La ocupación es el problema

Cuanto más crece el balance de víctimas mortales en Gaza, ya más de 30.000, y más avanzan las dos acciones legales abiertas contra Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, mejor se percibe el origen de la catastrófica guerra declarada por el Gobierno de Netanyahu en respuesta a la matanza terrorista del 7 de octubre. Hamás, el grupo armado que la perpetró desde suelo gazatí, bajo su control, no es en ningún caso parte de la solución, pero su desaparición no eliminaría el problema de fondo, sobre el que hay prácticamente consenso universal —con la excepción de Estados Unidos y el Reino Unido—: la ocupación permanente del territorio palestino desde hace 57 años y la expansión constante de las colonias ilegales en Cisjordania.

La primera causa que llegó al Tribunal Internacional fue la petición de Sudáfrica de medidas cautelares contra Israel por si se estuviera produciendo en Gaza una vulneración de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, pero la segunda, en fase de exposición pública desde el 19 de febrero hasta este lunes, fue la petición por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas de una resolución sobre los efectos jurídicos de la ocupación.

Este mismo lunes, día en que Israel estaba obligado a presentar un balance, Human Rights Watch denunció que no se han cumplido las cautelares dictadas por La Haya hace un mes, que incluían la persecución de llamamientos incendiarios contra los gazatíes, el fin del asedio, la reanudación de la ayuda humanitaria y la prohibición de los ataques indiscriminados a la población. En este último mes se han producido más de 3.000 muertos civiles.

Si la demanda sobre el genocidio se ha convertido en un factor de vigilancia permanente sobre el trato israelí a los ciudadanos de la Franja, la demanda sobre los efectos de la ocupación —que en Cisjordania se agrava por la acción violenta de colonos militantes espoleados por el Gobierno de Netanyahu y protegidos por el ejército— se ha centrado en su asimilación al apartheid, una argumentación suscitada con especial vehemencia por Sudáfrica, el país del llamado sur global que mejor representa la impugnación del statu quo desde el mundo poscolonial. La base jurídica de la posición palestina, adoptada por la mayoría de los demandantes, es su derecho a la libre determinación y los esfuerzos israelíes para impedir su ejercicio, en flagrante vulneración de la legalidad internacional. Nadie ha negado este derecho en las dos semanas de vista, ni siquiera Israel, que no ha querido comparecer, pero ha presentado un escrito de descargo.

Con Gaza hundiéndose en la destrucción y el resto de los territorios en tensión creciente, es clamorosa la urgencia de una tregua, la liberación de los rehenes, la normalización de la vida civil y la celebración de una conferencia internacional de paz que conduzca a la creación de dos Estados. Por eso tiene todo el sentido la dimisión del Gobierno en pleno de la Autoridad Nacional Palestina, desprestigiado por la corrupción, disminuido por la división y la tensión bélica y deslegitimado por 16 años sin elecciones. Es un gesto que facilita la salida pacífica y justa al conflicto, salida que debe ser inclusiva y no dejar la administración de los territorios ocupados en manos ajenas, sino devolver a los palestinos la plena determinación de su destino.