Deslealtad y ruido

El principal partido de la oposición, convencido de que las reformas socialistas desprotegen al Estado frente al independentismo, ha lanzado una propuesta contra la amnistía que ni siquiera ha convencido a todos los suyos. La iniciativa, enviada al Congreso el pasado miércoles, no solo pide tumbar la ley de amnistía que promueve el Gobierno. Pretende introducir en el Código Penal diferentes delitos de “deslealtad constitucional” que castiguen las conductas antes tipificadas como sedición. Y, sobre todo, propone la “disolución” de los partidos que promuevan y/o convoquen un referéndum ilegal o declaren la independencia.

Hay argumentos jurídicos solventes contra esa disparatada ocurrencia de inventar un abstracto delito de “deslealtad constitucional”. La Constitución Española, al contrario que la italiana o la alemana, no exige un apoyo militante al texto. El Tribunal Constitucional se ha manifestado en diversas ocasiones en esta línea, pues considera que son legales las organizaciones políticas cuyos idearios sean contrarios a la Ley Fundamental, salvo que atenten contra derechos fundamentales con la violencia, como fue el caso de Batasuna.

El PP plantea, sin embargo, la disolución de esos partidos supuestamente desleales, lo que supondría provocar mayores tensiones con desmesurados ataques a unas organizaciones que son básicas para el correcto funcionamiento de las democracias. Tratar de resolver un problema político con más confrontación es una receta que no ha dado frutos en el pasado. No es casualidad que los más graves desafíos del independentismo catalán en 2014 y 2017 se produjeran durante los gobiernos del PP, poco propicio al diálogo con los líderes sediciosos.

La incoherencia de los conservadores es palmaria: su iniciativa se ha difundido a la vez que se conocían sus contactos con el partido de Carles Puigdemont tras el 23-J. Y solo semanas después de que votaran contra una propuesta de sus socios de Vox para ilegalizar a ERC y Junts.

Es indudable que la amnistía inquieta a una parte importante de la población española. Por eso, la propuesta del PP, como la de cualquier grupo parlamentario, debiera servir para celebrar un debate profundo en el Congreso y para que el Gobierno defendiera y explicara su polémico posicionamiento en este terreno. Resulta clamorosa la ausencia de explicaciones públicas y de una discusión del calado proporcional al cambio legislativo planteado. La vía de urgencia elegida por el Ejecutivo para derogar la sedición y modificar el delito de malversación lo ha impedido hasta ahora.

Con su posición maximalista, el PP tampoco propicia en esta ocasión esas explicaciones y esa transparencia que viene exigiendo este periódico tras declararse partidario de esa amnistía. La política española está enredada en el ruido, la descalificación del contrario, el insulto y la acusación mutua. El pleno celebrado el jueves pasado en el Ayuntamiento de Madrid es una muestra más. Se trataba de reprobar al dirigente de Vox Javier Ortega Smith y exigirle ejemplaridad, pero esta brilló por su ausencia en un agrio y desabrido intercambio de improperios.

El PP se mueve en un estrecho e incómodo margen. La moderación pone en peligro sus pactos con Vox, que propone medidas aún más duras contra la amnistía. La radicalidad lo aísla y le imposibilita acuerdos con otras fuerzas políticas distintas de la ultraderecha. Tampoco ayuda que el resto de partidos haya entrado en esta dinámica perversa de ruido que enaltece los espíritus, pero adormece conciencias y genera desafectos a la política.

Junts, por su parte, y pese a ser el más beneficiado por la amnistía, ni favorece el debate ni rebaja la tensión. Este viernes ha anunciado que votará en contra de los decretos anticrisis del Gobierno para forzarle a que reconsidere su apoyo a mantener el procedimiento de dejar en suspenso la amnistía cuando se plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Alimenta así la tesis del PP de que Pedro Sánchez no persigue apaciguar Cataluña, sino obtener los votos que le permiten seguir en La Moncloa.

El ruido, de nuevo, está garantizado.