Sabemos lo que hicisteis en la última legislatura
Los parlamentos regionales han aprobado más leyes en estos cuatro años que la media del periodo democrático y lo han hecho con una cultura del acuerdo muy diferente de las trifulcas del día a día
La campaña electoral avanza sin mirar mucho el retrovisor para ver la actividad de las cámaras cuyos escaños están en liza. Sin embargo, uno de los motivos por los que la ciudadanía decide el voto es el repaso de las acciones realizadas. Por este motivo, la rendición de cuentas es una de las piedras angulares de la democracia. Este artículo pretende arrojar luz a un aspecto poco observado: ¿qué y cómo han legislado nuestros representantes en sus respectivos parlamentos?
Las 12 cámaras que renuevan escaños han aprobado en total 453 leyes, unas 37 de media cada una, por encima de la media del periodo democrático para todas las autonomías (26). El Congreso, con muchas más competencias, aprueba 158 leyes por legislatura de media. Si usted vota en Navarra, está en la comunidad donde sus representantes son más activos a la hora de legislar (106 leyes). Muy lejos aparecen también en el podio Castilla-La Mancha (47) y Aragón (40). Si vota en Extremadura (21) o Asturias (23), quizá no sepa que sus cámaras de representación autonómica son los farolillos rojos de la producción legislativa en esta legislatura. Le siguen de cerca Murcia (27), Madrid (28) y Canarias (28).
Un tercio de las 453 leyes aprobadas tienen que ver con Hacienda y financiación, ocupando una buena porción las leyes de presupuestos. Las de desarrollo institucional son el segundo grupo más numeroso (13%), seguidas de las leyes destinadas a grupos específicos (10%): jóvenes, mayores, mujeres, profesionales, víctimas, etc.
Aunque el Parlamento legisla, los ejecutivos suelen tener la iniciativa para presentar las leyes, y esto es así en todas las autonomías. No obstante, la prevalencia del Ejecutivo es mayor en Asturias, Aragón y Madrid, con el 90% o más de la iniciativa en el Gobierno. Por el contrario, en Murcia, Navarra, La Rioja y Extremadura alrededor del 35% de las leyes aprobadas son propuestas por los grupos parlamentarios.
No se deje llevar fácilmente por lo que vean sus ojos u oigan sus oídos; al menos, contrástelo con el dato siguiente. Estas leyes se han aprobado con un alto grado de apoyo: el 82% de votos afirmativos o abstenciones por término medio en la última legislatura en las 12 cámaras con elecciones. Esta es la tónica dominante en la España de las autonomías desde 1980, aunque en el Congreso, por raro que parezca, el apoyo es mayor: por término medio una ley se aprueba con un 90% de votos afirmativos o abstenciones, aunque la legislatura actual es la segunda que aprueba leyes con menos apoyos. Canarias, Cantabria y Aragón son las comunidades donde sus representantes aprueban las leyes con más votos favorables o abstenciones (alrededor del 90%). Por el contrario, en Valencia y Madrid se aprueban las leyes con más representantes en contra (menos del 70% de apoyo).
Pero la prueba del algodón del tono de nuestra política viene dada por la capacidad de los grupos parlamentarios que apoyan a los gobiernos respectivos para incorporar a sus rivales en la construcción y aprobación de una ley. Esta capacidad de inclusión no es rara, por mucho que parezca que la política española es altamente conflictiva. En el conjunto de las autonomías para todo el periodo (1980-2023) la inclusividad se sitúa alrededor del 0,7, un dato que se inserta en una escala en la que el 0 indica que las leyes se aprueban solo con los votos del grupo (o grupos) que apoyan al Gobierno y el 1 señala que esos grupos incorporan a todos los rivales para que aprueben o, al menos, no se opongan a la ley. En el Congreso, entre 1977 y diciembre de 2022, la inclusividad es del 0,8.
Las autonomías que tienen elecciones en mayo de 2023 muestran un comportamiento variado. Si vota usted en Navarra, debe saber que sus parlamentarios son, históricamente, los más proclives al acuerdo y la inclusividad (0,81 en la legislatura actual). Cantabria, Asturias y Aragón también han mostrado una alta proclividad (alrededor del 0,75) a incorporar a los rivales en la gestación y aprobación de las leyes. Por el contrario, si vota en Madrid, sus parlamentarios han mostrado una baja inclinación hacia el acuerdo (0,22), la negociación y el pacto. Algo así, pero con menos intensidad, ocurre también en La Rioja y Valencia.
Es ciertamente revelador que los representantes hayan desarrollado una cultura del acuerdo en su tarea legislativa, mucho mayor de la que cabría esperar si únicamente nos fijamos en las trifulcas políticas del día a día, pero declinante si lo comparamos con el comienzo de la democracia. Las diferencias en los grados de acuerdo constituyen un enigma que intentamos resolver de cara al futuro.
