Decidir ignorar es ser cómplice

Nunca he visto una destrucción tan rápida de un país en época de paz y sin bloqueo o sanciones. Cuando dejé el Gobierno en mayo de 2017 éramos el segundo país más seguro de América Latina con una tasa de homicidios intencionales de 5.8 por cada 100.000 habitantes, pero hoy somos de los países más violentos del mundo con una tasa proyectada de 39 para fines de 2023. Exportábamos energía eléctrica, pero hoy importamos energía y volvieron los racionamientos eléctricos superados hace más de una década. Éramos el país que más reducía pobreza y desigualdad en la región y revertimos el flujo migratorio, con decenas de miles de compatriotas volviendo a su tierra, pero hoy el PIB per cápita se encuentra en niveles del año 2011, la pobreza ha vuelto a aumentar y la tragedia migratoria comenzó nuevamente. Mientras tanto, la banca rompe récords históricos en beneficios. Lo inaudito se ha naturalizado.

Esto es fruto de la ineptitud, corrupción pero, sobre todo, del odio político. En 2017 ganamos las elecciones presidenciales y legislativas, pero mi sucesor Lenin Moreno traicionó a sus electores, comenzó a desmantelar todo lo construido en la última década y a perseguir a los llamados “correístas”. En 2018 se realizó una inconstitucional consulta popular que constituyó un verdadero golpe de Estado. De ella surgieron los miembros transitorios del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, órgano encargado de la selección de las autoridades de control, todos nombrados por el Ejecutivo y que destituyeron ilegalmente hasta a la Corte Constitucional, declarando una “vacancia judicial” por seis meses. Asimismo depusieron y reemplazaron ilegalmente al 70% de la Corte Nacional. Esto ha merecido cuatro informes de la Relatoría de Naciones Unidas para la Independencia Judicial. Con la consulta también limitaron la reelección presidencial a una sola vez pero, para impedirme ser candidato presidencial, aplicaron retroactivamente la norma desde el año 2008.

El estorbo para sus planes era el reelecto vicepresidente Jorge Glas. Por ello lo involucraron en el caso Odebrecht, inconstitucionalmente le arrebataron la Vicepresidencia y lo metieron cinco años y cuatro meses en prisión, la mayor parte del tiempo en una cárcel común cuando los motines carcelarios cobraban cientos de vidas. Hoy el caso Odebrecht ha sido declarado nulo en Brasil por su utilización para persecución política.

En el año 2020, en plena pandemia y con todos los juicios penales detenidos, excepto aquellos de flagrancia, se realizó todo un montaje para acusarnos de haber recibido sobornos durante nuestra gestión. Las irregularidades de este proceso son tantas que los especialistas lo consideran el paradigma del lawfare o guerra jurídica. Basta decir que de los nueve jueces de los tres tribunales que conocieron el caso, siete eran ad hoc y sus puestos dependían de nuestra condena, lo cual también fue denunciado por la Relatoría. Atropellando el debido proceso, impidiéndonos el derecho a la defensa y en tiempo récord, la casación tomó apenas 17 días laborales y lograron definitivamente condenarme con un grupo de 20 personas y quitarme los derechos políticos horas antes de mi inscripción como candidato en septiembre de 2020. Así me impidieron participar en las elecciones del año 2021 e hicieron presidente a Guillermo Lasso. Aunque sea difícil de creer, por la falta clamorosa de pruebas, mi condena es por “instigación a través de influjo psíquico”. La persecución es tan descarada que Bélgica, país en el que por motivos familiares resido desde que dejé la Presidencia, me otorgó asilo político en el año 2022, al igual que países como México lo han hecho con otros perseguidos en este caso, e Interpol ha negado hasta de forma grosera todos los pedidos de alerta roja, dejando en claro, pese a ser policía y no juez, que se trata de persecución política. Ilegalmente también nos quitaron nuestro partido político y, en lo personal, la seguridad como expresidente, la pensión vitalicia y hasta el seguro de vida que tenía en una empresa pública.

Frente a su estrepitoso fracaso como Gobierno, Guillermo Lasso tuvo que anticipar elecciones, figura permitida en la Constitución ecuatoriana. Las encuestas nos ponían como vencedores en una sola vuelta. Once días antes de las elecciones asesinan a Fernando Villavicencio, uno de nuestros más feroces opositores y candidato presidencial que se encontraba en quinto lugar, por lo que les era más útil muerto que vivo. Jamás en la historia ecuatoriana había ocurrido algo así. Sufrimos una brutal campaña culpándonos de ese asesinato y, aunque quedamos en primer lugar, tuvimos que ir a balotaje. En la segunda vuelta electoral, ocho días antes de las elecciones, asesinan a siete de los ocho sicarios que participaron en el homicidio de Villavicencio y que se encontraban en prisión bajo custodia y responsabilidad del Estado ecuatoriano. Nos culpan nuevamente de estos crímenes, incluso desde instancias del propio Estado, y así vuelven a afectar los resultados electorales, impidiendo nuestra victoria.

El lawfare en Ecuador ha destruido reputaciones, el Estado de derecho y la misma democracia, todo con el estruendoso silencio de embajadores extranjeros y prensa internacional que no han querido entender que también se es responsable de lo que se decide ignorar.