencia en 2018

Certificado por las CCAA

Total

7.604,12 millones de euros

1.327,00 millones de euros

17,45%

Aportación de la Administración General

del Estado a las comunidades

Fuente: Tribunal de Cuentas.

EL PAÍS

Diferencias en las bases de datos

Entre los sistemas de información del Imserso y las comunidades autónomas coinciden

877.117 beneficiarios a 31 de diciembre de 2018

Pero la información de 199.956 expedientes

no es totalmente coincidente

Así, el Imserso tiene registro de 953.189 beneficiarios…

…pero las comunidades tienen 1.030.038 personas registradas.

Gasto en dependencia en 2018

Certificado por las CCAA

Total

7.604,12 millones de euros

1.327,00 millones de euros

17,45%

Aportación de la Administración General

del Estado a las comunidades

Fuente: Tribunal de Cuentas.

EL PAÍS

El tribunal afea al Imserso y a las autonomías que no hayan logrado homogeneizar los datos. Pese a que el organismo exigió certificaciones mensuales y anuales para verificar los pagos, muchas comunidades se saltaron los plazos. El tribunal critica la “escasa diligencia” de las autonomías en la actualización de la información y las apremia a ello, aunque estima que correspondía al Imserso detectar errores como duplicidades o fallecimientos. Destaca la “especial relevancia” de Murcia, con “numerosos problemas técnicos” y sin incorporar “un importante volumen de expedientes” a la aplicación estatal. En 2013 percibió 19,5 millones de euros “sin el adecuado soporte documental que permita su justificación”.

Otro de los grandes puntos débiles del sistema es la espera y los perjuicios que acarrea a los usuarios. La situación ha empeorado. Si en 2010 el tribunal señalaba que 14 comunidades incumplían el plazo de seis meses establecido en la normativa para resolver todo el trámite administrativo, en diciembre de 2018 ninguna autonomía resolvía en ese tiempo. Si de 2007 a 2010 la espera media era de 262 días entre el momento de presentar su solicitud y el reconocimiento de una prestación o servicio, de 2007 a 2018 el tiempo se eleva a 520 días. Un año y cinco meses. En comunidades como Canarias, la peor parada, sube hasta los 1.020 días: cerca de tres años. Si bien los plazos se han acortado últimamente (según información del Imserso, entre julio de 2018 y junio de 2019, la media fue de 426 días; 785 para Canarias), la disparidad es un grano de arena más en el caos de la dependencia.