El fiscal pide penas de tres y seis años a los responsables del fraude de iDental
La Audiencia Nacional juzga impagos a la Seguridad Social por valor de casi 26 millones de euros
Los siete principales responsables de las clínicas iDental se enfrentan a posibles penas de tres y seis años de prisión por impagos a la Seguridad Social, que sumaron entre 2015 y 2018 casi 26 millones de euros. Es la petición que ha hecho el fiscal de esta parte del caso (el fraude y estafa a los clientes se juzga en la causa principal).
El caso estalló el año pasado, cuando la red de clínicas dentales cerró sin previo aviso, dejando a miles de pacientes con los tratamientos interrumpidos o sin ni siquiera iniciarse. El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata comenzó a instruir el pasado julio un macrocaso por estafa, del que se ha separado esta pieza relativa a las deudas a la Seguridad Social.
El fiscal solicita seis años de prisión y multa de 46,1 millones de euros para los acusados Antonio Javier García Pellicer y Vicente Castañer Blasco; otros seis años y 90,3 millones de euros a Luis Sans Huescas, José María Garrido López y Juan Garrido López; tres años de prisión y multa de 41,9 millones a José Luis González Sánchez; y otros tres años y 3,2 millones a Domingo Bejarano Calabuig. Estos dos últimos son considerados cooperadores necesarios, lo que explica la petición de una pena menor.
Los acusados urdieron, según el fiscal, una red de 55 sociedades (entre clínicas, laboratorios, talleres odontológicos, sociedades de servicios...) en las que los trabajadores iban pasando de unas a otras sin que ninguna llegase a abonar las cuotas a la Seguridad Social que les correspondían. Además de las multas, el fiscal pide la restitución de la deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social, más los recargos, intereses y costas. La cifra total asciende a más de 34 millones de euros.
En su investigación, el juez De la Mata y señalaba que iDental eludía "conscientemente" el pago de las cuotas de las empresas, mientras se repartían dividendos anticipados millonarios.
Esta pieza es una de las 200 de este macrocaso, una presunta estafa que ha afectado a alrededor de 400.000 personas, según datos de las comunidades autónomas. Las clínicas hacían campañas agresivas destinadas a personas de bajos recursos y el entramado de empresas gestionaba los préstamos para hacer frente a los tratamientos.
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