Frente común de los grupos ecologistas contra la mina de uranio de Salamanca

Tras más de una década de infructuosa tramitación y pleitos, el polémico proyecto de la mina de uranio de Retortillo (Salamaca) está entrando en la que parece fase decisiva. El Ministerio para la Transición Ecológica debe pronunciarse en un breve sobre la viabilidad de este proyecto, que también contempla una planta de concentrados de uranio y un almacén para residuos radiactivos. Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, las cinco principales organizaciones ecologistas del país, han pedido este jueves al ministerio que dirige la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, que rechace la mina por sus “graves riesgos e impactos ambientales, sociales y sobre la salud”.

El ministerio se deberá pronunciar primero sobre la renovación de la autorización previa de la planta de concentrados y el almacén de la futura mina. La empresa australiana Berkeley consiguió esa autorización previa en septiembre de 2015 gracias al apoyo que ha brindado en los últimos años el PP a este proyecto tanto desde el Gobierno central como del de Castilla y León. Pero la vigencia de esa autorización previa era de cinco años, por lo que caduca el próximo mes. El actual Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el órgano supervisor de todas las actividades radiactivas del país, informó favorablemente de la renovación de la autorización a finales de julio, aunque la última palabra le corresponde al ministerio.

Fuentes del departamento de Ribera apuntan a que ese informe del CSN no es vinculante. En estos momentos, el ministerio está “evaluando la solicitud y las circunstancias y aún no se ha tomado una decisión” sobre la renovación del permiso. Las mismas fuentes apuntan, además, a que en caso de ser positiva, el ministerio es quien debe fijar “la duración y condiciones de la autorización”.

“La mina no debe seguir adelante”, sostiene el parlamentario Juan López de Uralde en nombre de Unidas Podemos. “Tendría un periodo de producción muy corto, de nueve años como máximo, y dejaría una comarca devastada”, añade. El PSOE de Castilla y León también ha movido ficha y ha pedido en el Parlamento regional que sea anulada la declaración de impacto ambiental de la mina que le concedió el Ejecutivo autonómico en 2013. Los socialistas consideran esa declaración está caducada al haberse cumplido los plazos sin que hayan comenzado las obras de la mina y que la empresa promotora ha modificado sustancialmente el proyecto inicial.

Los ecologistas han recordado este jueves que “la evaluación de impacto ambiental no analizaba la mayor parte de los graves daños asociados, como tampoco los generados por la producción y almacenamiento de residuos radiactivos sobre el entorno y las personas”. Las cinco ONG han recordado también que, “a pesar de no haber conseguido todos los permisos necesarios, la empresa ya ha realizado grandes movimientos de tierras y arrancado más de 2.000 encinas, algunas de ellas centenarias”.

Este polémico proyecto no se ha tramitado de forma unitaria ante una sola Administración. En estos momentos, cuenta con el visto bueno de la Junta y del Ayuntamiento de Retortillo a la explotación minera. Según sostuvo el martes Berkeley, el Ayuntamiento de Retortillo ya le ha concedido la licencia de obras para la mina. Pero la compañía admitió que aún debe recibir por parte del Gobierno central los permisos para la planta de procesado y el almacén de residuos necesarios para completar un proyecto que, según la empresa promotora, implicará una inversión de 400 millones de euros en total.

Autorización de construcción

Aunque el ministerio le concediera la renovación de la autorización previa en las próximas semanas, eso no significaría que las obras de la planta de procesado pudieran comenzar ya. Al tratarse de una instalación radiactiva debería todavía recibir una autorización de construcción adicional. Fuentes del CSN apuntan a que el informe sobre esa autorización de construcción estará listo antes de que acabe el año. Si es positivo de nuevo, será el ministerio el que tenga otra vez la última palabra.

“En Podemos vamos a trabajar de todas las formas para que este proyecto no salga para adelante, aunque la pelota está ahora en el tejado del ministerio”, señala López de Uralde. El diputado de Unidas Podemos admite, sin embargo, la complejidad de frenar la mina, ya que existe el riesgo de que la empresa pleitee contra la Administración para ser indemnizada si se le deniegan los permisos.