Los ambulatorios harán la prueba a los casos sospechosos de covid-19
La medida pretende una detección precoz de los enfermos que permita un conocimiento real de la situación en cada momento
Los centros de salud y los hospitales harán la prueba —“PCR u otra técnica de diagnóstico molecular que se considere adecuada”— a todas las personas sospechosas de tener coronavirus, tengan síntomas o no, según la estrategia para la detección precoz de la enfermedad que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, presentó este lunes a los consejeros de salud de las comunidades en el Consejo Interterritorial. Hasta ahora, esa prueba solo se estaba haciendo a los casos más graves que llegaban a los hospitales. Al resto se les consideraba sospechosos de coronavirus, pero se les enviaba a casa con la instrucción de seguir una cuarentena y acudir a un centro sanitario si se agravaban. Las PCR estaban reservadas para los casos más graves y los focos más activos (residencias y hospitales).
Los datos de sanidad reflejan que, de media, desde que aparecían los síntomas hasta que se tenía un diagnóstico pasan 10 días. Este retraso se debe a dos causas. La primera, que al principio el malestar que causa la infección suele ser más leve, y solo a partir de una semana (siempre hablando aproximadamente y de medias, ya que hay casos que se escapan a este modelo) aparecían las manifestaciones más preocupantes. El otro motivo de la demora está en las pruebas en sí. Las PCR requieren para su proceso laboratorios, maquinaria y personal especializado. En condiciones óptimas, los resultados se pueden obtener en unas cuatro horas. Pero entre las listas de espera por la sobrecarga del sistema y el tiempo que se tarda en llevar las muestras a analizar, los resultados se están dando en cuatro o cinco días. En la nueva estrategia, según una nota del ministerio, se espera que este proceso tarde un día.
Con esa medida, como dijo Illa el lunes por la mañana, se pretende conseguir un diagnóstico más temprano de la enfermedad, lo que es imprescindible para llevar un control real de los efectos que las medidas de relajación del confinamiento estén produciendo. El plan del Gobierno es revisar la situación de los territorios cada dos semanas, pero con el sistema tal y como está funcionando ahora, debería tomar esas decisiones con datos epidemiológicos que en realidad corresponderían a la situación de prácticamente dos semanas antes.
Esta detección precoz está siendo reclamada por los profesionales desde el inicio de la crisis. José María Molero, portavoz de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), explica que con las PCR, en realidad se podría detectar la infección hasta dos días antes de que aparecieran los síntomas, y recuerda el importante papel que se atribuye a las personas asintomáticas en la rápida expansión de la epidemia al principio de la crisis. Pero Molero admite que, lógicamente, los afectados no acudirán al centro de salud hasta que experimenten los primeros síntomas. Y en ese momento será muy importante no solo hacerle la prueba —afirma que los centros de salud están preparados sin problemas para la toma de muestras—, sino detectar a sus contactos.
La nota que emitió este lunes Sanidad después del Consejo interterritorial no menciona a esas personas cercanas al infectado, pero Molero cree que debería hacérseles la prueba también, incluso antes de que desarrollen síntomas. Este aspecto, el de los rastreadores, es otro de los puntos clave para frenar la propagación del virus. Otros países, como Francia, y la ciudad de Nueva York, por ejemplo, han contratado personal para hacerlo. Molero cree que sería posible utilizar al personal de los centros de salud que atendían a otras patologías, ya que esta crisis ha demostrado que en muchos casos se pueden sustituir las consultas presenciales por las telemáticas, lo que les descarga de trabajo.
José Luis Llisterri, presidente de otra de las sociedades de médicos generalistas de España, Semergen, también cree que hay que hacer las PCR en atención primaria “a sintomáticos, graves y leves, a sospechosos y a sus contactos. Y, al resto de la población, test serológicos [los que miden el contacto con el virus en cualquier momento] para valorar su inmunidad”.
Sanidad expresa que en la reunión se insistió mucho en que “se envíen los datos de cada comunidad para evaluar el paso a la siguiente fase, para programar todas las reuniones bilaterales cuanto antes, desde hoy [lunes]”, ya que si se prevé que la desescalada no sea igual en todos los territorios, la información debe llegar desglosada para discutirla antes de determinar el paso a la siguiente fase.
Criterios no cuantificables
Sanidad ha establecido nueve indicadores —capacidad asistencial de la primaria, de los hospitales, los materiales disponibles, los laboratorios, capacidad de alerta y vigilancia, identificación de focos, aislamiento, planes para residencias y protección colectiva— para decidir el cambio de fase de la desescalada de los territorios. Pero no los ha cuantificado. La directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, afirma que eso “no es posible”. “Hay gran diferencia entre islas o interior, zonas rurales o urbanas. Puede haber muchos casos pero en un foco fácilmente controlable, o menos casos pero dispersos”. Y será clave contar con la evolución de los indicadores.
Admite Aparicio que esto puede llevar a comparaciones paradójicas —¿por qué un territorio no avanza de fase si tiene menos casos?—, y por eso insiste en que las decisiones acerca del tránsito se tomarán en reuniones con cada comunidad.
Por ejemplo, esta misma noche el consejero de Salud de Asturias, Pablo Ignacio Fernández Muñiz, ha afirmado que ellos ya están preparando la documentación para pedir que toda la comunidad pase a la fase 1 el próximo 11 de mayo, pero que es posible que solicite un proceso más rápido en algunas comarcas.
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